| 7/11/2014 10:30:00 AM

La batalla por Tierra Bomba

La batalla por Tierra Bomba

Cinco claves para entender el lío por la propiedad de la tierra en una zona estratégica donde la Armada y empresarios del sector turístico alientan millonarios proyectos.

No es exagerado decir que Tierra Bomba, una de las zonas insulares más preciadas en las proximidades de Cartagena, ha estado al borde de una explosión social. Durante los recientes comicios parlamentarios y presidenciales sus nativos entraron en conato de resistencia y amenazaron con no ir a las urnas, como mecanismo para presionar al gobierno regional para que resuelva los problemas agobiantes que padece la comunidad.

Uno de los más urgentes tiene que ver con la destrucción progresiva de la pobre infraestructura social en las zonas de bajamar, donde los embates de la marea destruyen las casas de los nativos, puestos de salud y otras zonas comunes de valor para ellos. La Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena no han podido definir proyectos claros para la inversión de $25.000 millones a los que la isla tiene derecho por concepto de las regalías.

Poco ha cambiado allí desde 1998, cuando el entonces alcalde, Nicolás Curi Vergara, propuso vender la isla a empresarios particulares con real poder de inversión. Desde aquella época sus sucesores se han declarado partidarios de convertir a Tierra Bomba en un centro de desarrollo turístico de altísimo nivel, pero no han tenido capacidad para resolver el verdadero problema de fondo: la propiedad real de la tierra.

No menos de 24 pleitos judiciales protagonizados por nativos raizales, posibles usurpadores y hasta políticos regionales militan en los juzgados. Uno de ellos escaló recientemente a la Corte Suprema de Justicia después de que, de acuerdo con una denuncia del noticiero Noticias Uno, 400 hectáreas de las 2.020 que componen su territorio fueron tituladas irregularmente a cuatro familias políticas de la Costa, incluido el famoso clan García Romero.

Los problemas por la propiedad de la tierra se han multiplicado desde que la Armada Nacional anunció que dispondrá de 864 hectáreas, que incluyen el corregimiento Caño de Oro y la vereda Punta Arena, para la construcción de la que será una de las bases militares más importantes de América Latina. También esta iniciativa enfrenta escollos porque varias familias reclaman títulos sobre estos predios y exigen que, antes de sentar la primera piedra, el Estado negocie con ellas. La misma exigencia ha sido hecha a inversionistas nacionales y extranjeros que han pensado en construir allí hoteles y condominios turísticos.

Con la asesoría de expertos en problemas de la región, Dinero presenta las claves para entender el conflicto por las tierras y para procurarle una solución:

1 Clarificación de los títulos.  La confrontación en despachos jurisdiccionales de títulos de propiedad, varios de los cuales han resultado hechizos, sugiere que el Estado tendrá que indagar su origen a través de la inspección de cédulas reales de la época de la colonia. Cartagena, y el país en general, parecen tener una historia muy breve y fragmentaria, que se inicia apenas a finales del siglo XIX, cuando la compañía americana Andean Trade le cedió los terrenos a la Nación, sin haber dejado la memoria necesaria de cómo los obtuvo.

2 Depuración del círculo notarial. La apertura de folios de matrícula para dar visos de legalidad a cualquier título parece haberse convertido en Cartagena en un mercado al mejor postor. Eso explica por qué una exregistradora de instrumentos públicos y al menos dos notarios están privados de la libertad. La Superintendencia de Notariado y Registro, cuya tarea en los programas de restitución de tierras asociadas al conflicto armado ha sido destacada, tendría que meterle el hombro a la clarificación de títulos, tanto en Tierra Bomba como en Barú, otro foco de conflictos.

3 ¿Consultas forzosas?  Es cierto que el mecanismo de las consultas con las comunidades es visto por los empresarios interesados en proyectos de envergadura como un mecanismo de dilaciones y entorpecimientos. Sin embargo, tanto la Constitución como las leyes que resguardan los derechos de comunidades marginales y de las minorías lo hacen forzoso cuando están de por medio derechos ancestrales de estas. El precedente más cercano en el tiempo lo sentó el Tribunal Administrativo de Bolívar al obligar a los concesionarios del proyecto de Barú a consultar a los nativos para conciliar con ellos sus derechos.

4 Reorientación del POT.
Al igual que lo ocurrido con Barú, Tierra Bomba no ha sido tenida suficientemente en cuenta en los programas de ordenamiento territorial (POT). Eso explica la anarquía que se advierte al revisar los proyectos que buscan espacio en su territorio.

5 Recuperación de bienes fiscales. Parece urgente que la justicia contenciosa administrativa, la Dirección Marítima y Portuaria y todas las entidades estatales comprometidas en el tema hagan causa común para recuperar aquellas zonas de playa consideradas bienes fiscales, pues es innegable que las invasiones contribuyen a agravar el problema.
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