| 5/25/2011 12:00:00 AM

¿Otro gran fraude a la salud?

Después de la intervención a Saludcoop, las autoridades tienen la mira puesta en Solsalud. Dinero revela las razones.

Después de las denuncias del Gobierno sobre la existencia de una red de corrupción alrededor de los recobros de las EPS al Fosyga y luego de la intervención administrativa a Saludcoop, el examen de las cuentas del sector salud se ha convertido en un arte detectivesco.

En el búnker de la Dijín, la principal agencia de policía judicial del país, un grupo de especialistas revisa por estos días miles de documentos y correos electrónicos. Estos dejan en evidencia cómo las obligaciones del sector salud se convirtieron en una fuente de saqueo de recursos oficiales y en un coto de caza de funcionarios públicos e intermediarios que se lucraban del pago de millonarias comisiones.

Entre las montañas de documentos hay tres actas firmadas por María Claudia Rojas, entonces funcionaria del Ministerio de Protección Social y hoy detenida en relación con el escándalo. Estas muestran que en menos de dos meses, entre marzo y mayo de 2010, fueron 'agilizados' los pagos por más de $1.200 millones a Solsalud, una de las 31 EPS sometidas a investigación previa por la Procuraduría.

Una de esas actas, la número 05312 del 12 de marzo de 2010, muestra cómo Rojas y su jefe, Luisa Fernanda Bellini, coordinadora de Financiamiento del Ministerio de Protección, lograban que el Fosyga hiciera los desembolsos pese a que se trataba de cuentas glosadas por presuntas manipulaciones y falsedades.

El caso Solsalud
Solsalud es una EPS que surgió a finales de la década de los 90 en Santander. Durante la primera parte de su existencia se convirtió en fuente de poder y financiación de políticos. Uno de ellos, el senador Luis Alberto Gil, detenido por nexos con grupos armados ilegales.

Empeñados en deshacerse del pesado fardo del pasado y responder ante las acusaciones del presente, los directivos de la EPS le dieron a auditores especializados y a la oficina de control interno la misión de ayudar a las autoridades a establecer responsabilidades.

Eduardo Adolfo Colmenares, director de Solsalud, le dijo a Dinero que hace dos meses, al llegar al cargo, encontró que el procesamiento de datos y el diligenciamiento de cobros estaban confiados riesgosamente a un intermediario privado. Iván Rojas, el intermediario contratista, tenía la responsabilidad de gestionar el cobro de obligaciones por $3.500 millones, de los cuales "recuperó", según sus reportes $1.600 millones.

Lo malo del asunto para la EPS es que cuando Rojas fue requerido para que explicara a fondo su gestión y aportara insumos para la defensa de Solsalud, terminó aceptando que buena parte del cobro de esa cartera lo subcontrató con Edgar Medina Millán, miembro de la junta directiva de QAV, la empresa de intermediación que convirtió los recobros en un negocio que reportaba jugosas comisiones.

El tema de los recobros no es la única causa de dolores de cabeza para la EPS. Investigadores de la Procuraduría le informaron a la revista que uno de los focos de interés de su indagación será la relación entre Solsalud y Hospigroup, una holding de empresas prestadoras de servicios de salud y provisión de medicamentos. "Estamos verificando evidencias según las cuales familiares de directivos de la EPS desempeñan cargos de responsabilidad en Hospigroup y pueden estar amparando malos manejos contractuales y avalando información inexacta sobre la prestación de los servicios".

Colmenares se declaró sorprendido por esa presunción y dijo que la prestación de los servicios por parte de Hospigroup ha sido óptima y ha contribuido, inclusive, a obtener rebajas en tarifas y costos en beneficio de los usuarios. "Sin embargo, no vamos a desechar las quejas y denuncias y sancionaremos aquellas en las que encontremos irregularidades", aseguró.

Nexos políticos
Otro de los flancos sensibles de la investigación tiene que ver con la influencia de políticos en la EPS, que habría sido heredada por el Partido de Integración Nacional (PIN) de su predecesor Convergencia Ciudadana. Jairo Céspedes Camacho, director del Invima hasta hace tres meses y primer gerente de Solsalud, le explicó a Dinero que no fue Convergencia la creadora de la EPS, pero que en su fundación sí tuvo injerencia Luis Alberto Gil, quien más tarde sería presidente del movimiento político.

"Gil -dijo Céspedes- era el presidente de un sindicato de maestros de Santander que, al lado de otras organizaciones, participó en la creación de la empresa prestadora de servicios de salud. No fue accionista, aunque ejerció algún liderazgo". Según él, no puede afirmar que la EPS hubiera sido convertida en plataforma económica de Convergencia.

Gil no fue el único político ligado al nombre de Solsalud. También lo está Alfonso Riaño, otro congresista de Convergencia con problemas similares. Como dueño de la UPS Ganasalud, en el Magdalena Medio Santandereano, Riaño era uno de los principales contratistas de Solsalud.

En ese mismo círculo comenzó a figurar el nombre del concejal de Bogotá Edward Arias. En 2003, Arias aspiró por primera vez al Concejo, con el aval de Luis Alberto Gil, y dos años después fue designado como gerente de Solsalud para la región central. "Esa es una experiencia que no quisiera recordar porque, si bien jamás estuve comprometido en irregularidad alguna, tiempo después de mi paso por Convergencia sus directivos se vieron envueltos en problemas judiciales por todos conocidos", dice Arias.

Dentro de la indagación adelantada por la Procuraduría, hay quejas que sitúan varios de los recobros ilegales en la época en la que Arias se desempeñó como gerente regional de la EPS. Sin embargo, el concejal -médico pediatra de formación y de los cabildantes que mejor conoce el sistema de salud-, declaró a Dinero que en sus once meses en la EPS, durante los cuales debía reportar a la sede principal, que se encontraba en Bucaramanga, su tarea fue estrictamente administrativa y no financiera.

Los documentos que nutren las pesquisas de los especialistas de la Dijín y los resultados de las verificaciones a cargo de la justicia penal y de la Procuraduría dirán en últimas si la corrupción y la política permearon la estructura de Solsalud. Ellos tienen la última palabra en el caso de corrupción más grande en la historia del sector salud.

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