| 2/17/2012 10:00:00 AM

Riesgo de colapso

El Estado hace esfuerzos por salvar los proyectos de vivienda de interés social rural que amenazan ruina. 273 alcaldes tendrán que dar explicaciones ante la Justicia.

A varios de los alcaldes que cumplieron su periodo el pasado31 de diciembre se les dañaron los planes de tomar un tiempo sabático en el exterior. En total, 273 de ellos tuvieron que deshacer valijas para ponerse a disposición de la Fiscalía, que les está exigiendo explicaciones sobre el destino dado a millonarios recursos para la financiación de programas de Vivienda de Interés Social (VIS) en zonas rurales.

Casas construidas en zonas de ladera, otras levantadas sin infraestructura básica y otras más evacuadas de urgencia ante un inminente riesgo de desplome por la mala calidad de los materiales usados, hacen parte del panorama que llevó a la contralora General, Sandra Morelli, a hacer una afirmación tajante: la política del sector está al borde del colapso.

Después de visitar las obras ejecutadas en siete departamentos, cuatro de la Costa y tres de la Región Andina, sus investigadores no encontraron rastro de cerca de $6.000 millones girados con cargo a los subsidios otorgados y comprobaron que cerca de $10.000 millones más están a punto de perderse en medio de la desidia, la corrupción y la lubricación de maquinarias burocráticas, especialmente durante 2009 y parte de2010.

Los resultados de las verificaciones llevaron a los órganos de control y entidades del gobierno nacional a hacer causa común para rescatarlo que aún es recuperable del siniestro. “Podemos cambiar el modelo, pero no los corazones”, le dijo a Dinero Juan Carlos Ortega, gerente nacional de Vivienda del Banco Agrario, al dimensionar el tamaño del reto.

El plan de rescate consistirá, básicamente, en concentrar en entidades técnicas del orden nacional la contratación y la construcción de las casas (VIS) y dejar a las alcaldías y gobernaciones el único papel que quizá deberían haber cumplido desde el comienzo: la formulación de los proyectos.

Los ministerios de Vivienda y Agricultura y, de manera más directa el Banco Agrario, han encontrado que no existe entre ellos y los contratistas responsables de los proyectos una relación que tenga verdadera fuerza vinculante. Por esa razón, no hay garantía real para exigirles que respondan por el dinero que se ha perdido.

“Nos vimos obligados a denunciar penalmente a 273 alcaldes y mover los resortes de ley para conseguir que, si es del caso, respondan con su propio peculio a instancias de acciones de repetición”, aseguró el directivo del Banco Agrario.

El nuevo modelo que está en construcción ya ha generado resistencia en las entidades territoriales. Ya dos gobernadores de la Costa entraron en trance de rebeldía y, en reuniones privadas con miembros del gobierno nacional, han dicho que no piensan pagar por culpas ajenas y que si se ven privados del manejo de los recursos perderán una herramienta esencial para cumplir con su programa. Independientemente de quienes sean los responsables, el programa se ve en riesgo y podría requerir de una terapia de choque similar a la que se está aplicando al régimen de regalías.

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