| 5/11/2011 12:00:00 AM

¡Macrodesfalco!

Tensiones diplomáticas, millonarias inversiones en el exterior y hasta círculos de cazafortunas, forman parte del caso de corrupción más grande en la historia del sistema de salud. Dinero revela nuevos detalles.

A la trama de corrupción en el cartel de la salud -denunciado el 2 de mayo por el presidente Juan Manuel Santos- se suman ahora nuevos ingredientes que hacen de este uno de los mayores escándalos en la historia reciente del país. Desde roces diplomáticos, millonarias inversiones irregulares en el exterior y hasta la existencia de círculos de cazadores de fortunas, se suman a este carrusel de proporciones kafkianas en el sector de la salud. También ofrecen nuevas claves para descifrar los enigmas que aún rodean la manera como algunos funcionarios públicos y empleados de las EPS se enriquecían ilícitamente a expensas de la tramitación de cobros y recobros de tratamientos y medicamentos relacionados con el Plan Obligatorio de Salud (POS).

El problema cobró tales dimensiones que incluso puso en vilo acuerdos internacionales celebrados por Colombia para atraer inversión extranjera, como lo demuestra un episodio que se presentó en 2009 pero que permanecía inédito hasta hoy. En ese momento, apoderados de la firma Sanitas Internacional enviaron a la Casa de Nariño una carta, clasificada como confidencial (ver facsímile en www.dinero.com), en la que advertía al gobierno que la compañía española estaba lista para exigirle a Colombia ante un tribunal internacional que hiciera efectivos los cobros objetados por el Fondo de Seguridad y Garantía (Fosyga) y por el Ministerio de Protección Social.

En ese entonces, la anunciada demanda coincidía con la petición de la misma EPS para que la Procuraduría impulsara la conciliación de intereses de mora por más de $2.000 millones, mientras la suma que sería reclamada a instancias de cortes internacionales fue tasada inicialmente en US$80 millones, aunque después fue reducida a la mitad.

Las reclamaciones de Sanitas eran respaldadas por el gobierno español desde marzo de 2008, cuando los representantes y apoderados judiciales de la empresa tocaron a la puerta del despacho del entonces embajador Andrés Collado González para quejarse ante él de que, con las objeciones a los cobros, el gobierno colombiano actuaba en contravía del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones vigente con España.

La queja llevada a la legación española dejaba de lado el lenguaje diplomático y, apartada de eufemismos protocolarios, decía en unos de sus apartes: "La forma en el que el Ministerio de Protección Social presentó esa información a altos funcionarios del Gobierno de España, es una manera tendenciosa de ocultar las verdaderas causas de un problema que de ninguna manera tiene su origen en la conducta o las actividades de las empresas que representamos. Por el contrario, es ese Ministerio el que, con una actitud desidiosa frente a las obligaciones que legal y constitucionalmente le corresponde asumir, está generando a las EPS una inmensa carga administrativa y financiera reflejada en el altísimo número de recobros que se ve obligadas a presentar".

¿Doble juejo de Bellini?
Anticipándose a la ebullición de un problema que amenazaba con producir mayores tensiones diplomáticas, la embajada había conseguido que el Gobierno aceptará la instalación de mesas de trabajo para evaluar las reclamaciones de Sanitas, como EPS, y de sus socios, entre ellos los inversionistas españoles Joseba Grajales e Íñigo Gómez Pineda.

En las principales reuniones participaron, por el lado español, el consejero económico de la embajada Javier Iralca Burgos y Juan Pablo Currea, presidente de la EPS. El Ministerio estuvo representado por el entonces viceministro técnico de protección, Carlos Jorge Rodríguez, y la ex directora general de financiamiento del Ministerio, Luisa Fernanda Bellini. Bellini es la misma funcionaria que recientemente renunció al cargo de subdirectora de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Bogotá para ponerse a disposición de la Fiscalía que evalúa su versión como testigo del entuerto de la salud.

La directora de financiamiento fue quien con mayor ahínco defendió en las mesas la posición de no pagar aquellas cuentas glosadas por los auditores que encontraron inconsistencias. Pero lo que ahora presume la Fiscalía, y nadie sabía en ese momento, es que Bellini y Claudia Patricia Rojas Puerta, coordinadora del Grupo de Análisis y Seguimiento de Recobros comenzaron en esa misma época sus contactos subrepticios con Édgar Medina Millán, quien dejaría el cargo de vicepresidente financiero de medicina prepagada de Colsanitas, para asumir la gerencia de QAV Consultores, la firma que convirtió en un negocio rentable y salpicado de dudas le tramitación de los recobros de las EPS.

