| 9/19/2013 6:00:00 AM

Emproblemados

Más de 37% de los gobernadores del país están siendo investigados por causas penales y disciplinarias. Cundinamarca podría sumarse a la lista por cuenta de los negocios de la familia del gobernador Cruz.

Doce de los 32 gobernadores actuales enfrentan problemas judiciales, disciplinarios y fiscales. Tres de ellos tuvieron que dejar sus sillas de mando, vencidos por pruebas sobre interés indebido en la contratación pública y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. Los del Valle del Cauca y Casanare, Héctor Fabio Useche y Nelson Ricardo Mariño Velandia, fueron destituidos por la Procuraduría. La elección del de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita fue anulada por el Consejo de Estado.

Las cifras oficiales ponderadas sugieren que el panorama para las administraciones regionales es crítico, si se tiene en cuenta que 37,5% de ellas está en vilo ante la posibilidad de que sus cabezas terminen en las cárcel o destituidas. Un observador realista podría concluir que las reformas al Estatuto de la Contratación Administrativa han servido de poco, pues no tienen la suficiente fuerza disuasiva para evitar que los gobernantes terminen convirtiendo los presupuestos públicos en cotos de caza privados.

A la lista de encartados se acaba de agregar el nombre del mandatario de Sucre, Julio César Guerra Tulena, quien refrendó el contrato de explotación de juegos de suerte y azar en beneficio de la cuestionada empresaria Enilce López, ‘La Gata’, juzgada por promover grupos armados ilegales. Guerra había basado su discurso de campaña en una lucha sin desmayo contra la corrupción, y durante su gesta proselitista se había erigido en un veedor que decía defender el interés público y que atacaba abiertamente a la concesionaria del chance.

En medio de las presiones de amplios sectores de opinión, el equipo de gobierno de Guerra acudió en su rescate y, pocos días después de firmada la prórroga de la concesión, declaró su caducidad con el argumento de que no estaban constituidas las garantías exigidas al contratista.

Si por allá llueve…

En un trance similar podría quedar ahora el gobernador de Cundinamarca, Alvaro Cruz, denunciado penal, disciplinaria y fiscalmente por el abogado Pablo Bustos, coordinador internacional de la organización Veedores sin Fronteras. Cruz, curtido político, prácticamente no aceptó aportes económicos a su campaña pues decía que no quería convertirse en rehén de ningún interés privado. Sin embargo, si las acciones son admitidas por las autoridades competentes, deberá explicar a satisfacción sus vínculos con la firma de Ingeniería ICM y, a través de ella, con el consorcio Concesionaria Panamericana que se encarga de uno de los proyectos viales más importantes para la infraestructura vial del país: la integración de los trayectos Los Alpes-Villeta y Chuguacal-Cambao, costo que, incluidos los efectos de un laudo arbitral adverso al departamento, terminará costando más de medio billón de pesos.

Cruz y sus colaboradores más cercanos aducen que los cuestionamientos no son nuevos y tampoco contundentes. Según ellos, durante la campaña electoral sus adversarios disfrazaron el tema de denuncia y buscaron sacarle provecho político. “Los electores, que no tragan entero, no les compraron su historia”, dijo uno de ellos.

Sin embargo, el pasado 6 de julio el periodista Daniel Coronell planteó en su columna habitual en Semana una serie de dudas razonables sobre la verdadera relación del Gobernador con ICM Ingenieros, firma cuya reputación quedó en entredicho por cuenta de testigos que la relacionan con el carrusel de la contratación en Bogotá y con el posible pago de coimas por contratos. Esta posible relación también fue denunciada por Caracol Radio.

Cruz le aseguró al columnista que asesoró a la firma pero que jamás fue socio o propietario de ella. Aceptó haber sido representante legal de Inversiones e Infraestructura SAS, a través de la cual un cuñado suyo se hizo accionista de ICM, pero explicó que todo se debió a una “situación de transición”, mientras se resolvía un conflicto familiar motivado por un divorcio.

Según el Gobernador, su esposa, Luz Zoraida Rozo Barragán, aceptó figurar como accionista única de Inversiones e Infraestructura SAS durante el tiempo que duró el proceso de separación matrimonial de uno de sus cuñados, Pedro Ignacio Rozo, de su esposa Marcela López, también accionista de ICM. Explicó que por esa causa, al llegar a la Gobernación, en diciembre de 2011, se declaró impedido en relación con todos los negocios que tuvieran que ver con la firma de ingeniería.

En nombre de su sobrino

No obstante, han surgido elementos nuevos que le exigirían al mandatario despejar dudas adicionales. Aunque él niega haber tenido injerencia alguna en el manejo y administración de ICM y dice haber sido solo un asesor que recibió honorarios, las actas de juntas directivas y asambleas de Concesionaria Panamericana –en la que aquella compañía tenía una participación de 21%–, lo mismo que mensajes enviados desde su correo personal, parecen contradecirlo.

De acuerdo con documentos que deberán ser analizados por los organismos de control, durante 2010 y 2011 Cruz nunca faltó a las sesiones de junta ni a las asambleas realizadas periódicamente en el Club El Nogal. Antiguos socios del consorcio coinciden en que allí llevaba la voz cantante y actuaba como “dueño y señor” impartiendo órdenes sobre decisiones estratégicas del negocio, pese a que no figuraba nominalmente en el directorio de la compañía.

En marzo de 2010, Cruz instruyó desde su correo personal (alvarocruzv@gmail) a directivos de la concesionaria para que inscribieran ante la Cámara de Comercio de Bogotá a su sobrino Lukas Alberto Cruz Mora, identificado con cédula 80.060.498 como miembro de la junta directiva. También para elaborar un poder general que le permitiera asistir a él a las reuniones de junta en representación de su pariente.

El Gobernador sostiene en su defensa que tuvo una relación de trabajo, en su condición de ingeniero civil, con ICM, pero no con el consorcio. Explicó que dio los datos de su sobrino al responder a una solicitud que le hicieron ejecutivos de la firma para que les ayudara a seleccionar a un miembro suplente de la junta directiva de Concesionaria Panamericana (ver recuadro). Y recuerda que su actitud fue leal con la administración pública cuando llegó a la Gobernación y se declaró impedido para conocer sobre cualquier asunto relacionado con cuentas de ICM y consiguió que el gobierno nacional designara para el efecto a un gobernador ad hoc.

“Nunca tuve una relación directa con la Concesionaria Panamericana. Es importante que los lectores de Dinero conozcan que la Concesión mencionada fue otorgada mediante el contrato OJ 121 de 1997, durante la administración del Gobernador David Aljure”, explica.

La concesión terminó convertida en un buen negocio. Su término fue ampliado más tarde hasta el año 2035. Con Cruz al frente de su despacho, la Gobernación perdió un laudo arbitral con el contratista y se obligó a pagar los gastos ocasionados por la intervención de fallas geológicas. Eso alivió la carga financiera del concesionario, pero la hizo gravosa para el departamento. Ahora, que fue comprada por el Grupo Aval por $160.000 millones, marcha sin contratiempos.

Quedan pendientes de respuesta algunas preguntas. Como la operación de venta se hizo en Panamá, aún no se sabe cuánto dinero le correspondió a los familiares de Cruz y si este se lucró personalmente de ellas o si su única ganancia fueron los honorarios que recibió en condición de asesor. El gobernador no acepta haber actuado en ninguna otra condición. Solo un juez podría despejar válidamente las dudas.
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