Durante los últimos doce meses los desplazados por la violencia le han presentado al Estado 31.820 reclamaciones con la esperanza de recuperar los primeros 2,3 millones de hectáreas que les fueron arrebatadas a punta de fusil.
Las cifras, validadas por Ricardo Sabogal Urrego, director de la unidad especializada del Ministerio de Agricultura, plantean un enorme reto para agentes del Gobierno y para un puñado de 39 jueces de reciente creación que deben enfrentar dificultades que van desde la pobre actualización catastral hasta el tránsito forzoso por campos minados.
Y, aunque es posible que los números no sorprendan a muchos, el país cuenta ya con los primeros fallos de restitución que eran impensables en la época en que guerrilla y paramilitares imponían su ley desde sus campamentos.
Son sentencias que durante el primer mes del año arrebataron de las manos de los usurpadores 85 hectáreas y 9.000 m2 de predios productivos. Dinero puso en blanco sobre negro los tonos de la ley e identificó sus seis principales problemas y atributos.
1|El martillo de los jueces
Con las nuevas designaciones por parte del Consejo Superior de la Judicatura, el número de jueces agrarios pasó de 24 a 39. En sus manos se encuentran 1.147 demandas, con las cuales las víctimas del despojo y el abandono forzado aspiran a recuperar cerca de 50.000 hectáreas. Los jueces han llegado a poner orden en la atención de las reclamaciones que antes eran resueltas en beneficio del mejor postor en contaminados círculos notariales.
2|Cifras que no cuadran
El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, caracterizado crítico de la ley, cree que las estadísticas oficiales carecen de lógica. “Las cifras oficiales de 30.000 solicitudes de restitución por dos millones de hectáreas, con un promedio de 66 hectáreas cada una, no son creíbles”. A su juicio, hay incluso problemas matemáticos en las proyecciones oficiales: el Gobierno ofrece restituir 160.000 predios, que en promedio tendrían 66 hectáreas cada uno. Sin embargo, si se totaliza el promedio sobre el número de bienes que serían reintegrados a sus dueños, la cifra total superaría las 10,5 millones de hectáreas.
3|Golpe al machismo
La Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura (URT) encontró que, por obra de una tradición absurda, en la mayoría de las zonas del conflicto los hombres se arrogaban el derecho de figurar como únicos titulares de sus tierras, con lo cual afectaban incluso la sucesión familiar. Por eso, acaba de ser habilitado un programa especial para que viudas, madres cabeza de familia y niñas menores que perdieron a sus padres puedan reclamar restituciones en condiciones de igualdad.
4|¡No hay mapas!
El suministro de información cartográfica y acceso a bases de datos que generan los procesos de localización y documentación de las solicitudes de restitución, por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no está actualizado. Por tal razón, la Unidad de Restitución ha tenido inconvenientes para definir los límites de los predios.
5|Justicia expedita
Antes de que entrara en vigencia la ley, el fallo en un juicio ordinario de restitución podría tardar entre 10 y 20 años. Ahora la sentencia tiene un término que oscila entre nueve meses y año y medio. De esta manera, ha sido posible ponerle un ‘tatequieto’ a las maniobras dilatorias de los usurpadores y de sus abogados.
6|Expertos en despojo
Así sus representantes en la mesa de negociaciones en La Habana lo nieguen, la guerrilla es el actor armado que mayor número de predios ha despojado a los campesinos. Estadísticas ya consolidadas les atribuyen 35,06% de los casos denunciados. Les siguen los paramilitares, con 34,64%, algunas empresas, 7,13% y las Bacrim 0,93%. La responsabilidad en el 20,54% restante de los casos aún no ha sido determinada.