Así, mientras Bellini se ganaba por un lado la fama de dama de hierro frente a las pretensiones de las EPS, por el otro, presuntamente, organizaba con un puñado de aliados en el Ministerio y con Medina, de QAV, la manera de agilizar, sin reparar en su legalidad, los cobros y sacar comisiones por ello. La huella de sus actuaciones está en numerosos correos electrónicos que están siendo examinados judicialmente. El negocio consistiría en que QAV atraería a varias EPS como clientes ofreciendo agilidad en los trámites; Claudia Rojas daría el visto bueno a las reclamaciones y Bellini, que difícilmente despertaría sospechas, autorizaría los desembolsos.

"Lo veo y no lo creo. Pero ahora nadie me saca de la cabeza que las doctoras Rojas y Bellini fueron cooptadas por las mafias de los tramitadores que se convirtieron en auténticos cazafortunas", comentó a Dinero uno de los funcionarios que trabajó con ellas en el Ministerio.

Conrado Gómez, superintendente de Salud, le dijo a Dinero que los recobros se convirtieron en un rentable negocio de economía paralela. Hubo épocas en las que se tramitaron hasta 750 de ellos, lo que física y matemáticamente resultaba imposible, pues se hubiera requerido que los comités técnicos que evalúan las solicitudes fueran máquinas de trabajo las 24 horas al día, sin tregua.

El cliente más boyante
En el portafolio de clientes de QAV, que en este círculo hizo renombre como tramitadora, se encuentra Saludcoop, la EPS que tramitó por su conducto recobros cercanos a los $100.000 millones. Los hilos de estos contactos los movía, según lo encontrado hasta hoy por la Fiscalía y la policía judicial de la Dijin, Darío Mejía, asesor de confianza de Carlos Gustavo Palacino Antía, presidente del conglomerado Saludcoop.

Mejía fue secretario general de la Defensoría del Pueblo, donde dirigía precisamente la preparación de informes de diagnóstico sobre la crisis del sistema de salud y defendía el ejercicio de las tutelas y otros mecanismos paralelos de cobro. Lo hacía con el argumento de estar defendiendo simultáneamente los intereses de los usuarios y de los operadores del mercado. Mejía, quien hoy prefiere ofrecer explicaciones a los órganos de control y no a los medios de comunicación, deberá aclarar cómo se tramitaron los pagos y también dar información sobre el paradero del material financiero y jurídico que desapareció de los sistemas y archivos de Saludcoop.

Reconstruir esa información será clave para establecer cómo obtuvo Saludcoop recursos por más de $700.000 millones que le sirvieron para apalancar inversiones en sectores distintos a los de la órbita de la salud durante el último lustro. Para hacerlo, no solo habría usado dinero proveniente de recobros dudosos, sino también recursos parafiscales, según lo denunció durante su reciente debate el senador Jorge Enrique Robledo.

En diálogo con Dinero, Robledo presentó documentos según los cuales el patrimonio de Saludcoop, que en 1994 era de $2.500 millones, llegó en 2009 a $514.145 millones. Es decir, creció 204 veces.

La alerta impartida respecto a este conglomerado, que incluye a Cruz Blanca y Cafesalud, no es del todo nueva. En julio de 2008, la revista Cambio reveló que la organización comenzó a moverse en todo tipo de inversiones en el exterior, en producción y comercialización de alimentos, en moda y diseño, hoteles y hasta en clubes para la enseñanza de golf. Las autoridades tratan ahora de establecer si es cierto o no que utilizó para esas inversiones dineros que le pertenecían al sistema de salud y que no pueden ser enajenados ni embargados. Las denuncias no produjeron resultados eficaces, hasta el punto que una sanción impuesta por la Supersalud es hoy materia de conciliación.

En ese mismo contexto se explica que Saludcoop haya puesto dinero en empresas como Work & Fashion, proveedora de uniformes para empresas, colegios y equipos deportivos, lo mismo que en la comercializadora de alimentos Health Food S.A., y en otras empresas cercanas al sector de la construcción, mientras al cierre contable de 2008 tenía deudas superiores a $444.000 millones.

Palacino no respondió a las llamadas de los periodistas. Su secretaria los remitió al abogado José Joaquín Bernal, quien aseguró que se ha ido probando cómo los informes de la Supersalud han sido errados en varios aspectos. Las inversiones, según él, provienen de ingresos tales como copagos, cuotas moderadoras y recobros, entre otros, cuyo margen de utilidad se ha reinvertido en infraestructura.

Una parte de los recursos así obtenidos se fue al exterior y le permitió montar infraestructura de salud en México por $3.178 millones y la compra de acciones por US$187.000 en empresas cooperativas del sector en Ecuador, entre otros gastos. "En amplia medida, los recursos que debieron ir al usuario se convirtieron también en capital de riesgo", advirtió un informe de la Superintendencia.

