¿Se ha convertido la EPS Caprecom en un fortín político que está expoliando sus recursos y los de la salud pública? Si es así, ¿quién lo maneja? Algunos de los columnistas más influyentes del país han señalado con su pluma acusadora al presidente del Congreso, Roy Barreras.
Para ellos, hay evidencias concluyentes. Gloria Arizabaleta Corral, actual esposa del parlamentario, estuvo a punto de ser nombrada subdirectora de la entidad, pese a que sus antecedentes como gerente de la IPS Calisalud, liquidada por decisión del Gobierno, no le resultaban favorables.
La frustrada llegada de la señora Arizabaleta a la EPS sería apenas una nueva avanzada de cuotas para el dignatario del Congreso y médico vallecaucano, a quienes algunos de sus contradictores le atribuyen, sin pruebas que vayan más allá de los rumores, el manejo de cooperativas de su departamento que contratan con la entidad.
Pero detrás de bambalinas se oculta una historia con protagonistas no suficientemente conocidos hasta hoy. Uno de ellos es Gloria Pastor, una entrañable uribista que llegó a ser presidente de la junta directiva de Caprecom.
Fue ella la encargada de preparar el informe que frenó el nombramiento de Gloria Arizabaleta por no cumplir los requisitos para el cargo.
Poco después de su dictamen, el Gobierno la removió del cargo al que había llegado en 2008 como delegada del entonces presidente Álvaro Uribe. Sus amigos, entre ellos no pocos miembros del sindicato de la entidad, le achacaron la culpa de su salida al actual Presidente del Senado y aseguraron que caía al asfalto como consecuencia de una retaliación.
Un sector del sindicato cerró filas a su favor. El 25 de abril de 2012, el mismo día en que Barreras era elegido como cabeza del poder legislativo, un grupo de trabajadores marchó, no contra el Ministerio del Trabajo para reclamar mejores garantías laborales o contra el de Salud, sino al frente del hotel de La Ópera, cerca del Capitolio, en el momento justo en el que se tejía el acuerdo político que hizo posible la elección del parlamentario vallecaucano a quien tachaban como “corrupto y clientelista”.
“Nunca he conocido a la señora Pastor, pero a estas alturas para mí es claro que ella y su actual mentora, la exministra Beatriz Londoño, me quieran cobrar las denuncias que hice desde el Congreso cuando el pasado gobierno decretó una emergencia sanitaria que resultó muy onerosa para el país”, le dijo Barreras a Dinero.
Barreras prefiere dar por cerrada la controversia, pero sus amigos –como lo han hecho los de Gloria Pastor– piden mirar la viga que está en el ojo de sus contradictores. Y piden que se investigue si es cierto o no que Pastor y la exministra Londoño tienen intereses en la IPS Universitaria de Antioquia que tiene contratos por $250.000 millones y cuyas tarifas superan en 10% las de sus antecesores.
Como quiera que sea, la guerra política que se ha librado en el Valle del Cauca y una parte del Eje Cafetero parece haberse trasladado a Caprecom. Aliados del vicepresidente Angelino Garzón y del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, cuestionan a Roy Barreras y le achacan el manejo de las “cuotas más rentables” a partir de la administración de Juan Carlos Botero, uno de los directores que renunció en mayo pasado tras declararse agobiado por la crisis presupuestal.
En las huestes de Roy se identifica a sus contradictores vallecaucanos y a Gloria Pastor como principales apoyos de Carlos Tadeo Giraldo, abogado caldense, cuya dirección fue una de las más cuestionadas del gobierno de Álvaro Uribe.
Caprecom no había vivido una etapa de captura por parte de los políticos desde 1996, cuando era controlada por dirigentes cordobeses pertenecientes a la línea del entonces parlamentario Heyne Mogollón.
Pero el manejo politiquero no es la única razón de las crisis. Dinero encontró que, como ha ocurrido con otras entidades, casos Cajanal, el Seguro Social y Foncolpuertos, un cartel de jueces y abogados pretende desangrar a la entidad a través de millonarias sentencias sin sustento. También la incidencia de agentes mafiosas que buscan lavar dinero a través de la entidad. Estas son algunas de las historias más reveladoras.
