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Witman Herney Porras, Exgobernador de Casanare. Juan Manuel González Torres, Exgobernador de Meta.

| 5/3/2013 4:00:00 PM

Se les aguó la fiesta…

Decisiones de la Corte Suprema y la Contraloría les ponen freno a las inversiones con plata de las regalías en patrimonios autónomos que suelen terminar en siniestros.

Enriquecerse a expensas de las regalías les resultaba fácil a algunos alcaldes y gobernadores. Tomaban un giro, se asesoraban de alguna fiduciaria, constituían un patrimonio autónomo y aguardaban el desenlace: la operación siniestraría y la plata no volvería al erario. Además, tenían a mano la excusa perfecta: “los riesgos inherentes al mercado”.

La fórmula se mantuvo impune hasta marzo pasado, cuando la Corte Suprema y la Contraloría decidieron aguar la fiesta. La primera llamó por su nombre a la maniobra (peculado por apropiación) y condenó a 18 años de prisión a Witman Herney Porras, un hombre que durante los 15 meses que ejerció como gobernador de Casanare se apropió de $63.000 millones. La segunda falló los procesos de responsabilidad fiscal y le embargó los bienes al mismo Porras y a sus aliados de Fiduagraria, entidad que utilizó para sus maniobras, para obligarlos a devolver $9.100 millones que comprometieron en una sola operación.

Los dos golpes a la impunidad que venía favoreciendo el manejo de las regalías marcaron el comienzo de un esfuerzo estatal que ya le ha permitido recuperar para el patrimonio público más de $170.000 millones. José Miguel Char, contralor delegado anticorrupción, le dijo a Dinero que en su despacho están pendientes de pronta decisión 32 procesos, un promedio similar al que tienen a cargo otros once contralores que hacen parte de la misma unidad.

Los fallos de responsabilidad fiscal ya registrados castigan otra costumbre perniciosa, que es la de utilizar las regalías como préstamo de financiación a algunos contratistas que ejecutan obras públicas en otros departamentos y que casi nunca llevan a buen puerto los proyectos ni pagan las deudas.

Al consultar las decisiones que ya están en firme, periodistas de la Revista encontraron que en dos operaciones certeras el órgano de control recuperó la totalidad de los $23.177 millones destinados ilegalmente por funcionarios de Meta y Casanare para financiar dos proyectos extraterritoriales: el Viaducto Muña y otro denominado Terminales de Transporte, en Cundinamarca.

Aunque las cifras oficiales no incluyen estimativos sobre las metas de recuperación, un cálculo que se desprende del número de procesos en curso permite hablar de cerca de $750.000 millones.

Los primeros resultados obtenidos coinciden con la entrada en vigencia del nuevo régimen legal de regalías que toma previsiones para impedir que las entidades territoriales utilicen estos recursos de destinación específica para hacer inversiones riesgosas. La ley les exige ahora manejar las regalías a través de entidades financieras con calificación Triple A, de bajo riesgo, y no a través de patrimonios autónomos manejados por particulares.

La reacción de los organismos del Estado podría ser todavía incipiente, pero ya está haciendo valer el viejo aforismo según el cual más vale tarde que nunca.

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