No es frecuente que una cadena hotelera con la tradición de Marriot dé marcha atrás a un proyecto ya estructurado. Pero la excepción a esa regla se presentó a finales de junio, cuando los exorbitantes precios de la tierra en Cartagena alejaron la que prometía ser una de las más interesantes inversiones extranjeras en el sector turístico.
Los ejecutivos de Marriot destacados para la negociación decidieron recoger sus bártulos cuando se vieron enfrentados a exigencias que juzgaron desmedidas y, aunque ninguno de ellos lo admite en público, al presunto pago de “retenes” establecidos por funcionarios de Planeación Distrital y de las curadurías urbanas.
El precio de la tierra, la corrupción y la inseguridad jurídica creada por la proliferación de pleitos por tierras, despojos y desalojos en Cartagena han alejado de la ciudad a masas de inversionistas a los que el gobierno nacional ha rodeado de garantías.
Los problemas de tierras en Cartagena están dejando al garete varios proyectos de interés público. La construcción de la doble calzada de la Vía al Mar está frenada en el tramo entre Manzanillo y la zona donde se encuentra el Hotel Las Américas, pues los actuales dueños de los predios se niegan a facilitar el uso de un terreno que permitiría hacer un ensanche de 7,5 metros.
El Distrito está considerando la posibilidad de construir, como variante, un puente de 3,5 kilómetros de longitud por 15 metros de ancho, que bordearía la Ciénaga de La Virgen con un enorme riesgo de impacto ambiental.
Despojo a la Nación
También está detenido un proyecto turístico conjunto de Comfenalco y Cafam en el sector de Crespo. Las dos cajas le compraron allí un terreno a la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena (SMPC). Cuando el hotel del complejo estaba ya construido en un 70%, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Dirección Marítima y Portuaria encontraron que la SMCP incluyó indebidamente en la negociación una amplia porción de tierras de la Nación que tiene calidad de bien fiscal.
Una situación similar quedó planteada cuando la ciudad le vendió al hotel Dann terrenos de bajamar que son inajenables. La negociación llevó a la Fiscalía General de la Nación a acusar penalmente a la hoy exalcaldesa Judith Pinedo.
En Tierrabomba, Islas del Rosario y Barú campean los pleitos jurídicos protagonizados por invasores, nativos y algunos empresarios acusados de pagar coimas a notarios para adulterar los títulos de propiedad de valiosas tierras.
Por problemas de esta naturaleza se encuentran presos un delegado regional de la Superintendencia de Notariado y Registro y el notario tercero Orlando Herrera Macías, miembros de encopetadas familias de la sociedad cartagenera. La Asociación Colombiana de Ingenieros, capítulo Bolívar, prepara el que promete ser el más confiable censo de pleitos de tierras para proponer fórmulas que coadyuven en el propósito del Gobierno de recuperar más de un millón de hectáreas para devolverlas a sus legítimos dueños.