El 11 de febrero de 2010, el organismo de control y vigilancia ordenó a los socios restituir la liquidez de la EPS los recursos utilizados en la adquisición de activos y otras operaciones por un total de $318.250 millones (ver facsímile con la parte resolutiva del documento). El cumplimiento de la decisión está en veremos porque Saludcoop demandó a la Nación y hoy la demanda es objeto de conciliación. El actual Superintendente insiste, no obstante, en que surtido el trámite conciliatorio se podrá iniciar una nueva investigación que incorpore los elementos que están saliendo a la luz pública.

En lista de espera
El Gobierno y los organismos de investigación coinciden en que esta situación no plantea, bajo la forma de verdad sabida, que las EPS hayan actuado sistemáticamente con intenciones de esquilmar los recursos de la salud. Lo que sí sugiere, con el soporte en las evidencias recaudadas, es que algunos de sus empleados y ex empleados se han aliado con funcionarios públicos para constituir el 'carrusel de la salud', como lo denominó el presidente Santos.

La Procuraduría indaga preliminarmente a representantes de 31 EPS para evaluar el mérito de proceder contra ellos, en caso de que se encuentre que malversaron dineros públicos. Pese al celo con el que se guarda la información, han trascendido ya 15 nombres de empresas que deberán ponerse a disposición de los investigadores para aclarar el asunto.

Se trata de Saludcoop, Cruz Blanca, Sanitas, Salud Total, Susalud, Coomeva, Seguro Social, Salud Vida, Compensar, Comfenalco Antioquia, Comfamiliar Cartagena y las EPS del Régimen Subsidiado Convida, Ecoopsos, Selvasalud y Asociación Mutual Ser.

Una parte de la información disponible en relación con ellas proviene de informes de 2008 y 2009 del Fosyga que, al revisar las cuentas de recobro presentadas, halló enmendaduras, firmas que pudieron haber sido falsificadas y correcciones burdas y modificaciones de las cifras expresadas en las facturas.

Aunque con la intervención del presidente Santos, acompañado por la Fiscal General, la Contralora y la Viceprocuradora, las investigaciones tendrán un nuevo aliento; en enero de 2010 la Superintendencia ya había radicado ante la Fiscalía 26 de Bogotá denuncias sobre varios casos concretos.

Uno de ellos fue el de Diego Alejandro, un paciente de 17 años a quien se le detectó cáncer testicular. La atención médica la recibió en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín en abril del año 2004 y pretendía cobrarse en 2009. El servicio que recibió tuvo un costo de $7'496.000; sin embargo, la factura tiene dos sellos.

El primer sello de la EPS Comfenalco Antioquia es del 17 de septiembre del año 2004. El segundo, en la misma factura, es del 30 de abril de 2009. El mismo paciente recibió dos medicamentos que no están en el POS y que costaban $6'609.000. Sin embargo, la ley impide esos cobros después de cinco años.

El decreto ley 1281 de 2002, en el artículo 13, establece que las EPS tienen hasta seis meses después de prestado el servicio para hacer los recobros al Fosyga.

La EPS Cafesalud presentó el recobro o cuenta 417 94 102. Dice el Fosyga que: "efectuada la verificación documental (...) se evidenció que las firmas del comité técnico-científico (…) se encuentran superpuestas en un recorte extraído de otro documento, el cual fue recortado y pegado sobre el acta en la que deben ubicarse las firmas". La paciente tiene 57 años de edad, su nombre es Myriam, y requería un medicamento no incluido en el POS para tratar un diagnóstico de ojo seco.

La EPS Coomeva presentó el recobro 213 82 143 por un servicio que ofreció a un paciente en Santa Marta a través de la Sociedad de Hemodinamia de esa ciudad.

La atención tuvo un costo de $14 millones, pero el Fosyga encontró que aparentemente el fallo de tutela pudo ser alterado. De acuerdo con la auditoría del Fosyga, se detectó una "enmendadura en la ciudad del resuelve del fallo de tutela".

Con otro tipo de enmendaduras en las facturas aparecen otras EPS como Saludcoop. Por ejemplo, recobra un medicamento por $13'300.000 a través la cuenta 21-07-65-96 y el Fosyga advierte que "se evidencia enmendadura en la fecha de elaboración de la factura. La cual fue corregida con corrector".

Independientemente del alcance del problema, queda claro que el sistema de salud es un paciente en cuidados intensivos que, como lo busca el Gobierno al descubrir lo que el presidente Santos llamó "la punta del iceberg", requerirá de un tratamiento dispuesto en una política de Estado.

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