| 10/17/2013 5:28:00 AM

Historia de una pugna

Un reciente fallo del Consejo de Estado le dio acceso a la Contraloría a secretos de inteligencia financiera. ¿Hasta dónde le servirá contar con ellos? Análisis.

¿Cuál fue el destino final de los $1,7 billones desviados por las cabezas de Saludcoop, antes de su intervención por parte del Gobierno? ¿A dónde fueron a parar los $12.723 millones que, según los entes de control, se extraviaron por causa de la malversación a la que estuvieron sometidos los recursos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS)

Las respuestas deberá tenerlas en breve la Contraloría General de la República, dotada por un fallo de tutela del Consejo de Estado de nuevas herramientas que ya le permitieron acceder a toda la información financiera y contable de los implicados, conocer sus inversiones en el exterior y muy probablemente husmear en paraísos fiscales.

La sentencia le abrió a la Contraloría –al menos temporalmente– las puertas de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la agencia de inteligencia estatal que maneja ese flanco estratégico. La decisión es a la vez histórica y controversial porque es la primera vez que un juez de la República da acceso a una autoridad distinta a la Fiscalía, a la cripta simbólica donde son custodiados los secretos más sensibles en este campo.

La legislación colombiana solo permite que este tipo de información, recabada mediante reportes de operaciones sospechosas (ROS) o averiguaciones ordenadas judicialmente, sea entregada a los fiscales encargados de los procesos sobre lavado de activos, acciones de extinción del derecho de dominio y financiación del terrorismo. Nadie más, en condiciones normales, podría acceder a ella. Así por lo menos había quedado en claro cuando la justicia envió a prisión a Mario Aranguren, exdirector de la Uiaf, porque presuntamente utilizó datos reservados para apoyar los seguimientos que el gobierno de Álvaro Uribe les hizo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La historia del fallo de tutela hace parte de una fuerte controversia técnica entre la Contraloría, encargada de los juicios de responsabilidad fiscal, y la Uiaf, agencia que en el campo de la lucha de lavados de activos tiene mucho por mostrar: entre 2011 y 2013, sus agentes detectaron operaciones ilegales por más de $1,9 billones.

Los dos polos

El debate se desencadenó en febrero de 2012, cuando la Contraloría exigió, mediante derecho de petición, que la Uiaf le entregara una información de carácter reservado. Dichos reportes debían establecer el destino de todas las transacciones económicas de los implicados en casos de corrupción tan sonados como el de los grupos Nule y Saludcoop y AIS, entre otros.

La Uiaf no entregó dicha información y amparó su decisión en lo estipulado por la ley 526 de 1999 que establece el carácter de reserva especial de esos reportes y solo habilita a la Fiscalía para su manejo. Mientras se libraba la batalla jurídica, el Congreso expidió la ley estatutaria sobre los servicios de inteligencia que refrendó el principio de que solo las autoridades judiciales podrían tener acceso a los informes de inteligencia financiera.

Ante la insistencia de la Contraloría, el asunto quedó en manos del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca para que a través de una acción de tutela se pronunciara sobre el tema de la reservas de la información. El 12 de diciembre de 2012, la corporación falló en contra de la Uiaf y respaldó las pretensiones de la Contraloría.

La agencia de inteligencia se vio obligada a entregar una parte de la información solicitada a la Contraloría, correspondiente a extinción de dominio sobre bienes de los comprometidos en los procesos ya reservados. Como las preguntas de la Contraloría eran, según las fuentes consultadas, “demasiado generales”, la respuesta solo incluyó relaciones porcentuales sobre el número de ROS que habían sido recibidos en cada caso.

Pero la Contraloría esperaba más: un contenido detallado y específico de los movimientos financieros de los comprometidos. La Uiaf apeló el fallo de tutela ante el Consejo de Estado y citó jurisprudencia de la Corte Constitucional que respaldaba su posición. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo confirmó la sentencia inicial.

Con el fallo a su favor, la Contraloría produjo un comunicado en el que aseguró: “La Uiaf no podrá oponerse, aduciendo reserva, a las peticiones de información que formuló la Contraloría General de la República”. Sus términos inducían al común de la gente a pensar que la reserva legal ya había dejado de existir. La Uiaf replicó que la sentencia se refirió a un caso en particular y que no tiene un alcance general e indefinido en el tiempo, como lo alega su contraparte. “Si así fuera –comentó un abogado experto– cualquier gobernador, alcalde o ciudadano investigado podría tener acceso, a través de la Contraloría, a información reservada”.

Lo malo para ambas instituciones es que la controversia se dirimió en medio de una coyuntura desfavorable creada por una pugna entre la contralora Sandra Morelli y el fiscal Eduardo Montealegre. Eso hizo que algunos funcionarios de la Contraloría consideraran que la Uiaf tomó partido a favor de la Fiscalía.

Si el caso hubiera sido resuelto a través de una amigable composición, el resultado hubiera podido ser distinto. La Contraloría cumple una misión fundamental en la lucha contra la corrupción y no habría razón para que no contara con el apoyo necesario, en desarrollo del principio constitucional sobre la colaboración armónica entre los poderes del Estado. El debate deja planteada la necesidad de una posible reforma legal que dé acceso a otras autoridades a la cripta de la Uiaf.
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