La contralora Sandra Morelli inspira respeto y temor. Respeto, porque le ha dado un nuevo perfil al organismo de control y porque no le tiembla la mano para tomar decisiones de fondo contra responsables de grandes saqueos al fisco. Temor, por su inclinación a imponer millonarios embargos tan pronto como comienzan los procesos de responsabilidad fiscal.
No pocos empresarios creen que su condición de dama de hierro ha hecho que crezca el llamado miedo a las ‘asustadurías’, como se les dice popularmente a los organismos de vigilancia y control como la Contraloría o la Procuraduría. Ese miedo, particularmente, se ha exacerbado entre funcionarios que manejan asuntos de contratación en los sectores de la minería e infraestructura.
Algunos de ellos preferirían dilatar sus decisiones antes de resultar cobijados por cargos por detrimento patrimonial. De hecho, hay quienes le achacan a Sandra Morelli la sorpresiva salida de la directora de la Agencia Nacional de Minería, Beatriz Uribe, por cuenta de las duras advertencias de la Contraloría en el caso Cerro Matoso.
Por estas razones resulta difícil de creer que Morelli –una celosa defensora del patrimonio público–, deba acudir a un tribunal con el compromiso de probar que no es cierto que detrás del controvertido proceso de trasteo de la Contraloría a una nueva sede haya un perjuicio patrimonial por cerca de $70.000 millones.
En medio del tráfago de noticias que se producen a diario, los medios apenas registraron sin mayores detalles la controversia desatada por dos contratos de arrendamiento que la Contralora, de su puño y letra, suscribió el 23 de marzo con la administración del centro comercial Gran Estación, en el occidente de Bogotá, para el alquiler del piso décimo de su nueva torre, de una esfera de cuatro niveles –adjunta al edificio–, y 500 espacios para parqueaderos.
Allí deberán funcionar no solo las oficinas de la Contraloría, sino también las del ente de control creado por la Constitución de 1991 para vigilarla: la Auditoría General de la República. Los cánones de arrendamiento, que serán cubiertos con recursos exclusivos del presupuesto del primero de los dos organismos, suman mensualmente más de $2.700 millones.
Por iniciativa del abogado Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas, el Tribunal Superior de Cundinamarca deberá resolver en breve una acción popular que busca que la Contraloría deshaga el negocio, que no abandone su sede propia en el Edificio Colseguros y, en últimas, que evite que la Contralora vulnere “los intereses y derechos colectivos referidos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público”.
Dinero habló con los protagonistas de la confrontación, indagó en los documentos que sirven de sustento a las reclamaciones y buscó los testimonios de varias personas que se declaran afectadas por el traslado. Al contrastarlos, encontró que son varias las dudas que deberá despejar la justicia.
¿Tiene fundamento legal un estudio preparado por ingenieros venezolanos amigos de Sandra Morelli que le permitieron a esta declarar públicamente que la sede tradicional de la Contraloría amenaza ruina y está convertida en una trampa mortal? ¿No era necesario hacer una licitación o una invitación pública para que otros expertos verificaran el estado del edificio?
¿Por qué razón la contralora en persona ha pedido al arrendador sucesivos aplazamientos de la fecha de trasteo, prevista inicialmente para el primero de junio, pese a la cual ya habría desembolsado $7.500 millones por el alquiler? Estas son algunas de las preguntas que se suman a otras sobre las posibles condiciones desventajosas para la Nación y de beneficio extremo para el arrendador en que fueron pactadas las cláusulas de los contratos.
“Nido de ratas”
Los 43 propietarios del edificio Colseguros, donde está ubicado actualmente el edificio de la Contraloría, no ocultan su molestia con la Contralora. Les parece injusto que ella se haya referido al inmueble como a un “nido de ratas” para describir el mal estado del edificio y justificar el trasteo. Se sienten afectados porque sus locales pierden valor comercial y porque una declaración así ahuyenta a sus clientes.
Hernando Turizzo, propietario del restaurante El Vegetariano, que funciona en el tercer piso del centro comercial contiguo a la torre de la Contraloría, asegura que por pedido de la Contralora, la directora de recursos físicos, Luz María Arbeláez, reunió a los copropietarios para tratar de convencerlos de que firmaran la solicitud del estudio que los venezolanos ya habían hecho. La reunión se cumplió después de que la Contraloría firmara los contratos de arrendamiento con Gran Estación, lo cual demostraría su intento por “legalizar” un hecho ya cumplido.
La Contralora y sus asesoras rechazan estas versiones y dicen que, al contrario de lo que creen el demandante, el sindicato de la Contraloría y los copropietarios, la Nación se ahorraron importantes recursos porque el estudio de los venezolanos fue gratuito. Al insistir en que el estado del edificio pone en peligro la integridad de quienes lo ocupan, han permitido de manera controlada que las cámaras de televisión muestren algunas fisuras por las que se cuela la humedad y las frecuentes inundaciones del parqueadero, lo mismo que las condiciones que hacen inoperante el helipuerto.
Durante el trámite de la acción popular serán evaluadas pruebas según las cuales el edificio, construido en 1976 por firmas norteamericanas, cumple los mismos requisitos de sismo-resistencia exigidos en aquella época en Estados Unidos.
¿Ley del embudo?
El contrato de arrendamiento para las oficinas de la Contraloría, el 233 de 2012, parece amarrar el negocio durante diez años y obligar a los dos próximos contralores a seguir pagando el arriendo, a riesgo de que su incumplimiento les acarree la obligación de compensar al arrendador con una suma equivalente al diez por ciento del valor del contrato por cada año que haya estado ocupado el inmueble. Así por ejemplo, si la ocupación fuese por cinco años, la compensación sería de $27.000 millones (a cifras de hoy), ya que cada año de arriendo vale en promedio $30.000 millones.
La cláusula carecería de lógica y sería inconveniente, ya que el contrato estará vigente desde la fecha de la firma del acta de inicio respectiva hasta el 6 de agosto de 2014. Además, a la hora de firmar el contrato, la Contralora no tenía claro un proyecto sobre el uso que le dará a la sede que será abandonada. En el Cisa no hay ningún proyecto sobre el particular.
En la cláusula penal estaría reflejada la ‘ley del embudo’, lo ancho para el arrendador y lo angosto para la Nación. Prevé que en caso de incumplimiento la arrendataria deberá pagar tres cánones de arrendamiento, es decir, más de $7.500 millones. Pero si el incumplido es el arrendador, solo tendrá que desembolsar $660 millones.
Pero al margen de la letra menuda de los contratos, está en juego la autonomía e independencia de la Auditoría. ¿Por qué razón el organismo que vigila a la Contralora acepta que esta pague su arriendo? ¿En dónde quedan las normas sobre autonomía presupuestal de las entidades públicas?