| 6/28/2010 7:00:00 AM

Los juegos ilegales someten la salud a un destino azaroso

La operación ilegal de casinos, máquinas de juego clandestinas y chances paralelos se refleja en una evasión fiscal de $300.000 millones al año. La reforma tributaria que acaba de ser aprobada buscará atenuar el problema.

Las ventas anuales de los operadores ilegales de juegos de suerte y azar alcanzan anualmente los mismos $1,2 billones que el Estado colombiano espera recaudar para el deprimido sector de la salud a instancias de la reforma tributaria aprobada por el Congreso el pasado 18 de junio, en vísperas del cierre de la legislatura.

Cálculos de la Dian y de la Superintendencia de Salud estiman que quienes operan en esa penumbra de ilegalidad dejan de pagarle anualmente al fisco entre $250.000 millones y $300.000 millones y que si durante el último lustro se hubieran formalizado y hubieran pagado sus impuestos, el déficit del sector subsidiado estaría prácticamente enjugado.

De acuerdo con cifras de Baltasar Medina, presidente de la Federación de Juegos de Suerte y Azar, el impacto fiscal anual de la evasión atribuible a ese sector de informalidad e ilegalidad bordea el 35% del mercado. Según el Ministerio de la Protección Social, las sumas evadidas anualmente alcanzarían para brindar atención en hospitales de segundo nivel a más de un millón de usuarios, realizar más de 10.000 cirugías complejas a pacientes de escasos recursos y atender unas dos millones de consultas externas a personas registradas en el Sisbén.

Con la aprobación de la reforma tributaria, que pretende suplir los vacíos dejados por la caída de la emergencia social decretada por el Gobierno en diciembre de 2009, el Estado quedó dotado de nuevos instrumentos -varios de ellos de tipo punitivo- para atacar un problema crónico de evasión que contribuye a que la salud se haya convertido en un sector con débiles signos vitales.

Apelando a la misma lógica impuesta a la hora de legislar contra problemas como el secuestro y la corrupción, Gobierno y Congreso estuvieron de acuerdo en que el establecimiento de penas de prisión puede convertirse en un mensaje disuasivo certero para aquellos que han preferido, por ejemplo, pagarle un soborno a un representante de Etesa -en liquidación- que pagarle a la salud el tributo justo por la explotación de una actividad en la que a diario miles de personas parecen jugar su destino al mejor postor.

Así, por efectos de la reforma en el Código Penal, el delito, aunque no es nuevo, recibirá un castigo mayor: ejercicio ilícito del monopolio rentístico de la Nación. Dentro de ese mismo contexto draconiano, las penas de prisión para los operadores ilegales oscilarán entre seis y ocho años y las multas irán de 50 a 500 salarios mínimos, es decir entre $26 millones y $260 millones.

Con Etesa en la recta final de su proceso de liquidación, la aplicación de la estrategia para controlar el fenómeno, más allá de las medidas represivas que se queden sobre el papel, dependerá ahora de la Dian y de la Superintendencia de Salud.

En medio de este nuevo panorama, Dinero investigó cómo opera el mercado clandestino y en qué medida algunos agentes del Estado lo pueden estar favoreciendo e indagó también, con base en denuncias hechas por operadores legales, cuáles son las regiones más afectadas por el fenómeno. Si bien las cifras son todavía preliminares, en la medida en que existen zonas aún sin control, por ahora está comprobada la existencia de más de 4.000 lugares donde operan centros de juegos de suerte y azar sin Dios ni Ley (ver mapa).

Allí surgen historias que comienzan a darles a las autoridades fiscales y a la propia administración de justicia una idea más exacta del problema, al que se suman hechos como la creciente clonación de máquinas para casinos producidas en los tres principales centros de desarrollo de tecnología para el sector que se encuentran en Estados Unidos, Europa y Australia. En esas condiciones, importadores legales que pagan aranceles hasta del 20% por la importación de esos equipos están en franca desventaja frente a aquellos que explotan subrepticiamente y sin costos esa actividad. Estos son algunos rasgos de esas historias.

Disciplina fiscal, expresión vetada

La proliferación de los juegos clandestinos de suerte y azar no está reservada a las grandes urbes como ocurre en otros países. En el caso colombiano, sin que Bogotá, Medellín o Cali estén exentas del problema, su impacto es marcadamente regional. En Pamplona, Norte de Santander, por ejemplo, concejales y representantes gremiales aseguran que la expresión "disciplina fiscal" está "vetada moralmente" en un municipio en el que los propios servidores públicos estimulan y sacan provecho de los juegos clandestinos y, por ese camino, favorecen la evasión.

De acuerdo con documentos que veedores ciudadanos le enviaron recientemente a la Fiscalía General de la Nación, allí hay 116 máquinas de juego no reconocidas oficialmente por Etesa y que presuntamente son de propiedad de funcionarios de la administración.

