| 6/9/2011 7:50:00 AM

La puerta giratoria

Ministros y altos funcionarios ya no podrán usar sus cargos para hacerle favores a sus futuros empleadores. Varios ejemplos muestran la bondad de la norma.

El miércoles primero de junio, el presidente Juan Manuel Santos estampó su firma en el nuevo Estatuto Anticorrupción aprobado por el Congreso y declaró que el Estado cuenta ahora sí con herramientas para prevenir y combatir los males que históricamente han afectado la moral de la administración pública y los bolsillos de los colombianos que pagan cumplidamente sus impuestos.

En su texto hay normas que fueron aprobadas al vaivén de la coyuntura. Una de ellas endurece los castigos para quienes cambien la destinación de los recursos de la salud o se lucren indebidamente de ellos. Otra, convierte en delito maniobras mediante las cuales el sector privado incitaba a la corrupción y negociaba comisiones sobre la adjudicación de contratos, como en el caso del Grupo Nule. Una más elimina el beneficio de casa por cárcel a los condenados por corrupción, para ponerle fin a una feria de permisos que en el pasado reciente acolitaron las entidades penitenciarias.

Sin embargo, uno de sus mayores avances fue el establecimiento de inhabilidades para ponerle una tranca a la llamada "puerta giratoria" que, tradicionalmente, ha permitido el paso a Ministros y a altos funcionarios del gobierno hacia altos cargos en empresas privadas que se beneficiaron con las políticas que ellos aplicaron e impulsaron desde sus cargos públicos.

El proyecto inicialmente contemplaba un año de inhabilidad para que los Ministros salientes no pudieran irse de inmediato a probar las mieles de la burocracia privada, con cargos muy bien remunerados y salarios asignados en proporción a la valiosa información privilegiada que pudieran haber recaudado.

Según el abogado y profesor de derecho procesalista, Álvarez Arboleda, se trata de un avance trascendental en el sentido en que contribuye a rescatar el tipo penal de uso indebido de información privilegiada que se había convertido en un saludo a la bandera en los estrados judiciales.

De acuerdo con el procurador Alejandro Ordoñez, el estatuto se convierte en una herramienta útil para frenar la máquina de los favores mutuos que a su paso arrollaba el principio constitucional de igualdad ante la ley, pasaba por encima de la imparcialidad que la administración debe conservar en todos sus actos y se llevaba de calle regímenes de inhabilidades e incompatibilidades.

La entrada en vigencia del nuevo Estatuto ha llevado a los medios y a la opinión a hacer un escrutinio de los antecedentes. Aunque se trata de un mal que ha aquejado a casi todos los gobiernos de la historia reciente, el umbral más visible es el que dejó la "puerta giratoria" que se abrió con el fin de las administraciones del gobierno de Álvaro Uribe.

Durante su segundo gobierno, especialmente, la adjudicación de zonas francas fue piedra de escándalo que golpeó a los hijos del mandatario. Aun así, funcionarios que participaron en el Congreso en el trámite de la ley que creó un nuevo régimen en el sector y en la expedición de los decretos reglamentarios que hoy facilitan su aplicación se fueron a trabajar para sus beneficiarios. Es el caso de Luis Guillermo Plata, ex ministro de Comercio, Industria y Turismo, cuya llegada a la junta directiva de Bavaria en septiembre de 2010 se dio después de que esa cartera interviniera en el proceso de adjudicación de una zona franca a la compañía cervecera en Yumbo (Valle).

Consultado al respecto, Plata dijo que le parece inverosímil pensar que un nombramiento en una junta directiva pueda corresponder con una decisión tomada frente a una zona franca hace más de cuatro años.

"Pero si eso no fuere razón suficiente -agregó el ex ministro de Comercio-, los hechos mencionados ni siquiera corresponden a la realidad y carecen completamente de sustento puesto que al momento de la aprobación de la zona franca de Bavaria (Cervecería del Valle), en abril de 2007, regía el decreto 383 de 2007 en el cual el procesos de aprobación estaban en cabeza de la Dian y al Ministerio de Comercio simplemente se le solicitaba un concepto no vinculante. El Ministerio de Comercio solo entra a presidir la Comisión Intersectorial de Zonas Francas a partir de octubre de 2007 con la expedición del decreto 4051". 

Los cuestionamientos rondan también a Hernán Martínez, ex ministro de Minas y Energía, quien después de dejar su cargo se fue a ocupar una plaza como principal de la junta directiva de la empresa minera Medoro Resources. Lo malo, según sus críticos, es que cuando aún tenía investidura pública Martínez facilitó las gestiones de la compañía para negociar la compra de la Frontino Gold Mines.

También hay quienes recuerdan a Sandra Suárez, quien fue ministra de Ambiente del gobierno Uribe y en julio de 2007 se posesionó como alta Consejera presidencial para la gestión de acuerdos internacionales, cuyo objetivo era impulsar el TLC con Estados Unidos. Muchas críticas suscitaron su renuncia -tras cuatro meses en el cargo-, para ocupar el puesto de directora de asuntos públicos de la multinacional farmacéutica Wyeth, de Estados Unidos, y se llegó a hablar de un posible conflicto de intereses ya que este será uno de los sectores más beneficiados con el tratado.

Otros, sin embargo, han sabido escapar a las tentaciones. Por ejemplo, el ex ministro de Protección Social, Diego Palacios, quien se negó a trabajar para un laboratorio de la industria farmacéutica que lo quería en su nómina pese a que él los había cuestionado por abusar con los precios de los medicamentos que las EPS suministraban a sus usuarios y por haber hecho parte del festín de los recobros al Fosyga.

Antes de irse a Estados Unidos para acompañar a su esposa a unos exámenes médicos, Martínez se negó a hablar públicamente del tema pero les dijo a los allegados que las críticas que hoy recibe son injustas, pues son lanzadas por quienes desconocen su trayectoria profesional. Según él mismo, no es ningún "aparecido" en juntas directivas, ni Medoro es la primera empresa que lo convoca por sus conocimientos especializados. Antes fue presidente de compañías tan bien reputadas como Atunec S.A., Exxon Mobil Colombia S.A. e International Colombia Resources Corp. También hizo parte de las juntas corporativas de ISA, Isagen, Inversura y Ecopetrol.

Hasta ahora los reparos para quienes traspasaron esa puerta giratoria habían sido de carácter ético y muchos se perdieron en lo que algunos denominan "juicios nebulosos de la moral". De ahora en adelante -porque la ley no tiene carácter retroactivo- el rasero de las críticas y los castigos será mucho más exigente.

Una de las razones es que las inhabilidades ya no regirán solo en materia electoral. Ahora tocarán el ámbito privado de los afectados como arma disuasiva para quienes piensen en seguir usando a la administración pública como fuente de favores para amigos y futuros benefactores.

Como lo dejó plasmado en la exposición de motivos el Ministerio del Interior y de Justicia, los altos costos de los favoritismos obligan a que estos sean sancionados penal y disciplinariamente.

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