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La contralora Sandra Morelli dice que la entidad a su cargo ejercía control pero había relegado a un segundo plano la función vital de vigilancia.

| 12/12/2012 7:00:00 AM

Los ojos de la contralora

En entrevista con Dinero, la contralora Sandra Morelli explica su estrategia para 2013. Las obras de infraestructura y la subasta de telefonía 4G estarán bajo su lupa.

Sin perder de vista los recursos de las regalías ni descuidar el propósito de recuperar para el patrimonio público los miles de millones que han sido desviados por operadores del sistema de salud, la Contraloría tiene definidas sus estrategias para 2013.

En su agenda tienen valor privilegiado la vigilancia en la ejecución de $44 billones que el Gobierno ha reservado para marcar el curso de su ‘locomotora’ de la infraestructura y el acompañamiento de la subasta de la telefonía móvil 4G; donde, a juicio de la contralora, Sandra Morelli, el Estado puede perder una buena dosis de autonomía.

— ¿Cuáles serán aquellos casos de investigaciones “emblemáticas” en los que el país podrá conocer resultados durante el nuevo año?


Hay muchas investigaciones produciendo resultados, pero vamos a poner énfasis en los procesos de responsabilidad fiscal relacionados con el manejo de dineros de las regalías. Los casos más avanzados son aquellos que comprometen recursos por casi $40.000 millones invertidos, en condiciones irregulares, en patrimonios autónomos por entidades territoriales de Casanare, Meta, Arauca y Nariño. Uno de los más relevantes afecta al municipio de Arauca y se trata de una inversión en Valores Probolsa-Sefinco por $85.000 millones. Otro es el de patrimonio Carbones Likuen, en donde fueron invertidos $25.000 millones del departamento del Casanare.

— Las investigaciones en el sector salud tienen en ascuas a muchos…


Hay actuaciones contundentes ya consolidadas y otras que están en la etapa final del proceso de responsabilidad fiscal. Tenemos imputación de cargos a Saludcoop EPS por $1,7 billones, debido a la desviación de recursos del sistema para otros fines: adelantar gestiones y negocios de finca raíz, inversiones en el extranjero, pagos de créditos y leasings, sobrecostos de medicamentos.

Está en curso una investigación preliminar a Caprecom EPS por hechos generadores de detrimento patrimonial por $1,1 billones. Nuestra Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción ya abrió formalmente el proceso de responsabilidad fiscal por más de $386.000 millones.

La actuación del Grupo de Reacción Inmediata que le ha hecho seguimiento al régimen subsidiado nos permitió detectar la desviación de $1,02 billones provenientes del Sistema General de Participaciones en 74 municipios en la vigencia 2010. Hay siete procesos de responsabilidad fiscal derivados de la auditoría regular al Fosyga –$144.000 millones–, por sobrecostos en medicamentos recobrados, pago por tutelas falsas con recursos de la subcuenta Ecat, entre otras conductas.

En síntesis, son cerca de 600 procesos del sector salud que se adelantan en las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República, entre las que se incluyen la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Unidad de Investigaciones, Juicios y Jurisdicción Coactiva y Delegada para el Sector Social, que suman varios billones de pesos correspondientes a recursos públicos del sistema de salud.

— ¿Cuáles son aquellos casos que, por su complejidad, demandarán eventuales ajustes al modelo de vigilancia y control aplicado por usted?

Es clave aquí recordar que la Constitución le asignó a la Contraloría funciones de vigilancia y control. Tradicionalmente el control se ejercía, pero no se había afianzado la vigilancia. Desde que llegué aquí propuse un nuevo control fiscal orientado a realizar auditorías por proyectos. Lo aplicamos con motivo de la emergencia invernal 2010–2011. A partir de noviembre de 2010 hemos vigilado $4,24 billones y produjimos 75 informes de seguimiento. Abarcamos todos los departamentos del país y 1.000 municipios.

Oportunamente detectamos riesgos sobre cerca de un billón de pesos y se lo advertimos a los ejecutores. Abrimos 63 procesos de responsabilidad fiscal por $15.800 millones y promovimos el ejercicio del control social con el apoyo a la creación y el ejercicio de 97 veedurías ciudadanas.

A partir de mayo de 2012 hemos realizado 65 audiencias especiales de seguimiento con entidades nacionales y entes territoriales. A ellas van contratistas, interventores y representantes de Colombia Humanitaria y Fiduprevisora. Los resultados están a la vista: la ejecución física de las obras ha pasado de 40% a 88%.

— En este campo, el meridiano de la corrupción parece pasar por la Costa. ¿Qué se ha logrado allí?


