| 9/28/2012 2:00:00 PM

La dueña del tránsito

Una firma compradora de la concesión del Runt desarrolló un software que hoy le permite amarrar contratos en todo el país para la imposición de fotomultas. ¿Genialidad? ¿Posición dominante?

Como si se tratara del Gran Hermano, ese líder omnipresente que la novela 1984 de George Orwel describe como alguien capaz de registrar en múltiples pantallas los comportamientos de la sociedad, una empresa antioqueña que desarrolló los dispositivos para la imposición de fotomultas por infracciones de tránsito se está haciendo a los contratos más jugosos del sector en todo el país.

Aunque ya tenía algún reconocimiento en el mercado, la razón social Quipux cobró notoriedad en 2006 cuando Andrés Uriel Gallego, el entonces ministro de Transporte, consiguió, en medio de una fuerte oposición, que el país adoptara el modelo de Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Gallego logró en principio vender la idea de que el Runt sería sinómino de eficiencia y transparencia, pues desestimularía a los intermediarios que fomentaban la corrupción.

La firma, nacida en Rionegro, compitió por la concesión del Runt, pero fue derrotada. En mayo de 2007 la concesión para operar el Runt por 12 años y un valor de $40.000 millones, fue otorgada a una promesa de sociedad futura conformada por las sociedades Heinsohn Software House S.A., Información y Tecnología S.A, Chaid Neme Hermanos S.A., Stratis Ltda. e Intelred S.A.

Pero los socios de Quipux no estaban dispuestos a resignarse. Decidieron hacer causa común con Taborda Vélez –otro de los pulpos del sector– y con Juan David Ángel Botero para comprar 49,9% del negocio y ocupar así el espacio dejado por tres de las firmas ganadoras que no aparecen actualmente en la concesión: Chaid Neme, Stratis e Intelred. Al hacer el movimiento, no se quedaron con una mera concesión, adquirieron una verdadera mina de oro.

La Concesión Runt S.A. se encargó de diseñar un sistema para unificar la información de todos los vehículos del país, sus propietarios y sus infracciones. Para ese fin, Quipux desarrolló el sistema Qx-tránsito. Luego, oficinas de tránsito de todo el país tuvieron que adquirir el software, para interactuar en línea con la central de información nacional dispuesta por ley.

¿Cosecha de contratos?

Fue entonces cuando la Quipux se hizo dueña de centenares de contratos. Según la información publicada en su página web, esta empresa “ha interconectado 236 organismos de tránsito, el Ministerio de Transporte y sus 19 direcciones territoriales, 250 centros de diagnóstico automotor, 465 centros de enseñanza, 286 centros de reconocimiento de conductores, siete aseguradoras, importadores y ensambladores de vehículos”.

Adicionalmente, cada vez que una oficina de tránsito le compra el software que le permite conectarse con el Runt, Quipux está amarrando nuevos contratos porque su sistema debe actualizarse periódicamente y recibir mantenimiento.

Quipux fue creada el 13 de octubre de 1995 por Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, con un capital social de $1,5 millones. Hoy tiene un capital de $1.200 millones y está representada legalmente por Álvaro León Zuluaga Giraldo, cuya firma aparece en numerosos contratos en todo el país.

Más allá de la multiplicación de los contratos, Quipux se convirtió en algo así como un ‘gran hermano’ que conoce a cada propietario de vehículo y toda su información, pues maneja los 42 millones de registros que tiene el Runt.

Fuera de toda esa información, Quipux tiene ojos en las calles por medio de cámaras de fotodetección de infracciones de tránsito. En este negocio participa a la sombra de la empresa UNE, que estaría ofreciendo este servicio a varias alcaldías. Medellín ya compró la idea y UNE está presentando ofertas en Barrancabermeja, Santa Marta, Ibagué y Popayán y pronto lo hará también en Bucaramanga. Directivos de UNE aseguran que eso no es exacto (ver recuadro).

La oferta de UNE a las Alcaldías está presentada bajo la forma de un proyecto denominado “ciudades inteligentes”. Consiste en instalar paneles de comunicaciones sobre el estado de las vías, cámaras de televisión para monitorear el tráfico y cámaras de fotomultas. La nuez del asunto está en que quien no tenga el software que controla Quipux se queda por fuera del sistema.

La alianza de la empresa con UNE se produjo mediante un contrato con vigencia hasta 2025. El avalúo de la inversión fijó su monto en $65.000 millones a precios de 2010. Al contrato también se integró XM, filial de ISA.

Las cámaras de fotodetección las importa la sucursal en Colombia de la empresa brasilera Velsis. Esta sucursal fue creada en la notaría 20 de Medellín el 20 de junio de 2011 por Álvaro León Zuluaga Giraldo, que es simultáneamente representante legal de Quipux. Según expertos del sector, el concesionario de un contrato de esta naturaleza puede desarrollar libremente su know how. Lo riesgoso está en que toda la información del sistema se concentre en unas solas manos, ya que a futuro cualquier adjudicación estaría atada intereses de un solo operador.

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