| 2/6/2014 3:00:00 PM

Historia sin fin

Los líos con InterBolsa no terminan. La resistencia de Víctor Maldonado ante un proceso de desmonte empresarial y la colaboración de Juan Carlos Ortiz con la justicia penal mantienen en vilo el caso.

Nadie ha puesto el punto final en la ya larga historia de la crisis de InterBolsa. Parece imposible hacerlo mientras sus protagonistas sigan empeñados en eludir obligaciones, hacerle el quite a la Justicia y en conseguir beneficios que atenúen los castigos en su contra.

La partida hacia a España de Tomás Jaramillo, la renuncia del empresario Víctor Maldonado a aceptar el plan de desmonte que le propone la Superintendencia de Sociedades y los esfuerzos de Juan Carlos Ortiz por evitar una medida de aseguramiento que lo envíe a un confinamiento preventivo son los nuevos ingredientes de una trama que aún no anticipa su desenlace.

Dinero presenta un balance de los nuevos hechos, entre los que se destaca una noticia asumida por algunos como positiva: la inminente recuperación de 75% de los recursos invertidos por los inversionistas de los bonos TEC de Luxemburgo.

Al borde de la liquidación

La imposibilidad de llegar a un acuerdo con la Superintendencia de Sociedades sobre un plan de desmonte que le permitiría pagar las obligaciones derivadas de la caída de InterBolsa, y del Fondo Premium en particular, tienen al borde de la liquidación a las empresas de Víctor Maldonado. Su fórmula para pagar $22.000 millones –única obligación que parece dispuesto a reconocer– no convencen al agente liquidador Alejandro Revollo, entre otras cosas porque se parece más al plan de reestructuración de una deuda que a la de un verdadero desmonte, que es lo que se busca.

Las autoridades encuentran que Maldonado no ha dicho toda la verdad porque no reportó en su momento su participación en sociedades con Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz en Delaware, Estados Unidos, y en Panamá. También habría mantenido callada su participación en un banco de Brasil.

Entretanto, antiguos socios o financiadores suyos le han ido cerrando las puertas. Entre quienes han tomado distancia están banqueros y constructores como Mario Pacheco y Manuel Toro.

A sus dificultades se suma la diferencia de criterio entre sus abogados Juan Manuel Arboleda e Iván Cancino. Mientras Arboleda, experto en temas civiles y comerciales, le recomienda que se resista al desmonte, el penalista Cancino lo invita a que acepte pragmáticamente las fórmulas propuestas por el liquidador con las que, de paso, atenuaría eventuales sanciones penales.

Maldonado insiste en que si no fuera por la intervención ya habría saldado deudas y ahora está empeñado en demostrar que algunas de sus empresas han sido mal administradas después de la toma de posesión y están perdiendo valor. A mediados de diciembre el ingeniero agrónomo Gustavo Cataño, gerente de la productora de cítricos Frescura, le envió una carta a Revollo en la que le pide, por ejemplo, que autorice la compra de insumos para la fertilización de cultivos porque estarían en peligro. También envió correos en los que registra un posible inconformismo de los trabajadores por retrasos en los pagos de salarios y prestaciones. El liquidador descarta que eso esté ocurriendo.

Maldonado perdió las 13 tutelas que presentó contra la Superintendencia. Dos de ellas, afectadas inicialmente con acciones de nulidad, quedaron en firme. Varios de los fallos se produjeron a instancias de la Corte Suprema de Justicia.

El compromiso de Ortiz

Contra todos los pronósticos, el economista Juan Carlos Ortiz –artífice de las principales operaciones de InterBolsa– se declaró dispuesto ante la Fiscalía a reconocer al menos dos de los cuatro delitos que le serían imputados durante las próximas audiencias. Esas conductas serían administración desleal y manipulación de acciones. Descartaría de plano su responsabilidad en concierto para delinquir y captación ilegal.

Ortiz logró sentar ya las bases de un acuerdo con la Superintendencia de Sociedades para resarcir con sus bienes parte del daño sufrido por los inversionistas.

Las tres condiciones básicas para el acuerdo son que el empresario acepte un desmonte de por lo menos 75% de las sociedades en las que tiene participación, que facilite la valoración de activos con información cierta y que entregue bienes saneados por completo.

Por ahora su oferta incluye una finca en Cumaral, Meta, en la que su participación probada es de 83% (el 27% restante no está embargado), una finca en Tabio, Cundinamarca; participaciones en lotes y otros predios en la población atlanticense de Sabanalarga y en Santa Marta, un fideicomiso en Cartagena y, en principio, 15% de las acciones club Deportivo Los Millonarios. Está en estudio si su participación real en el club de fútbol tiene un 8% adicional. Todo eso sumaría cerca de $23.000 millones.

El equipo de fiscales coordinado por Alexandra Ladino y dirigido por el vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, considera la posibilidad de que, si Ortiz cumple el acuerdo en ciernes, se abstendría de pedirle al juez de control de garantías que decrete una medida de aseguramiento que consistiría en una detención preventiva.

