El Plan de Aguas, presentado como uno de los más ambiciosos programas sociales durante el gobierno de Álvaro Uribe, está naufragando. Lejos de convertirse en el manantial que refrescaría el desierto de la pobreza y la desigualdad, representa hoy un torrente que arrastra a varias entidades territoriales hacia un mar de deudas y compromisos fiscales de difícil cumplimiento. “Ese programa hay que desecharlo o reinventarlo”, le dijo a Dinero la contralora general de la República, Sandra Morelli, tras advertir que hay numerosos hallazgos disciplinarios y penales alrededor de su ejecución.

Dinero identificó los puntos más críticos del plan y consultó al gobierno actual sobre los planes para darle un viraje capaz de llevarlo a buen puerto.

Negocio caudaloso

Más de $800.000 millones de los $1,1 billones que los departamentos y municipios deberían haber invertido hasta mediados de 2011 para prestar con eficiencia el servicio de agua potable a sus habitantes, se encuentran depositados en fiduciarias que los hacen rentables para sus propias arcas. De acuerdo con cifras de la Contraloría General, gobernadores y alcaldes habían invertido efectivamente menos de 20% de los recursos comprometidos en el Fondo de Inversiones de Agua (FIA) para el diseño, contratación y ejecución de obras.

Torrente de comisiones

Las cifras consolidadas hasta comienzos del año pasado no dejaban dudas de que los costos de financiamiento se habían convertido en negocio para unos pocos. De hecho, las comisiones fiduciarias que los municipios debían pagar al FIA superaban los recursos comprometidos en ese organismo. La contralora Morelli conoce, de primera mano, varios ejemplos. El municipio cundinamarqués de Los Rosales ha tenido que pagar a entidades y asesores financieros más de $60.000 millones. La Pintada y Jericó, en Antioquia, han tenido que pagar comisiones de 282,3% y 273%, respectivamente.

El problema es estimulado por la inequidad, ya que mientras la mayoría de los recursos ‘empeñados’ por las entidades territoriales provienen del sistema general de participaciones y su distribución depende del número de habitantes de cada municipio, las comisiones tienen una tasa fija para todo el país.

Cascada de subsidios

Recursos del FIA destinados a subsidios generan un costo innecesario, ya que podrían ser girados directamente por los entes territoriales a los prestadores de servicios. Existen municipios cuyos recursos son absorbidos en su totalidad para el pago de subsidios. Esto ocurre, por citar solo algunos casos, en Giraldo (Antioquia), Campoalegre (Huila), Taraira (Vaupés), Milán y Solita (Caquetá) y Acacías y Granada (Meta).

Mar de deudas

El Plan de Aguas obliga a los municipios vinculados al FIA a comprometer primero la plata, sin haber hecho antes un diagnóstico previo de sus necesidades específicas. Así, en 60% de los casos aún no se habían presentado hasta el año pasado los proyectos de las obras; sin embargo, los municipios ya estaban endeudados.

De acuerdo con la Contraloría, hasta marzo de 2011, más de 150 municipios en el país habían accedido a créditos del sistema bancario y financiero comprometiendo por 19 años los recursos para agua potable y saneamiento básico previstos en el sistema general de participaciones. Varios de ellos no tienen por ahora cómo saldar deudas.

Lagunas informativas

Por falta de un sistema de información nacional integral no existen datos exactos sobre los avances de las obras que ya fueron aprobadas y financiadas a través del plan. Esto impide un control eficaz del uso de los recursos invertidos y el monitoreo de las metas de cobertura propuestas por municipio y departamento.

Tampoco hay mecanismos de verificación de la calidad de los diseños de los proyectos que deben ser financiados. Esto genera riesgo a las inversiones ya que el municipio es el único que evalúa la idoneidad técnica, ambiental y financiera del mismo.

Solo negocios líquidos

Entre 2006 y 2009 se incrementaron los prestadores de servicios en 517%. “Se trata de un comportamiento normal en una sociedad donde el Estado ha hecho del agua un negocio”, afirma una investigadora de la Contraloría. Llevar servicios de agua potable y alcantarillado a veredas o pequeños municipios no es rentable; para que lo fuera, deberían crearse economías de escala, pero el plan las prevé solo en lo relacionado con el manejo administrativo y financiero y no en la estructuración y diseño de los servicios.

Islas e islotes

Existe un bajo control y atención a las inversiones de los 489 municipios que no han adherido formalmente al plan por no haberse vinculado al FIA y se desconoce la destinación de 89,7% del dinero asignado por el Gobierno Nacional a través del rubro de agua potable del sistema general de participaciones. Saber qué ocurrió con el resto del dinero es un reto para la justicia penal.