| 7/25/2013 6:00:00 AM

¿Gato encerrado?

Un proceso contra el exalcalde de Ibagué pone en la mira al Procurador delegado para la Economía y la Hacienda Pública. Esta es la historia.

El pasado 21 de junio llegó al despacho del procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, una solicitud que causó sorpresa en los más altos círculos del organismo de control. Samuel Ricardo Perea Donado, veedor interno, sometía a consideración del jefe del Ministerio Público la posibilidad de abrir una investigación contra su delegado para la Economía y la Hacienda, Rafael Guzmán Navarro, por hechos que involucrarían supuestos cobros de coimas y enriquecimiento ilícito.

El veedor Perea había recibido hasta entonces insistentes quejas provenientes del abogado y excongresista Rubiel Orlando Espinosa Triana, que advertían sobre presuntas maniobras dirigidas a revocar el fallo mediante el cual la procuradora delegada para la Moralidad Pública, María Consuelo Cruz Meza, destituyó del cargo e inhabilitó por 15 años para ejercer funciones públicas a Jesús María Botero Gutiérrez, alcalde de Ibagué de 2008 a 2011.

El fallo estaba relacionado con la existencia de un carrusel de la contratación que tuvo como eje a la empresa comercial e industrial del Estado Banco Inmobiliario Gestora Urbana y que habría causado perjuicios a la ciudad por más de $50.000 millones. La decisión fue apelada y la de segunda instancia está pendiente desde octubre del año pasado.

Según los denunciantes, el procurador delegado Guzmán Navarro, oriundo de Ibagué, habría visitado la ciudad para hablar con Botero y allegados suyos para decirles que él podría mover las influencias necesarias para que el fallo fuera revocado. “Esa es una actitud –asegura el excongresista Espinosa Triana– habitual en él. Su costumbre de pedir coimas para meter mano en los expedientes lo ha sacado de pobre”.

Parte de la denuncia quedó sin piso el 17 de julio, cuando se conoció que una sala disciplinaria, integrada por dos funcionarias del más alto nivel, confirmó la destitución del exalcalde, si bien le redujo en cinco años la inhabilidad impuesta inicialmente.

Pero otra quedaba flotando en el ambiente. Espinosa prometió entregarle a la Procuraduría pruebas sobre el presunto enriquecimiento de Guzmán, incluidas inversiones en finca raíz en Bogotá y balnearios turísticos cuyo valor supera de lejos el monto de sus ingresos. Pero también, evidencias de que sus dos hijos adolescentes y dependientes económicamente de él, viajarían con frecuencia a Miami para tomar clases de tenis en una exclusiva academia.

Su casa

Dinero consultó varias bases de datos sobre bienes urbanos y rurales y luego consultó al procurador Guzmán Navarro sobre el origen de algunos cuya existencia fue corroborada. Este dijo que puede demostrar que todos sus bienes son de origen lícito y corresponden a aportes y créditos manejados a través del Fondo Nacional del Ahorro (ver recuadro).

El bien más llamativo es una casa donde reside hace dos años, avaluada comercialmente en $2.600 millones. Se encuentra en predios de la hacienda San Simón, sobre la vía que comunica la Autopista Norte de Bogotá con el aeropuerto de Guaymaral. Guzmán –cuyos ingresos mensuales son cercanos a los $24 millones–, paga cumplidamente una administración de $2 millones y está próximo a amortizar la totalidad de la deuda. “La compré –dijo– con un préstamo del Fondo Nacional del Ahorro que maneja mis cesantías desde que fui congresista (durante tres años)”.

Guzmán asegura que es cierto que sus hijos, dos jóvenes de 17 y 15 años, viajan con relativa frecuencia a Estados Unidos. “Lo que pasa es que el mayor es ciudadano americano, tiene doble nacionalidad, y eso le permite ir y venir libremente. No le veo nada de particular ni concibo como un lujo que practiquen el tenis”.

El delegado para la Economía y la Hacienda Pública replicó y contraatacó a la hora de referirse a las acusaciones sobre su presunta injerencia en el proceso que define el futuro del exalcalde de Ibagué, Jesús María Botero, y de varios de sus colaboradores más inmediatos.

“Yo no tendría como influir en el caso porque no soy segunda instancia en procesos contra alcaldes de ciudades capitales. Esa es una versión falsa propalada por personas que, como el excongresista Espinosa, se empeñan en cazar peleas con personas que cobran alguna relevancia. Espinosa la ha tomado en contra mía desde que le dije que no podría ayudarle a conseguir un cargo en la Procuraduría porque yo no soy nominador allí”.

Espinosa también ripostó y prometió entregarle a la sala disciplinaria que designe el Procurador pruebas de que fue el hoy procurador delegado Guzmán Navarro quien le ofreció conseguirle el cargo de procurador penal, siempre y cuando le diera mensualmente $4 millones de su sueldo. “Ese día –afirma Espinosa–, estábamos en su apartamento del norte de Bogotá donde, dicho sea de paso, se fue sin pagar completa la administración”.

Fuentes cercanas al despacho del procurador Ordoñez dijeron que este suele mirar con lupa la conducta y el “talante moral” de sus colaboradores y que en el caso de las quejas contra Guzmán Navarro, a quien aprecia, no va a ser la excepción.

Desde sus tiempos como representante a la Cámara por Cundinamarca, Guzmán es conocido por sus conocimientos en temas de política fiscal y ha recibido reconocimientos del Procurador por su trabajo “pedagógico y preventivos” en relación con el manejo de las finanzas de las entidades territoriales.

El caso ha cobrado ribetes de urgencia para el Ministerio Público. Fundamentalmente porque hay quienes quieren poner en tela de juicio la conducta y el origen patrimonial de uno de los delegados más próximos al Procurador.
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