“Los directivos de allí tienen más antecedentes penales que ejecutorias”, dice con desazón el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, al denunciar que el Fondo Ganadero del Meta sigue bajo el control de un hombre que está reducido a prisión. “No ha habido poder divino o humano capaz de conseguir que la Cámara de Comercio de Villavicencio registre la nueva junta directiva de esa entidad”, se duele.
El Ministro no menciona nombres propios, pero solo hace falta conocer los antecedentes más recientes de la crisis que amenaza con la liquidación de la mayoría de los nueve fondos que aún subsisten en el país para saber que se refiere a Hernando Coy Cruz. Este ganadero está detenido por falsificación de documentos y otras maniobras dolosas que lo llevaron a apoderarse de la mayoría de las acciones clase B que representan los aportes de personas naturales y jurídicas privadas en el Fondo.
Lo cierto es que Coy y sus aliados ya deberían estar por fuera de la junta de la Cámara de Comercio de Villavicencio, pues así lo ordenó la Superintendencia de Sociedades al cabo de una acción de control en la que encontró que los principales activos están subvalorados y en riesgo de perderse y que los desgreños son pan de cada día.
Sin embargo, solo la existencia de un poder siniestro –según funcionarios del Ministerio y de la Superintendencia– explica por qué la Cámara de Villavicencio ha bloqueado el cambio de inscripción de la nueva Junta y ha dejado abierta la posibilidad de que una nueva Asamblea, prevista para el próximo 26 de julio, sea controlada por las mismas personas que convirtieron el fondo en un feudo personal.
El adjetivo siniestro no es exagerado a juzgar por los antecedentes. Desde 1997 obran contra Coy procesos penales por usurpación de tierras, homicidio, hurto mayor de ganado y falsedad. Hasta una hermana del potentado, a la que este logró que la declararan mentalmente interdicta, lo acusa de haber enviado a su padre a la cárcel, de ser cómplice de la muerte de su madre y de haber despojado de valiosas tierras a otros miembros de su familia.
Su pasado y su presente cobraron notoriedad el año pasado, cuando el presidente Juan Manuel Santos puso en evidencia la crisis de los fondos y anunció una fuerte acción estatal para depurarlos y salvarlos. Santos intervino, entre otras razones, porque el torbellino que arrasa los recursos de los fondos envuelve también recursos públicos. En el caso del Fondo del Meta, donde la participación del Estado es de 35,42%, están a punto de perderse cerca de $70.000 millones.
¿Por qué Coy se resiste a soltar el control del Fondo? Un negociado en ciernes hace siete años podría explicarlo. En agosto de 2005, Bioagrícola del Llano S.A.- ESP, ofreció comprarle al Fondo las haciendas Catama y San Isidro, dos espléndidos hatos, que son sus últimos y más valiosos activos. Como garantía de propuesta mercantil, la empresa consignó $392’229.375 en la cuenta número 180-593431 del Banco Superior. Las partes acordaron que si los terrenos eran incluidos en el POT, el Fondo reintegraría el dinero al oferente.
Cuando se produjo efectivamente la inclusión en el POT, ya el Fondo se había gastado la plata del depósito. Bioagrícola presentó una demanda ejecutiva y hoy el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio está a punto de fijar fecha para rematar los terrenos. Lo más grave del asunto es que, tanto el Ministerio de Agricultura como la Superintendencia, han descubierto que pocos días antes de que se pactara el fallido negocio las directivas del Fondo modificaron artificiosamente el avalúo de los terrenos e inscribieron en libros un valor comercial de $20 millones, cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi lo tasa en $80.000 millones.
Pero hay más. Bioagrícola, firma que ofreció finalmente pagar $10.000 millones, tiene entre sus socios fundadores al propio Coy. Por eso hay motivos para pensar razonablemente que el negocio y el pleito judicial no han sido más que una simulación para que él y sus socios puedan quedarse con los $70.000 millones de diferencia.
El Ministro de Agricultura conmina por eso a la Cámara de Comercio de Villavicencio a no bloquear más la inscripción de la nueva Junta Directiva del Fondo, mientras la Superintendencia de Sociedades encuentra que solo la intervención de la entidad y sus activos podrían evitar un costoso desafuero.
Dinero buscó a Coy para contrastar su versión. Lo llamó hasta el domingo 15 de julio a su casa, donde debería estar en prisión domiciliaria por orden judicial, pero uno de sus empleados respondió: “don Hernando salió a hacer una vuelta”.