El senador Bernabé Celis se enfrenta por estos días al predicamento de demostrarle a la Corte Suprema de Justicia que el hecho de que su esposa represente la máxima autoridad ambiental de Bucaramanga y que la firma Entorno Verde –de propiedad de amigos políticos suyos– haya recibido de manos de ella dos licencias para construir y operar el principal relleno sanitario de Santander, no implica que él esté detrás del multimillonario negocio de almacenamiento y tratamiento de basuras en el departamento.

Su señora es Elvia Hercilia Paéz, directora de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). Entre enero de 2010 y enero de 2011 adjudicó dos licencias ambientales a la firma Entorno Verde. Los investigadores de la Corte buscan determinar si en esa compañía tienen intereses algunos financiadores de la campaña del parlamentario, como el dirigente Reynaldo Bohórquez.

También deberán establecer qué tipo de participación tiene en la compañía el empresario Freddy Anaya, a quien los denunciantes señalan como el verdadero dueño de la firma, pese a que su nombre no figura en los documentos de constitución. Anaya fue candidato a la Alcaldía de Bucaramanga por el mismo partido del senador Celis y fue la persona que antecedió en el cargo a su esposa.

El eje de la controversia gira en torno al Parque Chocoa. Así se conoce al relleno que debería sustituir la actual celda de emergencia de El Carrasco, a pocos kilómetros de la ciudad. Según el programa inicial, Chocoa debe almacenar y tratar los residuos sólidos de 17 municipios de Santander, entre los que se encuentran los que integran el área metropolitana de Bucaramanga.

El proyecto, suspendido transitoriamente por una acción popular, se ubica en el área más productiva del municipio de Girón y tan solo a dos kilómetros del embalse de la hidroeléctrica del río Sogamoso (Hidrosogamoso), donde habrá de funcionar también un centro náutico. La construcción del relleno ha demandado una inversión inicial de $20.000 millones y operará bajo la forma de una concesión a veinte años que aportará réditos por $216.000 millones, a precios de hoy.

Una posible violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades es la primera duda apremiante que habrá de absolver el congresista. Cuando Dinero lo llamó, el parlamentario prefirió delegar las respuestas a su abogado, Hugo Quintero Bernate.

El penalista asegura que no existe tal violación porque la esposa de su cliente llegó al cargo por concurso de méritos y no por designación política. “El Senador ha estado al margen del tema del relleno sanitario. La Procuraduría no ha hallado méritos para sancionarlo y confío en que la Corte también haga lo propio porque las denuncias tienen carácter anónimo y carecen del más mínimo sustento”, señaló el penalista. El caso se encuentra en el primer plano de actualidad porque un juez administrativo ordenó el cierre de El Carrasco a partir del pasado 30 de septiembre y otro ordenó la suspensión de la construcción del Parque Chocoa, por lo cual la región se encuentra al borde de una emergencia sanitaria.

Contra viento y marea
Dinero obtuvo documentos que muestran que el relleno sanitario se ha venido abriendo paso en contravía de informes técnicos calificados. El ingeniero ambiental Luis Felipe Aparicio Torres, comisionado por la Procuraduría, identificó 18 irregularidades y riesgos de alto impacto ambiental. Entre los principales figuran la afectación de cinco fuentes de nacimientos de agua, la eventual contaminación del embalse de Hidrosogamoso y la contaminación de los cultivos de los que dependen 250 familias.

A ello se agrega un alto riesgo sísmico, la posible vulneración de normas de legislación aeronáutica que prohíben la existencia de este tipo de obras a menos de 13 kilómetros del cono de aproximación de los aeropuertos por el peligro que representan vectores tales como aves de rapiña. “Como si esto fuera poco, los contratistas no tienen carros recolectores con especificaciones técnicas y los habitantes de Girón, monumento nacional, tendrán que soportar que por las calles del casco urbano transiten diariamente entre 200 y 300 volquetas que regarán lixiviados”, agrega el veedor cívico Saúl Ortiz Barrera.

Al igual que su esposo, la directora de la CDMB delegó su vocería en un funcionario subalterno. Marco Alirio Duarte Olarte, subdirector de Evaluación y Control Ambiental, le aseguró a Dinero que la corporación no tiene dudas sobre la seriedad y la capacidad técnica de Entorno Verde. “En un Estado de Derecho –dijo el funcionario– debemos atenernos a la legislación y a los estudios técnicos y no deben merecernos consideración rumores o versiones infundadas”. Según él, la construcción del relleno cumple con las especificaciones técnicas, supone un bajo costo ambiental y corresponde a decisiones adoptadas por la justicia contenciosa administrativa y el Ministerio de Ambiente.

Mientras el congresista ejerce febrilmente su defensa (ver recuadro) el Consejo de Estado deberá dar la última palabra respecto a la acción popular que mantiene suspendida la obra. Solo cuando fallen las dos cortes se sabrá el tamaño de los intereses que pueden estar rondando un proyecto que tiene toda la apariencia de un negocio redondo y riesgoso.