La ansiedad ha vuelto a apoderarse de los clientes de Factor Group, la empresa que alguna vez se perfiló como la más poderosa en compra y venta de cartera en el país. Ha transcurrido ya casi un año y medio desde que la Superintendencia Financiera ordenó la suspensión de operaciones de la compañía, al encontrar evidencia de captación ilegal de recursos y las medidas adoptadas por las autoridades no surten el efecto deseado.
El plan de desmonte, obtenido por su presidente, David Wigoda, como tabla de salvación ante la Superintendencia de Sociedades, marcha más despacio de lo previsto y la recuperación de cerca de $300.000 millones embolatados parece convertirse en una utopía.
Algunos clientes se quejan de que las garantías que les ofrecen a cambio de sus recursos están ‘infladas’ en su valor y que a la larga se convertirán en un encarte mayor para ellos. Otros han preferido buscar por cuenta propia bienes que Wigoda mantiene ocultos y que, según ellos, podrían servirles para resarcir los perjuicios causados.
En medio de este escenario, Dinero tuvo acceso a documentos reservados y a los correos privados de Factor Group. Su contenido es un cofre de secretos que hasta ahora se suponían a salvo. Algunos de ellos revelan la existencia de fondos y empresas en paraísos fiscales hacia los que fueron desviados recursos captados en Colombia. Otros reflejan aspectos desconocidos de la personalidad de Wigoda, un empresario que pareció tomar brillo propio después de haber hecho carrera como joven ejecutivo del Grupo Empresarial Antioqueño.
Con base en esos documentos inéditos la Revista reconstruye historias que podrían llamar la atención de los órganos de control y de la Justicia.
El fondo secreto
A juzgar por el contenido de dos requerimientos de información enviados por la Superintendencia de Sociedades a finales de 2012, las autoridades colombianas ignoraban que David Wigoda disponía de un fondo radicado en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, nutrido con dineros captados por Factor Group en Colombia y el exterior.
Juan Camilo Herrera, coordinador encargado del Grupo de Reorganización de la Superintendencia, le pidió por escrito a Wigoda que rindiera un informe detallado sobre las relaciones que su empresa hubiera podido tener con otra denominada High Yield Plus Inc. El 12 de diciembre la delegada para Procedimientos Mercantiles reforzó la solicitud y pidió detalles concretos sobre los dueños de dicha compañía, sus representantes en Colombia y la forma como recursos de clientes colombianos hubieran podido llegar allí.
El dueño de Factor Group no respondió con los detalles que le pedía el organismo de vigilancia y, luego de advertir que la pregunta era “abierta” y “sin finalidad alguna”, se limitó a decir que se trataba de una operación con recursos propios con una empresa en el exterior que reflejaba una decisión administrativa “totalmente legítima”.
Sin embargo, la correspondencia reservada revela que High Yield Plus es un Fondo abierto en 2007 que tuvo como primer manager a Beatriz Wigoda, hermana de David. En junio de 2010, época de la que data la última información disponible, disponía de activos por US$25,2 millones. Periódicamente presentaba proyecciones favorables a los inversionistas y los invitaba a sumar esfuerzos para cumplir la meta de disponer en 2013 de recursos de inversión cercanos a los US$500 millones con la garantía de excelentes réditos.
Sus operaciones en Colombia eran cubiertas con un manto de sigilo. Así lo dejan ver los correos electrónicos que las personas encargadas de capturar clientes le enviaban a Wigoda para mantenerlo al tanto de los movimientos y pedir su visto bueno para los más complejos. El 21 de noviembre de 2011, Pilar Martínez le informó que Andrea Johana Marroquín, cesionaria de parte de un portafolio, requería con urgencia un giro para pagar una bodega. El problema, según Martínez, era que si bien contaban con el cliente de un banco que les quería ayudar a hacer el traslado a través de su cuenta, el monto de este (US$160.000) podría alertar a las autoridades, conducir a un reporte por lavado de activos y motivar una investigación de la Dian.
