| 2/7/2011 7:10:00 AM

Siervo sin tierra

El Gobierno deberá luchar contra una enorme red de corrupción para recuperar tres millones de hectáreas de los campesinos y víctimas de la violencia.

Resultaba improbable que José Gerslt Pirkl, un ciudadano alemán que echó raíces en Colombia en los ochenta, fuera el mismo hombre que el 12 de febrero de 2010 se presentara en la Notaría Décima de Barranquilla para transferirle sus tierras, mediante escritura pública 0419, al señor Manuel Povea Ospino. Resultaba improbable por una sencilla razón: don José había muerto el 25 de junio de 1989, según consta en un certificado de defunción de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Por eso nadie entiende cómo, en febrero de 2010, -cuando llevaba más de cuatro lustros durmiendo el sueño eterno-, Povea Ospino sacó de aquellas tierras a un grupo de campesinos que las habitaban. Estos campesinos, agrupados en Asocamberde, ocupaban pacíficamente las fincas "El Desengaño" y "La Pobreza", luego de haber sido abandonadas por su dueño varias décadas atrás. Durante años les hicieron mejoras que hoy pueden acreditar, pero que de nada sirven ya, tras haber sido expulsados a la calle por la fuerza de las armas.

La supuesta escritura era en realidad un documento apócrifo preparado por Povea, sus abogados Erasmo Mendoza Nieto y Leonel Morrón Maiguel y un notario que tuvo que dejar su cargo para afrontar ahora investigaciones disciplinarias y penales por su posible traición a la fe pública, como consta en un expediente manejado por la Superintendencia Delegada para el Notariado.

Pleitos son límites

Historias como esta, ocurridas en el mundo de los vivos, proliferan en varias regiones del país, especialmente en las más afectadas por la violencia ejercida por grupos armados irregulares. Los pleitos por la posesión de tierras superan hoy los 1,3 millones de procesos, según datos aún provisionales del Consejo Superior de la Judicatura, Incoder y la Procuraduría de Asuntos Agrarios.

20% de esas disputas se ventilan de manera civilizada y enfrentan los intereses de personas con buen crédito. Aun así, suelen ser dilatadas y no son ajenas a maniobras favorecidas por algunos notarios y por registradores de instrumentos públicos deslumbrados por intereses económicos. Por ejemplo, los herederos de la hacienda Santa Ana, el más extenso y hermoso de los predios de la isla de Barú, han tenido que dar una pelea que ya lleva 15 años para ir demostrando que los empresarios que de buena fe construirán allí uno de los complejos turísticos más atractivos de América Latina han sido objeto de varios engaños por falsos vendedores que no tuvieron escrúpulos para alterar folios de matrícula y títulos de tradición.

"Lo que ha habido aquí -dice el empresario Armando Ramírez, patrocinador de los derechos litigiosos de los nativos de Barú- es un auténtico cartel de las tierras".

Incluso el exclusivo Club de Pesca de Cartagena, que tiene un contrato de comodato con la Nación por 90 años, ha sido demandado por la posible ocupación indebida del fuerte de Pastelillo -una joya del patrimonio histórico protegido por Unesco- donde se le ha ganado espacio al mar para la construcción de un atracadero de yates; y habría planes de expansión hacia lotes contiguos destinados para proyectos sociales en beneficio de las víctimas de la masacre de Bojayá. La decisión en este proceso también luce lejana.

Terapia de choque

Pero si esto ocurre en litigios en los que las partes tienen acceso a los mejores abogados y mayores posibilidades de trámites expeditos, la conclusión necesaria es que en regiones remotas viven expuestas a la denegación de justicia. En Mapiripán (Meta), ícono de las tragedias causadas por la violencia, un notario y un registrador de instrumentos públicos se encargaron de bloquear el proceso de adjudicación de 15.000 hectáreas que el Estado buscaba adjudicar a favor de campesinos de la región.

Ambos se encargaron de dejar inicialmente el predio Guaracú en poder del particular Gonzalo Leaño Tatar, que de la noche a la mañana se convertía en uno de los mayores terratenientes de la región. Sin embargo, funcionarios de San Martín que ampararon el zarpazo dado a los lugareños se convencieron de que no es cierto que el papel lo aguante todo cuando un grupo de investigadores enviados desde Bogotá comprobaron que las hojas de seguridad de los títulos habían sido falsificadas o remarcadas.

En Montes de María, región en la que confluyen Bolívar, Córdoba y Sucre, las ventas masivas y dudosas de tierras proliferan desde que el Estado desalojó de allí a las principales estructuras de la guerrilla y los paramilitares. Allí están registrados 665 folios que dan cuenta del cambio de dueños de 34.000 hectáreas. Una buena porción de esa tierra sería útil para reparar a las víctimas de la violencia, según las previsiones del Gobierno.

Las transferencias de dominio mediante la suplantación de propietarios y los actos administrativos o judiciales cobijados con la presunción de legalidad proliferan en zonas como Urabá y Caquetá. Allí, y en otras regiones no menos sufridas por causa del conflicto, han ido en aumento, no obstante las solicitudes de protección individual de predios abandonados por los desplazados. En Bolívar están registrados 4.239, en Meta 3.410 y en Caquetá 1.606 (ver mapa).

Este es el tamaño del reto que debe afrontar un gobierno cuya meta es restituir y formalizar tres millones de hectáreas. Ese propósito ambicioso -y para los escépticos poco realista- se ha materializado por ahora en un plan de choque que busca recuperar 310.000 hectáreas, 121.000 de las cuales ya fueron adjudicadas a 38.000 familias.

La empresa ha supuesto, por primera vez en el país, un auténtico esfuerzo de Estado. El Ministerio de Agricultura ha ido de la mano con instituciones de distintos poderes. El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, está conformando unidades móviles de registradores públicos y notarios -excluidos los 28 bajo investigación- para acelerar los procesos de saneamiento y restitución. "Aquí no vamos a dar marcha atrás", promete.

La idea es no permitir que se reedite aquella historia cíclica de despojos narrada magistralmente por Eduardo Caballero Calderón en su obra Siervo sin tierra.

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