| 10/3/2013 6:00:00 AM

Carrera de obstáculos

Las investigaciones para saber si el Gobernador de Cundinamarca ha sido el verdadero dueño de la firma ICM, que contrata con el departamento, deben pasar por paraísos fiscales.

Los movimientos de una cuenta abierta en Islas Vírgenes por el empresario colombiano Francisco Javier Mora Jaramillo, representante legal de Arión S.A., podrían darles a las autoridades colombianas las claves para establecer si el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, tenía o no algún interés económico particular en la millonaria concesión vial en su departamento.

Otras pistas adicionales serían ofrecidas por las operaciones de cesión y posterior venta, a través del Helm Bank en Panamá, de la Concesionaria Panamericana, sociedad comercial que actualmente opera los contratos de construcción y mantenimiento de los trayectos viales Alpes-Villeta (33,4 kilómetros) y de Chiguacal-Cambao (78 kilómetros).

Arión S.A. es una compañía socia del consorcio, del cual hacía parte también la firma de ingeniería ICM, en la cual el Gobernador admite haber desempeñado un doble papel: asesor con honorarios y representante temporal de los intereses de unos de sus cuñados.

Al lado de Arión e ICM, las demás empresas socias, Progresión S.A., Obrecasca C.A. e Ingepro aceptaron ceder el consorcio a través de una serie de intrincadas operaciones comerciales cuyos recursos pasaron por las cuentas de Mora Jaramillo como representante simultáneo de Aguaviva Corp., una firma de inversiones radicada en Islas Vírgenes, con el registro número 1644374.

Aunque aún no está claro si Aguaviva fue la primera beneficiaria de la cesión hecha por el consorcio, lo cierto es que tuvo una participación en su posterior venta al Grupo Aval en territorio panameño.

Los pagos fluyeron a través de cuentas de la compañía Aguaviva, después de que el negocio fuera estructurado con la ayuda de por lo menos dos bancas de inversión.

Adicionalmente, en mayo de 2011 las compañías que integraban el consorcio firmaron un contrato de cesión de créditos con Episol SAS, filial de Corficolombiana.

“Hay un asunto que podría ser más que una mera coincidencia: cuando se produjo la venta, Álvaro Cruz recibió importantes sumas del consorcio como pagos de créditos que él le había hecho a ICM” le dijo a Dinero una persona enterada de la operación.

El Gobernador sostiene, sin embargo, que los únicos pagos que recibió de ICM fueron por concepto de su asesoría. “Recuerden –dijo el mandatario regional– que yo, antes que político y Gobernador, he sido un ingeniero bien calificado”.

Sin embargo, el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, considera que la Fiscalía –ante la cual él ya formuló denuncio– deberá seguir la ruta del dinero en los paraísos fiscales con el fin de establecer si, con una parte de ese dinero, el mandatario invirtió en bienes raíces en el estado de la Florida (Estados Unidos).

Antiguos empleados de las firmas que hicieron parte del consorcio no descartaron la posibilidad de rendir testimonio ante las autoridades para apoyar no solo la denuncia sino para detallar otros pormenores del caso. “Los investigadores –dijo uno de ellos– deberán establecer, entre otras cosas, si aquí se dio también una sofisticada y compleja operación sobre las condiciones de usufructo de la concesión, que sirvió en su momento para bajar artificialmente sus ingresos y distribuir el equity entre sus socios”.

“Estoy seguro –agregó otra de las fuentes consultadas– que estas operaciones se dieron antes de la venta y que fueron manejadas por el hoy gobernador Álvaro Cruz, según consta en actas de juntas y asambleas que permanecen ocultas”. La junta sesionaba una vez por mes en el club El Nogal. “Allí –asegura uno de los asiduos asistentes– no se movía una sola hoja sin el visto bueno del doctor Cruz”.

El Gobernador insiste en que no tuvo relación alguna con la concesionaria y que su vínculo con ICM fue el de un subcontratista, razón por la cual no hay ni puede haber actas que lo muestren tomando decisiones.

Actualmente un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia evalúa el mérito de la denuncia interpuesta contra el Gobernador para decidir si es necesario o no investigarlo formalmente.

El Gobernador, según algunos de sus asesores, no descarta la posibilidad de contraatacar y promover un proceso contra sus detractores por los presuntos delitos de falsa denuncia, calumnia e injuria”. La sentencia corresponderá solo a la justicia.
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