Los ladrones y el FBI
En octubre de 2011, cuando Factor Group hacía agua en medio de una crisis financiera y se acogía a un plan de desmonte en la Superintendencia, los clientes del fondo comenzaron a presionar por la devolución de los recursos. Algunos amenazaron con formular denuncias penales, aun a costa de su propia libertad. Por eso, el 3 de agosto de 2012, Aurelio Tobón Estrada, abogado de Wigoda, debió hacer un gran esfuerzo para calmarlos.
Tobón, exsecretario del Congreso de la República y un hombre que hizo carrera como manejador de inversiones en el sector agropecuario, les envió por correo un extenso documento para justificar la crisis transitoria –según él– del High Yield Plus. En tono de expediente, el correo relata que unos US$8 millones están comprometidos por obra de maniobras dolosas de “clientes desleales”.
Entre ellos señala a Ayottote Trailer, empresa de origen canadiense que servía de fachada –siempre según su relato– a una multinacional del crimen dedicada a los desfalcos y fraudes que han causado perjuicios por más de US$60 millones a quince empresas en Estados Unidos y en la propia Canadá.
También extiende su dedo acusador contra Timber Depot, empresa familiar cuyos recursos provenían de negocios madereros. Timber fue cliente número uno del Fondo hasta que decidió ampliar las garantías originales con cheques que resultaron incobrables.
El representante de Wigoda envió como prueba las carátulas escaneadas de expedientes judiciales abiertos en cortes de los Estados Unidos. Durante todo este tiempo les ha insistido a sus clientes que la agencia estadounidense FBI ya está tras la pista del dinero y que busca hacer causa común con su similar canadiense para aprehender a los responsables y recuperar los recursos. El tiempo estimado para lograrlo es de cuatro años.
La versión deja grandes dudas, entre otras cosas porque en la misma época en la que se habrían producido los fraudes (2010) el Fondo presentó ante sus clientes unos estados financieros impecables que no advertían de riesgo alguno. Incluso en 2011, cuando les pidió ampliar sus portafolios y plazos a cambio de mayor rentabilidad, les informó que contaba con los servicios de Atardius, una aseguradora líder en la protección del crédito con ingresos de 1,3 billones de euros y 90 oficinas en 40 países.
El circuito panameño
Otros correos revelan que diferentes empresas de Wigoda, que funcionaban a nombre de su secretaria personal y de otros empleados subalternos, fueron integradas a un círculo de inversionistas panameños, cambiadas de domicilio y registradas en el exterior, en lo que podría ser parte de una maniobra para eludir controles.
El 14 de noviembre de 2011, Wigoda le escribió a Diana Bonnet, su directora jurídica: “Berner Capital Ltda. (BCL), sociedad panameña, le compra a Dorita (se refiere a Dora Pereira Santamaría, su secretaria personal en ese momento) el 100% de las acciones de CM (Credix Mart)”. Y le envía en archivo adjunto los estatutos que la deben regir.
Sus movimientos y una aparente inclinación a maquillar la información sobre los estados financieros y los movimientos empresariales, hicieron que por esa misma época los equipos de revisoría fiscal y de contaduría de Factor Group y de empresas consideradas satélites se revelaran. Según una de las fuentes consultadas, algunos de los ejecutivos le dijeron al presidente de Factor Group que el riesgo que estaba asumiendo era demasiado alto y que podría generarles problemas judiciales.
Al término de la reunión, Wigoda impartió desde su e-mail una orden perentoria: “Ni un peso más pa’ esa gente. Vamos a contratar gente dispuesta a remar para nuestro mismo lado”.
Parte de esta información llegó la semana pasada a Fiscalía y es posible que pronto se conozcan también otras cartas y correos que pondrán al descubierto la manera como fueron concertadas la constitución de garantías que los clientes de Factor Group, que se dicen defraudados, consideran “infladas”.