El 4 de octubre, al día siguiente de su posesión como superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo se dedicó a revisar la nómina de la entidad para preparar una reestructuración. Sin embargo, el método que empleó causó preocupación y zozobra entre varios colaboradores de la entidad: sobre un cartelón grabado con los cargos y funciones, tachó los nombres de aquellos servidores que él quería que se fueran de inmediato.
Luego posó frente al organigrama tachado al lado de Juan David Duque, nuevo director administrativo –posesionado finalmente el viernes 2 de noviembre– y de Germán Bacca, nuevo superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, quien asumió el cargo el 6 de noviembre.
Funcionarios inquietos subieron las fotos a intranet y, aunque algunos solo querían destacar el nombramiento del nuevo Superintendente, otros le adicionaron comentarios ácidos sobre una supuesta barrida laboral. Las fotos fueron desmontadas de inmediato por orden de la Secretaría General.
De todas maneras, los cambios en la nómina se produjeron vertiginosamente. El primer tachado fue Luis Alfonso Angulo, jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial. En su lugar fue nombrada Ana María Uribe Navarro. Pablo Márquez, un experto que había sido mencionado como candidato a Superintendente, salió del cargo de Delegado para la Competencia y en su lugar llegó Bacca.
El remezón alcanzó también a la Dirección Administrativa, de donde salió Gloria Martínez, y a la Secretaría Privada, que estaba a cargo de Pamela Hernández Erzisnik. Ligia Rodríguez Hernández, secretaria General, y Jorge Bejarano, jefe de la Oficina de Sistemas, fueron notificados de que deberían marcharse. Lo propio ocurrió con Juan Pablo Herrera, jefe de Planeación.
“No dudo de que el señor Superintendente tiene atribuciones para hacer replanteamientos, pero creo también que estas deben reconocer los límites legales”, dijo un alto funcionario que pidió mantener su nombre en reserva. “Lo digo –agregó– porque al abolir algunos cargos terminó afectando a profesionales de carrera administrativa que llevaban varios años trabajando”.
Un abogado de la entidad aseguró que los cambios en la nómina, que no implican recortes ni adelgazamiento burocrático, han implicado la salida de varios coordinadores y de casi todas aquellas personas que tenían facultades de contratación y que no habían recibido reproche alguno por su comportamiento.
“Durante estos días –agregó otro servidor– se vive un verdadero ambiente de angustia en la entidad. Los empleados revisan todos los días la correspondencia para ver si les ha llegado la resolución de despido. Mientras tanto, solo le hemos visto la cara al señor Superintendente en fotografías, porque desde que se posesionó no ha tenido la mínima cortesía de presentarse”.
A comienzos de la semana pasada, un grupo de personas despedidas pidió una cita para hablar con él. La respuesta fue perentoria: “El doctor Robledo no puede atenderlos porque se irá tres días a Paipa para definir el Plan de Acción 2013”. El Plan se refiere a un programa de ajuste y modernización de la entidad.
De acuerdo con la versión de funcionarios inconformes, Robledo les pidió a varios delegados que le ayudaran a salir de los “profesionales más regularcitos”, ya que necesitaba sus puestos.
Sin embargo, tanto el nuevo Superintendente como sus asesores más inmediatos dicen que no hay ninguna “barrida”, sino una reestructuración necesaria para consolidar el perfil técnico de la entidad de vigilancia y control, con lo cual será puesto a tono con las nuevas necesidades del servicio.
“Conozco al doctor Robledo desde los tiempos en que se desempeñó como viceministro de Justicia y no dudo en afirmar que cualquier cambio que ordene está orientado por el propósito de elevar los niveles de eficiencia de la respectiva entidad”, le dijo a Dinero uno de los funcionarios de mayor confianza.
Los afectados por los cambios no descartan la posibilidad de elevar consultas ante el Departamento Administrativo de la Función Pública por la posibilidad de que algunos cargos de carrera se hayan visto afectados por las decisiones del nuevo Superintendente.
Otros, incluidos varios de los que se quedan, tienen distintos motivos de preocupación. Según ellos, José Miguel de La Calle, antecesor de Robledo, había conseguido importantes logros que deben afianzarse. Entre ellos están los esfuerzos por conseguir la aprobación del Estatuto al Consumidor y la toma de decisiones administrativas importantes como la imposición de millonarias sanciones a Telmex –hoy Claro– por cobros injustificados a sus clientes, y la imposición de sanciones a contratistas del sistema carcelario y penitenciario.