| 2/21/2011 7:30:00 AM

Pleito millonario

Empresarios y ejecutivos del país están enfrentados en una millonaria pelea por la venta de unas acciones de Superview a Telmex. La disputa vale cerca de 200.000 millones de pesos.

A mediados de enero pasado, la justicia penal decidió revisar las condiciones de venta de la compañía de televisión por cable Superview a la multinacional Telmex y revivió así un viejo pleito en el que está en juego no menos del 27,55% de la composición accionaria de la empresa, que a precios de hoy tendría un valor cercano a los US$100 millones -unos $200.000 millones-.

En una providencia en la que cuestiona con especial vehemencia la actuación de los funcionarios encargados de resolver en primera instancia la disputa, María Luisa Barrero Cuervo, fiscal 22 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, ordenó que la auditora de Superview, Martha Guevara, y las contadoras Gloria Rodríguez y Olga Beatriz Talero fuesen conminadas a explicar una posible manipulación de los registros contables que sirvió para precipitar la venta de la empresa, pese a que la Fiscalía había ordenado suspender la operación.

Simultáneamente, la funcionaria declaró nula una decisión de una fiscal de menor rango que había exonerado de culpa a Carlos Humberto Isaza, representante legal de la cablera, y a Luis Alfredo Baena Riviere, uno de sus principales accionistas y actual vicepresidente de Canacol Energy, sindicados de los delitos de estafa, hurto agravado y falsedad en documento privado.

La determinación no solo busca evitar que el proceso se vaya a dormir el sueño del olvido por obra de una prescripción, sino que revive una historia que incluye entre sus protagonistas a la Corte Constitucional, a la que los sindicados, usando el testimonio de una abogada que purga pena de prisión, acusaron de haber recibido un soborno de manos de una congresista y del esposo de esta para proteger los intereses que se mueven en este caso.

El primer episodio se remonta a comienzos de la década, cuando Superview comenzó a sufrir penurias económicas que le impedían pagar sus obligaciones con la Comisión Nacional de Televisión. Advertida por el asesor jurídico Juan Carlos Salazar sobre el riesgo de caducidad del contrato de concesión, la asamblea general de accionistas autorizó recapitalizaciones cercanas a los $1.000 millones, de acuerdo con el monto del capital autorizado.

Una primera emisión de 720.000 acciones fue ofrecida para suscripción preferencial a los socios de la empresa, en proporción a su participación: 25% a Acociviles S.A.; 24% a ITM Televisión S.A.; 17% a Bernier International Corporation; 8% a Manuel Arturo Rincón y el resto a una decena de minoritarios. La segunda, por 800.000 acciones, fue ofrecida a Acociviles.

En el primer caso, el empresario Rincón suscribió el 25% de la oferta, así: 17% en nombre de Bernier International Corporation y el 8% restante en nombre propio. De la segunda oferta suscribió 235.696 acciones. Sin embargo, cuando pidió la entrega de los títulos accionarios correspondientes, el representante legal le respondió que no tenía derecho a ellos porque el dinero con el que pagó las acciones no era suyo.

El juego de las acciones
De la mano con esa respuesta, y asesorados por el abogado Juan Carlos Salazar, las contadoras, el tesorero y la revisora fiscal decidieron revertir los asientos contables y emitieron los títulos de las acciones a nombre de Bernier International, cuyo socio principal, Luis Alfredo Baena, aseguraba que su entonces socio Manuel Rincón había utilizado para el pago de acciones en nombre propio una suma que él le había girado desde el exterior.

Cuando Rincón llevó el caso a la justicia, un grafólogo forense y un perito contable designados por la Fiscalía encontraron evidencia de adulteración de documentos contables, pero su estudio no tuvo mayor impacto. El Fiscal 22 delegado ante los jueces penales del circuito de Bogotá decidió archivar el caso por una supuesta falta de mérito.

Los denunciantes consiguieron que la decisión quedara sin piso mediante un fallo de tutela de la Corte Constitucional, tribunal que consideró que la decisión judicial constituyó una vía de hecho que desconocía garantías procesales e ignoraba las pruebas allegadas al proceso.

El contraataque de Baena y de Isaza, el representante legal que se negó a expedir los títulos accionarios, no se hizo esperar. Según ellos, el fallo de tutela de la Corte fue producto del pago de un soborno a los magistrados que tomaron la decisión. Sus abogados presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una testigo que afirmaba que Rincón y su esposa, la representante a la Cámara Lucero Cortés, habrían destinado $150 millones para condicionar la voluntad de los magistrados.

Versiones de oídas
La testigo resultó ser Carmen Cecilia Moreno Araújo, una abogada que, en medio de su nerviosismo, le dijo a la Corte Suprema que no tenía antecedentes penales pese a que en ese momento se encontraba purgando en prisión domiciliaria una condena de veinte meses impuesta por el Juzgado Noveno Penal Municipal. Cuando el magistrado investigador quiso concretarla sobre el presunto pago del soborno, aseguró que había oído decir que el empresario Rincón necesitaba $150 millones para resolver el problema.

Clara Inés Vargas, Clara Inés Reales y Jaime Araújo Rentería, los magistrados de la Corte Constitucional que produjeron el fallo de tutela, aceptaron declarar ante la Corte Suprema. Araújo, quien salvó el voto por no estar de acuerdo con las tutelas contra sentencias, dijo que en ningún momento ni él ni sus compañeras fueron abordados por la congresista, a la que no conocían.

Con el proceso penal por el lío de las acciones vivo, la Fiscalía le advirtió en febrero de 2008 a Superview que se abstuviera de negociar con Telmex el paquete de acciones que estaba en disputada y que ascendía a 27,55% de la participación de la compañía. La orden judicial no fue tenida en cuenta.

En junio de 2010 el asunto parecía zanjado. La Fiscal de primera instancia decretó la prescripción del proceso a favor de Baena, de Isaza y de la revisora fiscal. No obstante, a mediados de enero pasado, otra fiscal de mayor grado, al resolver una apelación, decretó la nulidad del proceso y produjo una fuerte reprimenda alrededor de la decisión. Según ella, el fallo inicial no tuvo en cuenta la tutela de la Corte Constitucional, ignoró por completo los dictámenes de los peritos e hizo un análisis probatorio con una pobreza que resultaba franciscana.

Según se lee en el expediente 639449, la fiscal Barrero ordenó que el nuevo examen no solo verse sobre una materia estrictamente penal, sino que incluya la revisión de normas civiles y comerciales que están en juego y corrija la situación de desacato en la que quedó el órgano de investigación frente a la Corte Constitucional.

Así, la millonaria disputa recobra vida y con ella los empresarios y ex socios, Baena y Rincón, que durante este tiempo se han enfrentado sin tregua, volverán a velar sus armas, hasta que la justicia diga quién tiene la razón

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