Gustavo Petro, alcalde electo, está inquieto con el futuro de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). La semilla de su preocupación fue sembrada por miembros de su equipo de empalme que tuvieron acceso en los primeros días de noviembre a informes sobre la manera discrecional, casi sin controles, como la compañía estaría manejando sus procesos de contratación.
En particular, le ha llamado la atención la existencia de un modelo de tercerización de servicios que, si bien en teoría parecería inscrita en las tendencias modernas de la administración de negocios, en la práctica amenaza con convertirse en un feudo para el provecho de algunos pocos. Del limitado círculo de beneficiarios hacen parte funcionarios de la entraña de su actual presidente encargado, Mario Contreras Amador, que recientemente se acogieron a un plan de retiro voluntario para convertirse de la noche a la mañana en prósperos contratistas.
Durante los últimos diez meses, el círculo movió cerca de $15.000 millones en solo tres frentes de contratación: asesoría tributaria, manejo de nómina y transporte. Dinero ahondó en la información y encontró en cada modalidad los casos más representativos.
Uno de ellos es el de Carlos Julio Ramírez y Gilberto Muñoz, funcionarios del área contable que tenían a su cargo el manejo de temas tributarios, devengaban mensualmente cada uno de ellos un salario mínimo integral ($6,9 millones aproximadamente) y luego de firmar su retiro voluntario quedaron en nómina de Equm Consultoría Legal y Tributaria Ltda. Esta empresa presta los mismos servicios que Ramírez y Muñoz dispensaban como empleados de ETB, solo que a costos muy superiores.
La revista revisó, en efecto, cuatro de los principales contratos suscritos por Contreras con Equm (ver facsímiles) y encontró que la compañía facturó entre marzo y octubre cerca de $2.500 millones por gestiones para la devolución de impuestos y formulación de estrategias ya conocidas de planeación tributaria. Un solo contrato, el número 4600009431, subió a punta de prórrogas y adiciones a su valor de $223, 9 millones a cerca de $2.320 millones.
Al igual que Ramírez y Muñoz, Alfredo Suancha, responsable del manejo de la nómina, siguió trabajando dentro de las instalaciones de su empresa –con acceso privilegiado a la base datos y a todos los recursos técnicos y logísticos de la entidad– aún después de haberse desvinculado mediante el plan de retiro voluntario para crear su propia empresa. Inmediatamente después de su salida, este hombre se hizo al contrato número 4600010881 para la administración de la nómina por valor de $4.176 millones.
La situación es aun más particular que la de sus ex compañeros porque la propuesta que formuló para administrar la nómina fue radicada en marzo pasado, antes de constituir la empresa Administración y Desarrollo de Talento Humano SAS, con un capital de tan solo $20 millones, cuyo domicilio es el mismo de su apartamento. Suancha ha preferido quedarse en las oficinas de la ETB, donde usa como propios, aplicativos de sistemas comprados por la entidad en Alemania.
El mismo esquema de creación de SAS, como pivote de la tercerización, beneficia a Liliam Rocío Simbaqueba Gutiérrez, encargada de la recuperación de cartera. Actual gerente de Lisim International SAM, Simbaqueba consigue frecuentes prórrogas y adiciones y, según el contrato número 4600007464, percibe por una tarea que antes cumplía como auxiliar algo más de $517 millones.
Otro contrato que crece periódica y exponencialmente por los costos que genera es el número 4600011321, firmado hace tres meses por Contreras en calidad de vicepresidente financiero con Trans Arama, una empresa radicada en Armenia, que hoy le cobra a la ETB más $8.000 millones por el alquiler de 96 vehículos para el transporte de personal y equipo. Antiguos conductores de la ETB prepararon con destino a la comisión de empalme una carta en la que afirman que, con ellos en nómina y con el parque automotor propio, los costos de transporte serían hoy apenas de una cuarta parte del valor del contrato.
Para el presidente de la ETB y sus asesores jurídicos, muy por el contrario de lo que afirman quienes apoyan estos cuestionamientos por el manejo contractual, la tercerización, y en general los servicios adquiridos vía outsourcing, le han ahorrado a la Empresa no menos de $60.000 millones.
Antes de examinar la conveniencia de los negocios cuestionados y lo que implica la puerta giratoria que lleva a los empleados al hall de los contratistas, los directivos sostienen que el asunto “es menor” y no concierne en absoluto a los organismos de control, ya que la ETB, como empresa de economía mixta, se rige por el derecho privado y no está atada a las reglas de la contratación pública.
Otra cosa piensa la Procuraduría Segunda Distrital, despacho que recientemente abrió indagación preliminar para evaluar disciplinariamente la conducta de Contreras y de otros de sus ejecutivos en lo relativo a la contratación outsourcing. “No podemos admitir el argumento peregrino de que una empresa que maneja recursos públicos es una república independiente que se rige exclusivamente por el derecho privado”, les dijo a reporteros de Dinero uno de los investigadores del Ministerio Público.
Aunque le restan importancia al asunto, Contreras y asesores suyos aseguran que están dispuestos a revisar los contratos y echar atrás aquellos que resulten lesivos o inconvenientes para la estabilidad financiera de la compañía. Sostienen también que el presidente no puede responder por todos los contratos, ya que los vicepresidentes y gerentes de área son autónomos en este frente y deben garantizar la transparencia de sus actuaciones.
Este último planteamiento contrasta con la actitud observada por el presidente encargado durante 12 años de vinculación a la ETB, ya que como vicepresidente financiero se arrogó la condición de única cabeza de la contratación.
Para él, lo importante hoy es que entre enero y septiembre la ETB obtuvo ganancias netas por $174.000 millones y creció así 80% respecto al mismo periodo de 2010. Y prefiere no hablar de los contratos, sino de un Ebitda que, según él, rondaba el 58% y la disponibilidad de $1,1 billones para fondear el pago de pensiones.
Petro, que durante su campaña no habló de la posibilidad de vender la Empresa, mirará ahora si las formas poco ortodoxas de la contratación están afectando el valor de la compañía, que reporta además un rezago en el campo de la competitividad y apenas se alista para entrar, por ejemplo, al negocio de la televisión por cable.