Revista Dinero

| 5/16/2013 9:00:00 AM

La mafia Nostra

La mafia italiana encontró en Colombia un gran filón de negocios. Hay evidencia de operaciones por US$700 millones y vínculos con varios aliados locales.

Salvatore Curccio, el fiscal italiano que estuvo al frente de la Operación Decollo, unas de las más grandes de la historia contra la transnacional del narcotráfico, decidió compartir sus hallazgos con las autoridades colombianas. En octubre de 2003, Curccio, hombre circunspecto y riguroso, comenzó a descorrer el velo que cubría las relaciones de negocios entre la Ndrangheta –el principal clan mafioso de Calabria– y traficantes colombianos que en los últimos diez años movieron unos US$700 millones.

De acuerdo con la historia narrada en expedientes de la Unidad Nacional de Antinarcóticos e Interdicción Marítima de la Fiscalía colombiana (Unaim), Curccio abrió el espectro de la cooperación judicial internacional al advertir que los ‘padrinos’ Vicenzo Barbieri y Natale Scali tenían agentes representantes en Colombia y habían organizado con reductos de las autodefensas y comerciantes que se encubrían tras la fachada de exportadores una suerte de clúster para surtir los mercados de estupefacientes de la propia Italia, Grecia, Holanda, España y Australia.

El pasado 25 de abril, el fiscal Luis Omar Quintero Boada, miembro de la Unaim, produjo una extensa y reveladora resolución de acusación contra siete de los más grandes contactos colombianos de la Ndrangheta. Su providencia está basada en seguimientos internacionales, interceptaciones telefónicas y en un trabajo que, con paciencia de relojero, le permitió unir las piezas de una historia que escondía episodios inéditos, como el secuestro en Colombia del informante italiano Bruno Fuduli, tomado rehén mientras saldaba la deuda de un negocio que puso a tambalear los acuerdos entre los mafiosos de ambos países.

La presencia de la mafia italiana en Colombia había sido hasta hace muy poco tiempo un fenómeno que crecía solapadamente mientras permeaba estructuras empresariales y financieras en el país. El cálculo de los US$700 millones reportados sobre sus operaciones está basado por ahora en las incautaciones hechas en Colombia, España y Holanda y en altamar. Pero los investigadores más avezados creen que la cifra podría palidecer si se conociera alguna vez la dimensión de las operaciones que no han sido descubiertas todavía.

UN TRÍO REPRESENTATIVO

La huella del fenómeno se hizo enteramente visible durante los noventa días con la captura en Colombia de tres emisarios italianos de las ‘familias’ calabresas que habían sentado bases en el país con la misión de ensanchar líneas de proveedores y, eventualmente, copar espacios dejados por autodefensas, guerrillas y carteles locales.

El primero de ellos fue Iacomino Tomasso, capturado el 7 de febrero de este año en Bogotá, donde se movía con perfil bajo luego de haber coordinado el envío de embarques de estupefacientes entre 2004 y 2006. Le siguió Doménico Trimboli, neutralizado en Medellín el 24 de abril y, 48 horas después, Santo Scipione; que había sido enviado al país cuando la mafia italiana creyó que la desmovilización masiva de paramilitares en 2005 podría cortar líneas de abastecimiento.

El mayor Giovany de Chiara, uno de los gestores de la operación Decollo, y oficiales del Cuerpo de Carabineros ROOS de Cantazaro, apoyos de la Dirección Antifamia Italiana, le han venido colaborando a la justicia colombiana en la descripción de roles dentro de la red mafiosa y en la reconstrucción de la manera como la organización italo-colombiana ha podido llegar con sus cargas ilícitas a puertos europeos.

Gracias a ese apoyo, la Dirección de Antonarcóticos identificó ya a los responsables, por ejemplo, de envíos de cargamentos que partieron de Santa Marta camuflados entre despachos de una compañía multinacional y con el soporte logístico y administrativo de Roldán SIA S.A. (Sociedad de Intermediación Aduanera). La cocaína fue incautada luego en el puerto holandés de Rotterdam.

Comercializadores internacionales con corta vida o frecuentes cambios de razón social han venido siendo utilizados para el trasiego. Una de ellas es C.I. Tropifruit, de propiedad del empresario costeño Carlos Morrón Arias. Su rentable sociedad de negocios con Omega Internacional, basada en Grecia, se dañó cuando quedó al descubierto que los frascos de conserva de piñas que esta compraba llegaban en realidad con cocaína líquida.

BLOQUE TULIPÁN

Holanda fue el primer país que logró levantar un sólido muro de contención frente al tándem colombo-italiano. De eso da fe la aprehensión de uno de sus más gigantes envíos (442 kilos de cocaína) que, al cabo de un lustro de seguimientos, condujo a la captura de enlaces europeos que establecían relaciones con la red a través de empresas palmicultoras colombianas.

En la lista están figuras prominentes como el coronel (r.) Cornelis Hendrik de Jongh, exinstructor de la Otan; Krisnedtath Mangal, Petrus Leonardud Franciscus Tervort y el antiguo broker alemán Roberth Christian Shutte. Sus contactos colombianos y representantes de los italianos en el frustrado negocio eran Franklin Junior Strusberg Ramos, Franklin Lenin Strusberg Perilla y Juan Pablo Fernández González. Los Strusberg pertenecen a una familia de abogados y empresarios que manejaban agencias de representación legal de las productoras de palma en la región de Urabá, entre ellas Multifruit International.

Al cuadro se suma el nombre del administrador ganadero y exportador Rafael Iván Zapata Cuadros, quien se trasladó con su dinero y sus empresas a Togo, en África, desde donde ha coordinado sus negocios de narcotráfico con el capo Barbieri Ventrici. El oficial italiano Giovanni De Chiara le dijo a la Fiscalía colombiana que Zapata entró con el pie izquierdo a Europa el 10 de enero de 2002, cuando en el puerto español de Vigo vio frustrada su intención de introducir 1.700 kilos de alcaloide, lo que lo obligó a recomponer sus negocios.

Cuando fueron conscientes de que ya había una lupa policial sobre ellos, Zapata y su aliado Ernesto Castillo Rico se llevaron de Santa Marta a Guayaquil la empresa A. Marcon para convertirla en base alterna de sus operaciones.

Beatriz Julieta Cardona, asesora en comercio internacional de empresas del sector metalmecánico, quedó recientemente libre de apremios porque las autoridades le dieron el beneficio de la duda. Los expedientes narran que ella habría asistido a reuniones en Roma con el capo italiano Natali Scale desde 2001. Aunque fue fotografiada al llegar al hotel Palladium, en la vía Giverti de la capital italiana, y luego en compañía de Ángelo Pascalo, posible emisario de Scale, el seguimiento se perdió cuando la pareja iba en un carro hacia el sector de la Marina di Gioiosa Jónica y nunca fue posible confirmar el encuentro que la habría consumido penalmente.

Estos episodios, desconocidos hasta ahora, muestran que la injerencia de la mafia italiana en Colombia va mucho más allá de las avanzadas hechas por hombres como Giorgio Sale, dueño de la Enoteca y preso actualmente, y de Salvatore Mancuso, jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos.

Las pesquisas judiciales avanzarán ahora hacia una nueva fase. Aunque ya hay registros de algunas cuentas bancarias, de inversiones en los sectores inmobiliario y bursátil, el reto para las autoridades es establecer cuál ha sido el impacto de esa injerencia sobre la economía colombiana.
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