| 4/4/2014 10:00:00 AM

¿Negocio de familia?

La sede en Florida de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la única institución oficial del sector educativo con presencia en el exterior, se rige por intereses privados. Así se manejan los recursos de la educación.

Magdalena Pinzón, directora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) en Weston, Florida, está de plácemes. Este verano recibirá 369 estudiantes de maestría y doctorado, una cifra histórica en los seis lustros de vida de la única entidad oficial del sector educativo colombiano que cuenta con sede transfronteriza.

Los requerimientos académicos de los nuevos cursos de estudios avanzados serán atendidos, según ella, por 61 profesores PhD. De momento no recuerda los nombres de ninguno de ellos. “Son tantos –dice– que es difícil recordarlos, entre otras cosas porque aún estamos en el proceso de actualización de los registros”.

Es cierto. Los registros no están actualizados en la Florida y sus datos no coinciden con los del registro que lleva la Secretaría General de la universidad en Bogotá. En lo que sí es cumplida la sucursal de la Florida es en sus requerimientos presupuestales para atender gastos de nómina y de funcionamiento que, según sus críticos, están afectados por visos de nepotismo y conflictos de interés.

¿Nepotismo?
En la nómina han figurado tanto familiares de la directora Pinzón, como del rector de la Unad Colombia, Jaime Alberto Leal. Germán Posada, hijo de ella, tuvo hasta hace poco tiempo contrato como “bussiness development manager” (gerente para el desarrollo de negocios), mientras disfrutaba además de un auxilio económico que le dio la misma institución para estudiar en Harvard. Alia Name, su novia, con quien Posada convive en una casa de Weston, también ha tenido contratos con la universidad.

Daina López Leal, sobrina del rector, y su esposo, Stephane Bey, han estado a cargo del Instituto Virtual de Lenguas (Invil), unidad de negocio creada por la Unad para promover el bilingüismo. Mensualmente los dos pasaban cuentas de cobro por US$2.600 cada uno y las sustentaban con informes de gestión en los que referían la realización de reuniones de carácter administrativo sin mayor sustancia.

La situación hizo crisis en septiembre del año pasado, cuando la directora de la sede en Estados Unidos le envió un correo electrónico al entonces vicerrector de Relaciones Internacionales, Nicolai Rossiasco, en el que pedía que agilizara los pagos requeridos y aprobara un presupuesto adicional de cerca de US$300.000 para finalizar los cursos de francés, portugués y español. Rossiasco se negó porque, aunque en teoría es el jefe inmediato de la directora en la Florida, jamás recibió información sobre el desarrollo y cumplimiento de los programas y porque se resistía a quedar en condición de convidado de piedra que solo era tenido en cuenta a la hora de firmar.

La negativa del vicerrector a avalar gastos y manejos administrativos le cerró las puertas del despacho del rector y lo llevó a renunciar el 27 de noviembre. Curtido en procesos de la administración pública, Rossiasco le advirtió a Leal que la situación creada en la Florida acarreaba riesgos de carácter penal, disciplinario y fiscal que él no podía asumir.

Dos días después de su renuncia recibió la declaratoria de insubsistencia con fecha anticipada y sin número de orden consecutivo.

La directora de la Florida salió bien librada del debate, pese a que documentos adicionales, como la resolución 0046 de 2013, demuestran que también cobraba doble sueldo pues durante largo tiempo se desempeñó como Vicerrectora de Relaciones, cargo en el que antecedió a Rossiasco, y como cabeza de la universidad en Weston. Como vicerrectora cobrara algo más de $5,4 millones mensuales y como directora en el exterior US$100.000 al año. El rector Leal salió en su defensa. Dijo que ella cumplió desinteresadamente la función de vicerrectora y que la resolución fue producto de un error administrativo ya enmendado.

Mientras tanto, a la Unad Florida le salió competencia. La West Broward University entró al mercado de la oferta educativa con programas muy similares a los diseñados por los expertos de la Unad.

Como representante legal de la nueva institución apareció Germán Posada, hijo de la directora de la sede transnacional. Fuentes de la Procuraduría, organismo que ya inició sus averiguaciones con base en la denuncia número 99010-2014, le aseguraron a Dinero que entre los gestores de la institución privada aparece la directora de la Unad Florida. “Aquí –dijo un funcionario del Ministerio Público– hay huella de un conflicto de intereses por parte de quienes, utilizando el know-how de una institución pública, montan un negocio privado”.

El caso de la Unad, que será ampliado por Dinero en próximas ediciones, bien puede ser el abrebocas de un debate sobre cómo están siendo manejados los recursos de la educación pública en Colombia.

“Me he regido por normas de EE.UU.”
Magdalena Pinzón, directora de la Unad Florida, le dijo a Dinero que los reproches sobre su gestión son injustos, ya que la Unad ocupa uno de los lugares más destacados en el proceso de acreditación en Estados Unidos. Para probarlo, citó las evaluaciones hechas por Mary Hamm y Samuel Fergusson, dos de las más altas autoridades del Departamento de Educación de la Florida.

Aceptó que familiares suyos y del rector han trabajado en la institución, pero aseguró que se ha regido por las leyes de los Estados Unidos donde el nepotismo no es delito ni configura falta disciplinaria. El rector Leal la apoyó y dijo: “Los funcionarios de Unad Florida no son servidores públicos ni están regidos por el Código Disciplinario Único”. El jurista Mauricio Pava advierte que esa explicación carece de fundamento porque la sede transnacional hace parte de una institución oficial colombiana que se nutre , así sea parcialmente, de recursos del Estado.

La señora Pinzón se anticipó a las críticas sobre la contratación de un seguro de vida por US$2 millones pagado con recursos de la universidad. Dijo que las leyes de la Florida les exigen a las entidades que prestan servicios educativos tomar esa previsión. No explicó por qué el seguro fue pagado con recursos de la Unad y tiene como beneficiarios a familiares suyos.

Para el rector, estas denuncias “son parte de un ataque injusto contra la institución con mayor arraigo popular“.
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