Interpol, al acecho

Cuando se aproximaba el cierre de esta edición, comenzaba a expirar el plazo señalado por el agente liquidador del Fondo Premium para que Tomás Jaramillo, socio de Ortiz, e hijo del expresidente de la holding de InterBolsa Rodrigo Jaramillo, regresara de España y se presentara a cerrar un acuerdo de desmonte similar al exigido a Maldonado y a Ortiz.

Mientras proliferaban las versiones según las cuales Tomás no regresaría al país, él se comunicó desde España con el liquidador y le dijo que su regreso se daría, a más tardar, el martes 4 de febrero y que se presentaría a su despacho para firmar el plan de desmonte. Desde octubre de 2013 hasta la Navidad, Jaramillo ha venido buscando acercamientos a través del abogado Pablo Silva, aunque no siempre ha cumplido con lo prometido. Por lo pronto solo ha entregado en dación en pago cerca de $3.000 millones de una inversión hecha a través de Bolsa y Renta.

Si Tomás Jaramillo no atiende a las exigencias, correría el riesgo de que la justicia tramitara una orden de captura a través de la Policía Internacional (Interpol). Expertos consultados coinciden en el hecho de que el estar casado con una señora de nacionalidad española no significa que cuente con un caparazón para protegerse contra las acciones de las autoridades colombianas.

Luxemburgo, en recuperación

Pablo Muñoz, liquidador de InterBolsa, se ha puesto una meta ambiciosa: antes de terminar febrero, los 300 inversionistas de los bonos TEC de Luxemburgo deben haber recuperado 75% de los cerca de US$50 millones aportados. La de Luxemburgo es reconocida hasta ahora como la única operación hecha por los directivos de InterBolsa con visos de licitud, al menos en su forma.

Si se tiene en cuenta que el plazo para redimir la inversión vence en 2016, la recuperación de dinero en esa proporción no deja de ser significativa. Pero como es apenas lógico, los clientes confiaban en la recuperación total porque sostienen que, a diferencia de lo que pudo haber ocurrido en el Fondo Luxemburgo, allí no se produjeron operaciones para ocultar fiscalmente recursos o simplemente para lavarlos.

Los bienes entregados en dación de pagos serán manejados por la Fiduciaria Popular y los inversionistas afectados podrán participar en su administración. De él hará parte un paquete de acciones equivalente a 20% de la compañía aérea EasyFly, $8.000 millones en acciones de Coltejer, $2.000 millones provenientes de la participación de la holding en un fondo de inversiones, $1.000 millones en acciones de Fabricato, más un bonos de Metrolínea en Bucaramanga.

De ahí en adelante las esperanzas de todos quedarán cifradas en la valoración de EasyFly y en la cotización de las acciones de Fabricato y Coltejer. “En mi concepto –comenta el liquidador Muñoz– EasyFly está muy bien administrada y estamos haciendo un esfuerzo para que pronto le lleguen recursos frescos de Bancoldex y de otras entidades de financiación”.

Los inversionistas que saldrán peor librados son los tenedores de repos sobre las acciones de InterBolsa. En su caso la recuperación será nula.

La recuperación de acciones de Fabricato, que al cierre de esta edición se cotizaba en $14, es vista con optimismo moderado. Muñoz, que hace parte de la nueva junta directiva de la compañía, cree que el exejecutivo de la brasilera Vicunha que está al frente de las operaciones financieras de la empresa está haciendo un trabajo digno de encomio.

La situación para otros deudores no es la mejor. La firma P & P Investment, que recibió préstamos por $40.500 millones para hacerse a un buen paquete de Fabricato, entró en liquidación. Carlos Arturo Neira Lache, su representante, dice que honrará la deuda cuando la firma Giteco le pague a su vez lo que le debe a su empresa. Lo malo para él es que Giteco es considerada en el mercado como poco más que una firma de papel.

No menos crítica es la situación de Manantial, otra de las compañías intervenidas. Esta empresa hace parte del tinglado del banquero de inversión Luis Gabriel Jaramillo Abondano, socio del Metropolitan Capital, cuyos bienes también fueron intervenidos por la Super-sociedades.

Nadie quiere más riesgos

Los esfuerzos del Estado colombiano por recuperar los dineros manejados a través del complejo entramado del Fondo Premium se han estrellado, al menos por ahora, contra el muro que levantan las autoridades en Curazao. Las autoridades antillanas habilitadas para conocer del tema han hecho expresiones de buena voluntad pero, en la práctica, se resisten a que la operación se concentre en Colombia porque no quieren asumir más riesgos.

Uno de estos implicaría perder el control de unos US$10 millones que podrían ser recuperables. El otro, enviar al mercado el mensaje de que las inversiones hechas allí, en medio de inmensos beneficios fiscales, puedan estar sujetas a la intervención de autoridades foráneas.
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