Sentencias brujas
Con un golpe de mazo sobre un atril, el Juez Sexto Civil del Circuito de Cartagena convirtió un reclamo contra Caprecom por $500 millones en una deuda de $750 millones que la entidad pagó sin reservas. Su sentencia dejó más que satisfechos a los representantes de una IPS local que se quejaban de que la caja no le pagaba a tiempo los servicios médicos y la provisión de medicamentos.
El juez se arrogó el derecho de hacer un recálculo de las obligaciones y las tasó en $1.000 millones. Sin embargo, ante el reclamo de los abogados de la entidad, abrió una instancia de conciliación. Allí las partes llegaron a un acuerdo para que Caprecom pagara finalmente $750 millones.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República tiene razones fundadas para sospechar que hubo un acuerdo de voluntades entre funcionarios judiciales, demandante e, incluso, representantes de la EPS para sacar provecho indebido de los recursos de la entidad.
Las sospechas se fortalecen en la medida en que la misma modalidad se está imponiendo en otros juzgados y ciudades del país. Hasta hoy, la policía judicial, por petición de la Secretaría, está documentando por lo menos 12 casos similares que indican que las demandas judiciales son una vena rota similar a la que terminó desangrando a Foncolpuertos y a Cajanal.
Los nombres de los comprometidos en la maniobra son mantenidos en reserva mientras la justicia penal les formula cargos.
Los investigadores que les siguen el rastro a funcionarios y abogados venales se refieren a estos fallos como a “sentencias brujas” porque, como por arte de magia, inflan fácilmente cualquier deuda.
Fuente de lavado
Difícilmente alguien podría ocultar un depósito de $6.000 millones en un banco de Quibdó, sin tener que explicar su procedencia. Ese era el problema que enfrentaba un presunto agente mafioso que encontró en un juez de la capital chocoana un aliado para “legalizar” su capital.
El juez se convirtió en arquitecto de una operación clandestina que incluyó la utilización de una cuenta de Caprecom para lavar la plata. Fue al funcionario judicial al que se le ocurrió simular una millonaria demanda contra la entidad y fallarla en tiempo récord. El presunto agente mafioso sería el demandante-beneficiario y, tras pagar sus comisiones, tanto al juez como a funcionarios de la Caja y empleados del banco, podría disfrutar de recursos lavados en fuentes turbias.
Aunque las principales entidades del sector salud se han visto golpeadas por casi todas las modalidades imaginables de corrupción, lo que más preocupa a las autoridades del sistema es que se vayan a convertir ahora en un refugio seguro para los lavadores de activos.
Licitaciones ‘express’
El miércoles 28 de marzo de 2012, la entonces ministra de Salud, Beatriz Londoño Soto, decidió consultar la web de Caprecom para verificar cómo estaba marchando el proceso de convocatoria para la conformación de una red y un portafolio de servicios en salud. Con sorpresa, comprobó que la convocatoria se había cerrado en el término relámpago de cuatro días: fue abierta el 22 de marzo y cerrada el 26, lo que significaba que solo había regido durante dos días hábiles porque el 24 y el 25 eran sábado y domingo.
La ministra alertó de inmediato a Carlos Fernando Galán, secretario de Transparencia (ver facsímile). Este, a su vez, elevó la queja ante el despacho del Procurador General de la Nación. Ese día quedó confirmado con creces que la convocatoria tenía un ganador escogido de antemano y que el breve término señalado para ella excluiría a otros proponentes.
Esta modalidad, conocida como ‘licitaciones express’, es una de las que mayores daños causa a la integridad patrimonial de la EPS.
Lo que queda claro de todo esto es que Caprecom, que había sido objeto de una drástica intervención a finales de los 90, cuando miembros de su junta directiva fueron a prisión, no ha aprendido las lecciones históricas. La situación sugiere que es necesario someterla a una nueva depuración.