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Las sentencias judiciales golpean patrimonialmente al Estado, que todavía no ha desplegado su capacidad para repetir contra quienes le hacen daño.

| 11/9/2012 2:00:00 PM

Sin dolientes

La acción de repetición no se está ejerciendo en el país. Mientras la Nación ha pagado medio billón de pesos en demandas en la última década, apenas inicia el recobro por poco más de $10.000 millones.

Varios de los jueces que contribuyeron al saqueo de Foncolpuertos se encuentran libres y disfrutan de un patrimonio amasado con sus fallos ilegales. Lo mismo ocurre con numerosos exfuncionarios y abogados que esquilmaron la Caja Nacional de Previsión con reclamaciones ilegales falladas favorablemente a los demandantes.

Este inventario de impunidad, que causa desasosiego y escepticismo entre los ciudadanos, incluye también a agentes oficiales que con sus acciones y omisiones han generado millonarias condenas a la Nación por violación de los derechos humanos.

El despertar del Estado colombiano ante esta situación ha sido lento y perezoso. Si bien a menudo los titulares de prensa anuncian la apertura de juicios de responsabilidad fiscal, las noticias sobre los fallos que ya puedan estar en firme brillan por su ausencia. Con todo, un puñado de instituciones públicas está ejerciendo, con nuevos bríos, acciones de repetición contra quienes les han causado daño patrimonial.

Durante los diez meses transcurridos del año, 13 entidades públicas acudieron ante la Justicia para interponer 39 acciones de repetición o llamamiento en garantía por un valor total ligeramente superior a los $10.700 millones, cifra comparable con lo que costó la participación de Colombia en los recientes Juegos Olímpicos de Londres.

La acción de repetición, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, es una figura que le permite al Estado cobrarles a aquellos agentes o ex agentes suyos que hayan provocado condenas en su contra. De esa manera, al menos en teoría, el tesoro nacional tiene una herramienta para atenuar los perjuicios patrimoniales que se causan cuando una entidad pública es obligada por los jueces a pagarles a particulares millonarias sumas por reparaciones de perjuicios.

La Presidencia de la República y los dos principales órganos de control, la Procuraduría y la Contraloría, se encuentran entre las 13 entidades que se han animado a aplicar la figura. Sin embargo, el Icfes y la CAR Cundinamarca puntean en un ranking preparado por Dinero con base en información suministrada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, que figuran entre los establecimientos públicos con mayor número de condenas, han iniciado este año cuatro acciones de esa naturaleza (ver recuadro).

Reflejo de impunidad


El hecho de que el Estado luzca rezagado en la tarea de buscar su resarcimiento patrimonial, puede tener una explicación de fondo. La impunidad judicial es un fenómeno que le quita fibra a ese músculo constitucional, ya que la ley que reglamenta las acciones de repetición o llamamiento en garantía exige que los puntos de partida sean una condena en firme.

En esas condiciones no es posible, por ejemplo, que los principales acusados de los descalabros presupuestales causados por el Grupo Nule o por los carteles de contratistas que golpean el sector de la infraestructura puedan ser objeto de repetición, ya que contra ellos no hay todavía sentencias en firme. Cuando existan, las instituciones afectadas podrán emprenderlas no solo contra funcionarios que favorecieron las conductas corruptas o participaron de ellas, sino contra aquellos particulares que hayan tenido a su cargo la prestación de servicios públicos, así sea de manera transitoria.

De acuerdo con la Ley 678 de 2011, la repetición también puede provenir de una conciliación. “La acción de Repetición –señala el artículo segundo de la Ley– es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial”.

Carmen Alicia Buelvas, profesora de derecho procesal, asegura que los propios jueces de la República podrían convertirse en “grandes motivadores del ejercicio de la acción”. Según ella, no existe impedimento alguno para que los jueces, al momento de producir sus sentencias en casos de enriquecimiento ilícito o interés ilícito en la celebración de contratos, ordenen enviar copias de sus actuaciones a los comités de conciliación de las entidades públicas para que estos inicien de inmediato las acciones. “Lo propio –dice la catedrática– podría esperarse de los tribunales que condenen a la Nación”.

Según la misma Ley 678, la responsabilidad primera recae en el Comité de Conciliación o, en su defecto, en los representantes legales de las entidades que resulten condenadas. Los miembros de los comités que no actúen con diligencia pueden incurrir en faltas disciplinarias sancionables con destitución.

El segundo gran inconveniente es la manera lenta y farragosa como se dan los trámites de las acciones. Los jueces competentes se demoran demasiado tiempo en producir los autos que admiten o no las demandas y a menudo las rechazan por vicios de forma o de trámite. Así las cosas, el interés público parece quedar en segundo plano.

Es por todo esto que Roberto Serrato Valdez, procurador delegado para la Conciliación Administrativa, considera que la figura ha sido inoperante e ineficaz y que es necesario que el Ministerio Público tenga mayores potestades para dirigir estratégicamente su ejercicio.

“Debemos empezar por corregir la mala formulación de las demandas. Luego, es preciso asegurarnos de que los comités estén integrados por funcionarios capaces y de alto rango y no, como ha ocurrido hasta hoy, por subalternos de aquellos contra los que se repite”, enfatiza Serrato.

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