Gracias a esta vigilancia, en Córdoba se logró un beneficio de $1.200 millones en el contrato de suministro de ayudas humanitarias. Identificamos sobrecostos en la adquisición de los kits de alimentación y de aseo en Bolívar, Chocó y Sucre. En Atlántico se evidenció la desnaturalización de las ayudas con la entrega de bonos redimibles en los supermercados. Los damnificados no estaban supliendo las necesidades nutricionales adecuadas. Con respecto a las obras de rehabilitación, se encontró, en líneas generales, incumplimientos contractuales, demoras en la ejecución, baja calidad, no pertinencia de las mismas e incluso obras abandonadas.

Con perspectiva de continuidad, en 2013 estaremos desarrollando esa oportuna vigilancia en sectores como salud, educación, vivienda urbana y rural, víctimas y seguridad vial.

— El despegue de la locomotora de la infraestructura demandará ojo avizor…


Sí, el Plan de Desarrollo del Gobierno compromete $44 billones para obras de infraestructura. Frente al diagnóstico original del sector, se encontraron serios inconvenientes que no permitían realizar tranquilamente una ejecución de los recursos. Lo anunciaba el Congreso de la República, lo constató y verificó la Contraloría y esto se tradujo en serios hallazgos, entre septiembre de 2010 y octubre de 2012, por más de $2,3 billones.

Fruto del trabajo auditor, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura logró recuperar durante ese mismo lapso más de $2,7 billones. Las constantes eran la falta de estudios y diseños, los anticipos entregados con laxitud, que se traducían en la pérdida de recursos, y obras inconclusas o abandonadas.

Se hizo necesario un cambio legislativo drástico. Fue expedido el Estatuto Anticorrupción para garantizar proyectos con estudios y diseños completos, buen manejo de los anticipos y comportamiento eficaz de los interventores. Luego vino la Ley 1509 de 2012, que puso en cintura los proyectos de concesiones frente a la verdadera financiación de los particulares y la calidad de las obras y servicios esperados. La Contraloría diagnosticó y apoyó técnicamente al Congreso y al Gobierno para gestar estos cambios.

En colaboración con otras entidades públicas, conseguimos que el país cuente con mecanismos idóneos de seguimiento a los proyectos, tales como cámaras con transmisión continua del estado de las vías contratadas. Esto permitirá saber el verdadero estado de avance de obra, la cantidad de personal vinculada y la maquinaria que utiliza cada contratista. Todo ello es fundamental porque los ingresos de la totalidad de las concesiones viales del país ascienden a $25 billones y van aproximadamente por 30 años.

— La subasta 4G de telefonía móvil también constituye un desafío para los entes de control. ¿Cómo lo asume usted?

Es el proceso más importante desde el punto de vista de recursos e interés para los usuarios. El seguimiento a la subasta será prioritario dentro de nuestra idea de velar por la integridad en el manejo de las concesiones. Revisaremos los contratos actuales, evaluaremos el comportamiento de los distintos actores, el tratamiento al consumidor, la competencia y las posibles posiciones de dominio.

La reversión, es decir, la entrega de la infraestructura y demás inversiones inherentes al servicio en el país, una vez terminados los contratos de concesión, no será para nosotros un tema de poca monta. Por esta vía se puede presentar un desequilibrio en contra del Estado. Se podría correr el riesgo de que el mismo Estado perdiera autonomía frente al sector, al no ser el propietario de las redes indispensables para garantizar un servicio público.

No perdamos de vista que los recursos que maneja el sector de telecomunicaciones son de la mayor magnitud para el país, si tenemos en cuenta que sus utilidades ascendieron a $4 billones, aproximadamente, con un mercado total de aproximadamente $20 billones. Conglomerados como Claro y Movistar cuentan con 43% y 21% del total de los ingresos del sector.

— Dentro de la nueva dinámica de los juicios de responsabilidad, ¿cuántos recursos se han recuperado para el Erario?

Entre el primero de enero de 2010 y el 27 de noviembre de 2012, los recaudos por jurisdicción coactiva llegan a $22.239 millones. Hemos archivado, previo pago de las sumas imputadas, procesos por $10.270 millones. Los beneficios de control fiscal han llegado a los $2.995 millones. Estos beneficios corresponden a la cuantificación del ahorro o recuperación que ha generado la acción de los auditores de la Contraloría cuando, en desarrollo de una auditoría, identifican hechos que podrían constituir daño fiscal y logran prevenirlos. Creo que estamos ganando terreno en el ámbito de la prevención

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