| 1/19/2012 7:00:00 AM

Mercaderes de votos

En varias regiones del país la elección de contralores y personeros se ha convertido en un proceso en que la compra de votos es un mercado regido por la ley del mejor postor.

Aunque no es un proceso que despierte mayor interés de la galería, la elección de contralores territoriales y de personeros municipales suele ser una de las más reñidas en el escenario político colombiano. Los partidos y movimientos buscan siempre hacerse al manejo de estos cargos de control fiscal que hoy día vigilan –al menos en teoría– más de 40% de los dineros del presupuesto público.

Este año el debate tiene ingredientes adicionales que para algunos convierte la torta de los presupuestos de entidades territoriales en un plato suculento. La entrada en vigencia de un nuevo régimen de regalías y el fortalecimiento de otros recursos ligados al sistema general de participaciones crecerán a ritmo acelerado. En 2011, los departamentos y municipios percibieron ingresos por cerca de $70 billones, equivalentes a 42% del presupuesto general de la Nación. Este año la cifra podría bordear los $100 billones.

Este hecho explica, al menos en parte, por qué varios de los aspirantes a esos cargos se han mostrado dispuestos a usar métodos poco ortodoxos para hacerse elegir y por qué, como ocurre ya en quince casos que están siendo documentados por la Procuraduría General de la Nación, algunos diputados y concejales, sin mayores reatos de conciencia, les han puesto tarifa a sus votos o han exigido garantías tales como cartas de renuncia firmadas pero con fecha en blanco para asegurar el cumplimiento de acuerdos burocráticos.

Como los pactos son sigilosos, el debate público que supone una elección de esta naturaleza brilla por su ausencia y no se advierte un mayor escrutinio a los antecedentes de los candidatos. Además, alcaldes y gobernadores ocultan mal su resistencia a que los cargos de fiscalización queden en manos de la oposición. Las excepciones son contadas. En Bogotá, por ejemplo, el alcalde Gustavo Petro le pidió a su bancada del movimiento Progresistas en el Concejo que se abstuviera de votar en la elección de contralor distrital.

Sin embargo, los casos en que los mandatarios prefieren no intervenir en los procesos no tienen siempre suficiente representatividad. En el ejemplo de Bogotá, Petro tiene ocho de los 45 concejales de la ciudad. Los 37 que deben elegir al nuevo contralor en febrero próximo no han hecho una revisión de las hojas de vida de los aspirantes ternados por los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca.

Veedores interesados en sacar adelante un proceso de “elección visible” le dijeron a Dinero que el Concejo no ha tomado nota de denuncias públicas según las cuales al menos uno de los aspirantes, José Bittar Casij, ex secretario General del Ministerio de Tecnologías de la Información y ordenador del gasto del Fondo de Comunicaciones, enfrenta un proceso disciplinario por posibles irregularidades en la celebración de contratos durante el pasado gobierno y ha debido responder hallazgos fiscales de auditores de la Contraloría General. Bittar dice que su presunción de inocencia está intacta, que saldrá avante de las investigaciones y que no dudará en explicarle a cabalidad sus actuaciones al Concejo o a quien se lo exija.

En Cartagena, el alcalde Campo Elías Terán impulsó con su bancada la elección de Jorge Mario Feliz Monsalve, uno de los aliados de su campaña a través de la casa política de la senadora Piedad Zuccardi y de su esposo Juan José García. Las mayorías ahogaron un conato de debate en el que algunos concejales dijeron que temían votar por Feliz porque con recientes actuaciones como procurador judicial se mostró “desafecto” a los intereses de los cartageneros.

En efecto, el nuevo contralor es el mismo funcionario que el año pasado, como agente del Ministerio Público, consiguió que el Tribunal Administrativo de Bolívar condenara al Distrito a pagarle $12.000 millones a un particular que, mediante una acción popular, cuestionó el recaudo de un impuesto ambiental. El fallo de primera instancia había ordenado que el incentivo para el denunciante fuera de $240 millones. Hoy día el Procurador General intenta, vía tutela, deshacer lo conseguido por Feliz, a quien –al menos en teoría– le tocará defender los recursos de Cartagena durante los próximos cuatro años.

Al mejor postor

Mientras se toma la cabeza a dos manos, el procurador Delegado para las Entidades Territoriales, Carlos Augusto Mesa, le dice a Dinero que, salido de los cauces democráticos, el proceso de elección de personeros y contralores en otras regiones del país se ha pervertido. “En nuestros expedientes hay ya evidencia de que en no menos de quince ciudades capitales y municipios de distinta categoría los concejales pusieron tarifas y están extorsionando a los aspirantes”.

En una capital de la costa, los concejales hicieron acuerdos previos con el elegido no solo sobre cuotas burocráticas, sino sobre el pago de un porcentaje de los salarios que estos devengarán en sus cargos. “Algunos cabildantes cobrarán entre $40 millones y $60 millones y otros exigieron el compromiso expreso de que recibirían ‘honorarios extras’ del organismo fiscalizador para atender gastos personales de servicios públicos, mantenimiento de vehículo y pago de las cuentas de sus celulares”, dijo un testigo que ya declaró bajo juramento.

En municipios de Boyacá fueron halladas pruebas documentales de los acuerdos firmados por debajo de la mesa por candidatos que accedieron a entregar firmadas cartas de renuncia, que se harían efectivas en caso de incumplimientos burocráticos con sus electores. Los nombres de los implicados serán mantenidos en reserva para no entorpecer la marcha de las investigaciones.

Este mercadeo de votos explica desde la trastienda la crisis del control fiscal. “Un contralor que compró su elección o un personero que accede a acuerdos burocráticos con cargo al presupuesto no serán más que comodines en la gran baraja de la corrupción”, asegura Mesa. En la misma percepción coinciden miembros de un equipo especial de investigación conformado por Jaime Ardila Barrera, auditor General de la República

Esta Revista revisó las estadísticas de las actuaciones de personeros municipales y encontró que durante los últimos cinco años estos representantes del Ministerio Público en 1.010 municipios del país aplicaron 478 sanciones; es decir, menos de una en promedio por año. Las contralorías territoriales no consiguieron sacar adelante ningún proceso de responsabilidad fiscal relevante.

En este estado de cosas deberá reabrirse el debate sobre la permanencia de instituciones y agencias cuyas bases morales, legales y éticas parecen estar socavadas.
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