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Mauricio Infante, expresidente de Interbolsa SAI. “(Juan Felipe) Ruiz merecería un Oscar si no fuera verdad que habló todo el tiempo con la Superintendencia” , dijo Infante durante la audiencia en la oficina del liquidador.

| 7/11/2013 6:00:00 AM

Los secretos de La Candelaria

Dinero revela nuevas evidencias que sugieren que el millonario crédito triangulado de la Clínica La Candelaria para salvar a InterBolsa, tuvo en su momento el aval de la Superintendencia Financiera.

Al mediodía del 12 de octubre de 2012, Juan Felipe Ruiz, vicepresidente de riesgos de InterBolsa, mantenía en vilo a los miembros de la junta directiva de la compañía. Desde su celular, el ejecutivo les consultaba a funcionarios de la Superintendencia Financiera los pormenores de una operación que estaba siendo estructurada para que la Clínica de La Candelaria le otorgara a la comisionista de la entidad un crédito por más de $78.000 millones que, según sus cálculos, le permitiría saldar una deuda agobiante con Bancolombia y la salvaría de irse al precipicio.

Rodrigo Jaramillo, presidente de la holding, seguía la reunión desde Nueva York y sus preguntas e instrucciones se oían a través del altavoz dispuesto en la sala de juntas. Mauricio Infante, entonces presidente de la Sociedad Administradora de Inversión (SAI), recuerda que Ruiz proclamaba como un logro cada autorización que recibía desde el otro lado de la línea y que al final todos estaban convencidos de que la operación contaba con el aval del organismo de vigilancia.

En la sala de juntas estaban, además, Álvaro Tirado, presidente de la comisionista, y Tomás Jaramillo, hijo del presidente del grupo. En la víspera, había sido descartada la posibilidad de volver a montar una operación similar con Invertácticas, firma del italiano Alessandro Corridori. Aunque había sido reversada por la Superintendencia Financiera, el organismo de vigilancia había vuelto a darle su visto bueno aunque con algunas condiciones diferentes. Lo ocurrido entonces tiene especial relevancia hoy en los escenarios donde se hace deslinde de responsabilidades. Infante, en cuya imputación de cargos tiene un peso especial el crédito de La Candelaria, que terminaría convertido en una triangulación, dijo bajo juramento en una audiencia realizada el 22 de mayo de este año ante el liquidador de la Comisionista de InterBolsa, Ignacio Argüello, que aunque fue enterado a última hora de la operación, salió de aquella junta convencido de que esta contaba con el visto bueno de la Superintendencia.

Suma de evidencias
“Ruiz (vicepresidente de riesgos) merecería un Oscar si no fuera verdad que habló todo el tiempo con la Superintendencia”, dijo el expresidente de la SAI en un aparte de la diligencia conocida íntegramente por Dinero (ver video). La pregunta obligada se la hicieron a Infante tanto en el despacho del liquidador, donde fue interrogado por este y por la abogada Consuelo Acuña, apoderada de la SAI, como en las primeras diligencias del proceso penal en la Fiscalía. “Creo saber con quién hablaba. Pero como se trata de un asunto tan delicado no quiero acusar irresponsablemente a nadie”, ha respondido invariablemente el exdirectivo de la Sociedad Administradora de Inversiones del grupo.

Para varios colaboradores de la comisionista y de la SAI, no es un misterio que Ruiz, en su condición de contacto de InterBolsa con la Superintendencia –donde en algún tiempo trabajó como delegado– tenía como interlocutores permanentes a Luis Fernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado para Intermediarios de Valores, y a Juan Pablo Arango, delegado adjunto para la Supervisión Institucional. La tarea de verificarlo no sería difícil para las autoridades pues bastaría consultar los registros de las llamadas de Ruiz del 11 y el 12 de octubre, cuando se produjeron más conversaciones.

Al liquidador de InterBolsa –y así lo dijo durante la diligencia– le parece impropio, o por lo menos inusual, que una operación tan grande no fuera autorizada por escrito. Es cierto que no existe hasta ahora vestigio de una autorización expresa, pero las evidencias que podrían poner en nuevos aprietos a los funcionarios de la Superintendencia Financiera van mucho más allá de testimonios grabados en diligencias oficiales. Hay dos oficios enviados a finales del año pasado por la Superfinanciera a la Superintendencia de Sociedades en los que el primero de los organismos considera que las garantías para el crédito fueron debidamente constituidas. En ninguno de los documentos conocidos hasta el momento hay un reproche expreso sobre la manera como se estructuró el crédito, en posible detrimento de los intereses de los inversionistas de la cartera colectiva Credit.

Esa cartera, administrada por la SAI, fue utilizada como primer puente para la triangulación al descontar flujos futuros procedentes de contratos de servicios de la Clínica La Candelaria con algunas EPS. Los recursos obtenidos pasaron luego a la comisionista y de allí al banco acreedor. Si así fue, la autoridad de la Superintendencia para llevar a cabo tres actuaciones sancionatorias relacionadas con el crédito quedaría en entredicho. Las actuaciones se dirigen contra la propia SAI, contra Infante y contra Martha Luz Barrero Carvajal, gerente de la cartera colectiva escalafonada InterBolsa Credit.

En sus respuestas a los pliegos de cargos formulados por Sandra Patricia Perea, la Superintendente Delegada para Emisores, Portafolio de inversión y otros agentes, las personas sometidas al proceso sancionatorio han insistido en que el organismo no puede castigar a alguien por un procedimiento que él mismo autorizó.

Así las cosas, hay quienes consideran que, de comprobarse la autorización, la Superfinanciera no podría mirar la paja en el ojo ajeno, con la viga en el propio.

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