| 10/31/2013 12:00:00 PM

El enigma de Delaware

Al cumplirse el primer aniversario de la crisis de InterBolsa, aparece el rastro de una compañía off shore que podría agravar la situación de empresarios comprometidos en la debacle. 

Este 2 de noviembre se cumple el primer aniversario de la crisis desatada por la intervención de la comisionista de InterBolsa, compañía dueña de 40% del mercado bursátil del país. En medio de un bosque de memoriales, tutelas y dilaciones, la Justicia no ha conseguido todavía señalar a los responsables y, si bien ya hay 17 personas encausadas, el banquillo de los acusados luce desierto por estos días.

Mientras llega el veredicto, el Estado colombiano concentra sus esfuerzos en recuperar la mayor parte del dinero comprometido. Una de sus prioridades es garantizar la devolución de los US$174 millones embolatados en el Fondo Premium, un Saturno con numerosas lunas que tuvo operaciones en cuatro países: Colombia, Curazao, Panamá y Estados Unidos.

Su propósito inmediato es conseguir un acuerdo con las autoridades de Antillas Holandesas y con Panamá para que el dinero llegue a territorio colombiano, muy posiblemente mediante la creación de un fondo fiduciario conjunto. Por lo pronto, la Superintendencia de Sociedades mantiene el control de los bienes del expresidente de InterBolsa, Rodrigo Jaramillo; de su hijo Tomás, de su socio Juan Carlos Ortiz y de otras personas comprometidas en el descalabro, con el propósito de que sus activos constituyan una garantía real de pago.

Del grupo de los intervenidos hace parte el empresario Víctor Maldonado, el socio capitalista más representativo de InterBolsa por su poder económico. Su caso es considerado especial dentro del universo de las investigaciones porque, a diferencia de casi todos sus exsocios, Maldonado sostiene que no tuvo injerencia alguna en la administración de los recursos comprometidos en la debacle y que, por eso, solo debe responder legalmente por las deudas que contrajo como socio de InterBolsa (él las estima en $21.000 millones). Por esa razón les pidió a sus abogados agotar las acciones legales, incluidas tutelas interpuestas en varios juzgados del país, para recuperar el control de sus empresas y reunir el dinero para saldar deudas.

Sin embargo, acaba de aparecer el rastro de una empresa off shore que fue liquidada hace apenas siete meses y que tuvo probada injerencia en la disposición de recursos captados a clientes colombianos con destino al Premium Capital Appreciation Fund (PCAF). Se trata de Global Advisors Investment Management L.L.C. (GAIM), en Lewes, Delaware, Estados Unidos.

Maldonado tenía allí 30 de las cien unidades de participación y su paquete era equivalente a la de sus socios Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Rachid Maluff, administrador del Fondo Premium en Colombia, cargo para el que fue recomendado por Maldonado, aparece en los registros como socio minoritario, con diez unidades. La existencia de esta empresa no figura hasta ahora en los expedientes oficiales y, según varios especialistas consultados, podría hacer más gravosa la situación de los intervenidos, incluido Maldonado.

¿Por qué no reportaron su existencia ante las autoridades competentes? ¿Por qué callaron sobre la injerencia que tenían por intermedio de esa compañía en la administración de los recursos confiados a, por lo menos, uno de los componentes del circuito Premium? ¿Dónde están las utilidades que derivaron de allí? Estas son algunas de las preguntas que gravitarán en torno a los responsables de su manejo.

Maldonado reconoció la existencia de GAIM, pero les dijo a los reporteros de Dinero que tampoco allí tuvo un papel de administración y que se limitó a atender una invitación que Ortiz y Jaramillo le hicieron para que invirtiera en la operación. Según él, todos lo hicieron en condiciones de clientes, pues el manejo de la compañía estaba a cargo de un operador delegado. Sin embargo, la compañía de Delaware plantea todo un enigma en cuanto a sus métodos y manejo de las inversiones. Así lo sugiere al menos un documento de la firma de auditores Ernst & Young, fechado el 19 de noviembre de 2010. Esta firma dejó en claro que no se comprometía a hacer un ejercicio auditor y de control interno y se limitó a decir que, en su aspecto formal, los informes financieros parecían de acuerdo con los principios generalmente aceptados en Estados Unidos. No obstante, un funcionario de la firma recordó que la información con la que contaban los auditores no les resultaba suficiente para certificar la transparencia de las operaciones. Por esa razón, el compromiso no fue más allá.

Los documentos fueron puestos a disposición de Maldonado para facilitar su respuesta al requerimiento periodístico. Sin embargo, él prefirió exclusivamente explicar cuál era la órbita en la que se movía la compañía de Delaware e insistir en que su papel allí fue el de un simple socio, no el de un administrador.

El papel de la empresa off shore será evaluada, en últimas, por las autoridades competentes, a la cabeza de las cuales está en este caso la Superintendencia de Sociedades.
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