| 6/12/2014 8:00:00 AM

En contravía

Pese a ser descalificado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, un consorcio colombo-argentino se quedó con el millonario contrato del manejo de grúas y patios de la capital. Existe además un vínculo entre esta empresa y el grupo Nule.

Dirían algunos que se trata de una mala racha. Otros hablarían simplemente de un nubarrón pasajero. Y no faltan quienes atribuyan el difícil momento a una persecución interesada.

Más allá de las tesis esgrimidas, lo cierto es que durante los últimos días la Secretaría de Movilidad de Bogotá y por supuesto su cabeza visible, Rafael Rodríguez, han estado en el ojo del huracán por cuenta de una seguidilla de señalamientos relacionados con aparentes irregularidades contractuales dentro de la entidad.

El primer campanazo de alerta lo dio la concejal Sandra Jaramillo. Hace poco más de dos meses, la cabildante ventiló una catarata de anomalías en las que, a su juicio, habría incurrido el secretario Rodríguez al momento de revivir un polémico contrato de $6.000 millones, orientado a remozar el maltrecho sistema semafórico de la capital.

La segunda alerta temprana, revelada por Dinero.com, provino de una investigación conjunta de los concejales Antonio Sanguino y la misma Sandra Jaramillo –avalada por el contralor, Diego Ardila– según la cual el Secretario habría prorrogado un contrato con la empresa de Servicios Integrales para la Movilidad (SIM) dos años antes de su vencimiento, en medio de dudosas actuaciones (ver artículo, Oscuro contrato en movilidad, Dinero.com).

Ahora, cuando la tempestad parecía haber cedido, nuevos rayos empiezan a caer sobre Rafael Rodríguez. El asunto, hasta hoy manejado en silencio, tiene que ver con la reciente y discutida cesión que hizo la Secretaría de Movilidad –el pasado mes de diciembre– del contrato 075 de 2007 a la Unión Temporal colombo-argentina Segrup, para que esta última se encargara de manejar tanto los patios a donde van a parar los vehículos inmovilizados de la capital como las grúas que los transportan.

La manzana de la discordia se divide en varias porciones. Por un lado, pocos entienden por qué Rodríguez decidió ceder el contrato a la Unión Temporal mencionada pese a que un comité evaluador consideró que no cumplía con los requisitos exigidos. Por otra parte, resulta incomprensible para los denunciantes del caso que el Secretario hoy justifique su decisión, entre otros conceptos, mediante uno emitido por el abogado Carlos Medellín, asesor externo de la entidad y exministro de Justicia, quien sugirió dar luz verde a los proponentes en principio descalificados.

Y, por último y tal vez lo más inquietante, según información recibida por la concejal Jaramillo, dentro de Segrup aparecen los mismos nombres –por interpuestas personas– de quienes ejecutaban operativamente el contrato antes de ser cedido: nada menos y nada más que los operarios de la firma en liquidación Ponce de León Asociados S.A. de propiedad de los Nule. Pero, ¿en qué consiste exactamente este embrollo, cómo surgió y cuáles serían las millonarias consecuencias que podría acarrearle a Bogotá? Esta es la historia.

¿Justos ganadores?
Todo comenzó el 9 de septiembre de 2010, cuando en medio de la efervescencia del escándalo del carrusel de contratos de Bogotá, la Supersociedades decretó la apertura obligatoria de un proceso de liquidación en contra de la firma Ponce de León. Hasta ese día, y desde el 26 de diciembre de 2007, sobre los hombros de aquella compañía recayó la responsabilidad de ejecutar el famoso contrato 075 de grúas y patios.

De inmediato, el mandamiento del órgano de vigilancia generó una inocultable preocupación dentro de la secretaría de Movilidad. Fue por ello que las directivas de la entidad solicitaron a la Supersociedades autorización para que el contrato pudiera seguir ejecutándose en cabeza del gerente liquidador, Saúl Sotomonte Sotomonte. Conscientes de que las actividades de grúas y patios no podían suspenderse intempestivamente, la Superintendencia dio vía libre a la petición.

Al cabo de dos años y tras la apertura de un proceso licitatorio enfilado a ceder la concesión, el 30 de
octubre de 2012 llegaron a las oficinas del liquidador seis diferentes proponentes. Entre ellos la Unión Temporal colomboargentina Segrup. Días después, puntualmente el 6 de diciembre de 2012, el comité evaluador de la Secretaría de Movilidad informó, entre otras cosas, que la propuesta de Segrup no había sido aceptada por estar impregnada de una letanía de inconsistencias.

