| 1/20/2012 6:00:00 AM

La isla VIP

Un pleito de nunca acabar podría poner fin a la idea de convertir a Barú en uno de los más grandes emporios turísticos de América Latina.

El Gobierno libra una batalla sin cuartel para recuperar las tierras que guerrilleros y paramilitares les han arrebatado durante los últimos cuarenta años a las víctimas de la violencia. Uno de los pilares de su programa ha sido el saneamiento de títulos que busca, al cabo de cuatro años, clarificar la propiedad de 160.000 predios. La meta fijada por el presidente Juan Manuel Santos es devolverlos a 360.000 víctimas desalojadas de ellos bajo la presión de las armas.

Pero el mismo Estado que ahora suma esfuerzos alrededor de esa causa, deberá ahora aceptar la presencia en Colombia de veedores de la Relatoría de Derechos Humanos de Naciones Unidas que vendrán a vigilar la marcha de procesos judiciales que tienen aplazados megaproyectos de inversión en ricas zonas de litoral.

Apoyado en normas de derecho internacional, el Juez Segundo Civil de Cartagena decidió apelar a los conductos diplomáticos para autorizar la intervención, en calidad de veedores, de emisarios de la ONU que verificarán sobre el terreno si en la compra y titulación de predios de la isla de Barú fueron respetados los derechos ancestrales que invocan los nativos de la región.

Allí, empresarios bien reputados que actuaron como compradores de buena fe y habitantes raizales se han visto envueltos en un torbellino de intereses de abogados y funcionarios venales que buscan lucrarse de la adulteración de títulos y de maniobras tales como la suplantación de vendedores, afectando la credibilidad de un proyecto que busca la construcción de un complejo turístico que demandaría una inversión inicial de US$400 millones.

La decisión del juez fue tomada en diciembre pasado, pero el comienzo de la historia se remonta a 1979, cuando la Corporación Nacional de Turismo (CNT) compró a particulares una buena porción de las 3.500 hectáreas de la hacienda Santa Ana, el principal predio de la isla. En 1995, la Nación se asoció, mediante un contrato de cuentas de participación, con empresarios de las familias Santo Domingo y Echavarría para sacar adelante la iniciativa.

Sin embargo, y para sorpresa de los propios socios, los herederos de la hacienda Santa Ana –cerca de 1.000 nativos– se opusieron al proyecto y adujeron que sus terrenos, integrados en un bien pro indiviso, nunca fueron vendidos a los particulares que se presentaron como dueños ante la CNT. Inicialmente, los nativos exhibieron como respaldo de sus derechos una cédula real del siglo XVI y en la primera operación de venta registrada oficialmente, dos siglos después, por la española Virginia Rebollo a nativos que habían trabajado para ella en los terrenos en los que actualmente se busca construir una portentosa infraestructura para un proyecto turístico VIP.

Círculo de mentiras

Cuando el asunto llegó a los estrados judiciales, donde hoy es materia de 15 procesos penales, civiles y administrativos, se abrieron nuevos escenarios para disipar dudas. Mientras los abogados que representaban los intereses de quienes vendieron a la Nación alegan que la cédula era apócrifa o inválida, su contraparte aportó pruebas según las cuales notarios y funcionarios de las oficinas de registro público se prestaron para abrir folios paralelos sobre la tradición del bien. Aportaron también a los expedientes escrituras y otros documentos con nombres y firmas que no correspondían a los de los supuestos vendedores o que obedecían llanamente a una suplantación de estos (ver facsímiles).

Tomás Barcasnegras, uno de los nativos, dijo en su momento que en condición de iletrado nunca ha visitado una notaría ni firmado documento alguno y que, en consecuencia, la huella estampada en las escrituras mediante la cual su predio cambió de dueño no era la suya.

Hasta la fecha, nueve de los quince pleitos han sido fallados en primera instancia a favor de los nativos, pero no han evitado que los abogados que supuestamente representan los intereses de la Nación consigan el desalojo de predios mediante acciones policivas. En octubre pasado, Manuel Julio, uno de los nativos que fue desalojado por la fuerza pese a que la justicia lo había reconocido como dueño del predio Guayacán, uno de los más valiosos de Barú, murió víctima de un infarto en un despacho de la Fiscalía mientras denunciaba entre sollozos lo que le había ocurrido.

Dinero conoció el contenido de una conversación grabada que se encuentra en poder del Fiscal 37 seccional de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía en la que el abogado Jairo Delgado Arrieta, contratado por Fonade, entidad que está ahora a cargo del proyecto Barú, intercala presiones con ofrecimientos para conseguir que Arnulfo Molina Polo, uno de los denunciantes de las irregularidades, se retracte en un plazo perentorio.

Solución negociada

Lo cierto hoy es que los posibles ejecutores del proyecto se muestran cautelosos y prefieren esperar a que la justicia diga en últimas quién tiene la razón. Las dudas también han alejado a otros potenciales inversionistas, entre ellos un miembro de la familia del magnate Donald Trump que desistió de su proyecto de construir en Barú cuando tuvo en sus manos los documentos relacionados con los pleitos judiciales.

Los representantes de los nativos le han hecho saber al Gobierno que no se opondrán a la ejecución del proyecto si sus intereses quedan a salvo. También se han declarado dispuestos a dialogar con los empresarios socios del proyecto para discutir unas “condiciones justas” para que puedan disponer libremente de los terrenos.

Sin embargo, los abogados que sacan provecho de los pleitos no parecen ahorrar esfuerzos para meterle palos en la rueda a cualquier iniciativa relacionada con una solución negociada.

Por ahora, el sueño de los empresarios de potenciar los recursos de Barú, con la construcción de hoteles y una de las marinas más grandes de América Latina están aplazados.

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