Esos centros de juego están a la vista de todo el mundo, pero durante los últimos dos años no han recibido ninguna visita de inspección. En el parque central hay por lo menos dos, y en la terminal de transportes está "Las Vegas", un negocio rentable cuya razón social alude a la capital mundial de las fortunas por azar.

Una situación similar se plantea Guayabal, en los extramuros de Medellín, donde en tiempos recientes dos inspectores de Etesa pagaron con sus vidas la osadía de practicar visitas sorpresivas a locales que se han ido expandiendo por una suerte de "zona franca" para los juegos. Allí, en un solo establecimiento están en servicio hasta la madrugada diez máquinas que no hacen parte de ningún censo oficial.

De acuerdo con testimonios ofrecidos por los denunciantes ante la Fiscalía, las anomalías se extienden a la existencia de un mercado negro promovido por servidores públicos para uso del suelo por parte de los operadores clandestinos en zonas vedadas para ellos de acuerdo con el decreto 725 de marzo de 2006, todavía vigente.

Simultáneamente, en otros municipios del área metropolitana de Medellín, Envigado, Sabaneta y Bello, especialmente, hay incluso casos documentados de presiones de grupos armados para sacar de las zonas del juego a operadores legales registrados ante Etesa que pagan cumplidamente sus impuestos, para dar cabida a redes clandestinas que no aceptan competencia alguna. En ese sentido, se reproduce allí un fenómeno que hasta hace poco se suponía reservado a zonas afectadas por la violencia, como las comunas nororiental y noroccidental de Medellín, donde la propia policía tiene problemas de ingreso.

Control subcontratado

En Atlántico y en Bolívar existen, de acuerdo con los registros parciales de un informe de la Fiscalía y la Supersalud, 1.134 y 626 de sitios similares de juegos y apuestas que han operado a sus anchas por cuenta de la venalidad de funcionarios llamados a vigilarlos. Hasta enero pasado, cuando el Gobierno decidió la liquidación de Etesa, era común en aquellos departamentos que los delegados regionales de la entidad decidieran, a título personal, subcontratar las visitas de inspección a establecimientos que debían pagar impuestos para la salud. Eso dio lugar a que los cobros de las llamadas coimas o sobornos se convirtieran en pan de cada día.

"En Barranquilla, Malambo y Sabanalarga era frecuente que los operadores clandestinos accedieran a pagar a los delegados subcontratados entre $50.000 y $60.000 por cada máquina, mientras en condiciones normales debían pagar $250.000 en impuestos por cada una de ellas", cuenta un ex delegado que quedó cesante a raíz de la reestructuración.

Una comisión de la Fiscalía que realiza indagaciones en varios departamentos documentó recientemente que en Bucaramanga y otros municipios de Santander se ha hecho frecuente la práctica de ponerles marquillas con el mismo número de serie a varias máquinas para que, contrastadas con los registros oficiales, aparezcan al día en materia tributaria. Varios de esos equipos se encuentran camuflados dentro de establecimientos reconocidos legalmente. "Revisando la documentación, nos hemos encontrado con que algunos antiguos delegados de Etesa redondeaban la cuota legal de gestión amparando la ilegalidad", asegura un oficial de la Policía Fiscal y Aduanera.

Pero más allá de los episodios documentados hasta ahora, el negocio se ha visto permeado por la influencia de grupos armados emergentes, lo que le ha dado, según funcionarios de la Superintendencia de Salud "una innegable connotación mafiosa", como en tiempos recientes, antes del proceso de Justicia y Paz, ocurría con el chance.

Operadores legales insisten en que el mismo régimen impositivo ha estimulado, a su manera, la ilegalidad pues los incrementos de las tarifas del IVA durante los últimos años han resultado excesivos. A comienzos de año, por ejemplo, se dio un incremento del 5% al 16% de dicho impuesto -con los decretos de Emergencia Social-, tras lo cual ha crecido exponencialmente el riesgo de evasión. Aún así, la industria de los juegos tributó durante 2009 algo más de $550.000 millones por derechos de explotación y $130.000 millones por concepto de IVA.

La reforma tributaria recientemente aprobada, la quinta durante la administración de Álvaro Uribe, busca ahora generar un equilibrio entre el aumento de los impuestos y la reducción de la franja de ilegalidad en beneficio del sector salud. De hecho, los ingresos adicionales recaudados por efectos del aumento de la tarifa del impuesto sobre las ventas a la cerveza y a los juegos de suerte y azar, se destinarán a la unificación de los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado.

Si no se consigue hacer valer en la práctica ese equilibrio, la suerte de la salud seguirá siendo un juego en el que no siempre gana el mejor postor.

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