El informe señalaba, por ejemplo, que la Unión no satisfacía “los parámetros de experiencia, conveniencia y solidez”. De hecho, seis meses después de conocerse este pronunciamiento, el 24 de junio de 2013, Judy Paola Devia Díaz, directora de servicio al ciudadano de la Secretaría de Movilidad, ratificó en una extensa respuesta dirigida a los representantes de Segrup la decisión de descalificarlos. De repente, y en contravía de lo hasta entonces expuesto, el 8 de julio de 2013 el abogado Carlos Eduardo Medellín Becerra, asesor jurídico de la Secretaría de Movilidad y recordado por su gestión al frente del Ministerio de Justicia en épocas de Ernesto Samper, emitió –en un documento de 34 páginas– un concepto favorable al matrimonio colombo-argentino.

Basado en los argumentos que exponía allí Medellín, además de un concepto del Ministerio de Transporte, finalmente el 30 de diciembre de 2013, un día antes de que terminara el año, el secretario Rafael Rodríguez decidió ceder el contrato a Segrup. Pese a tratarse de un convenio cuyo valor es indeterminado por ser una concesión de servicios, un avalúo hecho por Asolonjas estimó su monto en $1.332 millones. Pero más allá de esta cifra, lo cierto es que se trata de un negocio que entre 2008 y 2013 recaudó $73.738 millones.

Sin duda, una actividad de grandes proporciones y relevante para los intereses fiscales de Bogotá. Y es precisamente por esta razón que a la concejal Sandra Jaramillo no para de inquietarla el hecho de que quienes hoy están ejecutando operativamente el contrato de grúas y patios –mediante la Unión Temporal Sergrup– sean los mismos que lo hicieron para la empresa Ponce de León de los Nule.

El delicado señalamiento surge luego de ver que los años de experiencia acreditados por el consorcio colombo-argentino coinciden con la época en que el contrato estuvo en manos de los Nule. “Es más que alarmante ver que los contratos de la ciudad siguen quedando en manos de los mismos contratistas que venían de atrás”, remata Jaramillo.

Pero hay un ingrediente adicional que genera suspicacias. En una bitácora que hoy permanece en manos de la Fiscalía, el nombre de Carlos Medellín aparece mencionado dos veces por haber ingresado al apartamento del polémico abogado Álvaro Dávila, por años defensor de los Nule.Eso no dejaría de ser más que una anécdota si no existiera un artículo de prensa del portal la Silla Vacía, según el cual Medellín y Dávila fueron socios por un corto periodo en una oficina en el norte de Bogotá. Versión que, no obstante, fue desmentida por el exministro.

Así las cosas, mientras los órganos de control se pronuncian sobre el asunto, solo queda un interrogante de fondo: ¿se convertirá la controvertida cesión de este contrato del sector Movilidad en un nuevo capítulo del desfalco capitalino, pero esta vez dentro de la administración Petro?.

***

La defensa
En conversación con Dinero, el secretario Rafael Rodríguez aseguró que todo se hizo dentro de la legalidad.

D—¿Por qué cedió el contrato 075 si un comité de la Secretaría de Movilidad afirmó que Segrup no cumplía?
Primero hay que dejar claro que el agente liquidador, Saúl Sotomonte, quien adelantó el proceso de licitación, concluyó que Segrup estaba habilitado. Afirmación que además coincidió con un extenso documento del Ministerio de Transporte en donde se descarta cualquier inhabilidad. Pero lo más importante es que cuando el comité evaluador afirmaba que los proponentes no cumplían era porque estaban haciendo cálculos matemáticos equivocados que en efecto daban una experiencia menor a la
que realmente tenían.

D—Pero una funcionaria de la misma Secretaría certificó que Segrup no cumplía…
Esa funcionaria que menciona se tomó atribuciones que no le correspondían. Por eso, de manera arbitraria e inconsulta, terminó emitiendo un conceptom que nadie había pedido.

D—¿Hay relación entre los Nule y Segrup?
Hasta donde tengo entendido, Ponce de León subcontrató con uno de los consorciados que hoy conforman la Unión Temporal Segrup para que estos les alquilaran unas grúas. Es que mire: cualquier persona que tenga experiencia con grúas en Bogotá –que no son muchas– ha tenido algo que ver con los Nule.

Pero esto en nada afecta la transparencia con la que hicimos la cesión.
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