Revista Dinero

Las operaciones de David Wigoda que terminaron en siniestros tienen algo más en común: ofrecen a los afectados garantías cuyo valor ha sido aumentado artificialmente.

| 4/18/2013 4:00:00 PM

¿Garantías infladas?

Víctimas del desplome de Factor Group reciben como garantía de pago bienes cuyo valor real parece estar muy lejos del que se les fija en los avalúos.

La finca La Esmeralda, un predio de 2.000 hectáreas situado en las planicies próximas a la isla de Mompox, en Bolívar, es uno de los bienes de su naturaleza mejor valorados del país. Su más reciente avalúo comercial lo tasa en $79.673 millones y su dueño, el ganadero Luis José Botero Salazar, debería ser considerado un ejemplo por las autoridades tributarias que a menudo se quejan de que los declarantes suelen subvalorar sus activos para evadir o eludir impuestos.

En medios de la Bolsa Mercantil –donde ha sido uno de los principales postores en las ofertas de commodities– Botero, ganadero de oficio, es considerado multimillonario. Sin embargo, su condición queda en entredicho cuando alguien revisa expedientes administrativos, civiles y penales en los cuales aparece su condición de deudor y posible defraudador de inversionistas del mercado de valores y encuentra que está cercado por embargos y otras medidas cautelares.

La Esmeralda, su mayor riqueza patrimonial, está siendo utilizada como garantía en varios procesos en los que se ventilan sus obligaciones. De un lado, la finca respalda una deuda por cerca de $30.000 millones que hace que la sede de la Bolsa esté hipotecada a una entidad financiera. De otro, está siendo ofrecida también como garantía a cerca de 150 clientes de la firma Factor Group, en liquidación tras su descalabro del año pasado. Simultáneamente está ofrecida en prenda en no menos de cinco procesos civiles que se ventilan contra su propietario en varios juzgados de Medellín.

Lo curioso del asunto es que el valor de la finca crece al mismo ritmo de las obligaciones de su propietario. El más reciente avalúo, realizado a comienzos de año, estima el valor de su hectárea tres veces por encima de lo que cuesta en otras fincas de similares características en su región. Allí, según el dictamen de los peritos de la Inmobiliaria Bancol, las mejoras valen tanto como la tierra.

Cifras en blanco y negro
Dinero comprobó, al revisar el documento del avalúo, que, mientras el valor del terreno está fijado en $46.500 millones, sus mejoras valen casi $35.000 millones, así ninguna de ellas represente algún proceso de tecnificación. Lo propio ocurre con el precio del ganado de carne. El precio de cada novillo se triplica en un lapso no mayor a ocho meses por un aumento de peso que solo sería posible en hatos de Argentina o Uruguay, donde el ganado crece en corrales estrechos y recibe un régimen alimenticio especial. Las reses de la Esmeralda pastan libremente y reciben comida que no difieren en nada de las demás fincas del sector.

La comprobación fue hecha a raíz de las denuncias de varios clientes de Factor Group que consideran perdidas las inversiones que hicieron a través de la compra de activos y derechos de contenido económico en un negocio denominado “Leyla María Guzmán-Luis José Botero-Unión Mutua”. Según ellos, esta y otras garantías que les han sido ofrecidas para el pago de las deudas han sido “infladas” y recibirlas como pago implicaría para ellos un encarte porque sería prácticamente imposible encontrar luego compradores que estén dispuestos a pagar por ese bien lo que dicen que vale.

Hernán Darío Escobar Aristizábal, uno de ellos, se quejó recientemente de la mala fortuna que tuvieron los clientes del negocio mencionado cuando la Superintendencia Financiera, que hizo un muestreo al azar, no lo incluyó en la lista de operaciones de captación ilegal que le fueron atribuidas a David Wigoda, dueño de Factor Group, cuando su firma fue intervenida.

Según él, el hecho de que el negocio no haya sido puesto en la mira de las autoridades les ha permitido a Wigoda y al propio Salazar manejar el asunto como si fuera una obligación normal y no como lo que realmente puede ser: una gran estafa a un grupo de inversionistas de buena fe, inducidos a engaño.

Jorge Roncancio, otra de las personas que se considera damnificada por causa del siniestro en el que concluyó la operación, asegura que Wigoda convirtió dos audiencias celebradas en noviembre del año pasado en la Superintendencia de Sociedades en un escenario de burlas a quienes fueron sus clientes: primero prometió que la finca sería entregada en dación de pago para cubrir toda la deuda y luego dijo que habría que esperar porque no tenía cómo pagar una caución que le exigía el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín para decretar el embargo.

“Respetados señores de la Fiscalía, ¿será que David Wigoda y Luis José Botero están ganando tiempo para el vencimiento de estos pagarés”, escribió Roncancio en una declaración pública.

Las esperanzas de los inversionistas están cifradas ahora en el proceso de liquidación iniciado por la Superintendencia de Sociedades, tras advertir que la dimensión de la crisis de Factor Group desbordaba los parámetros fijados inicialmente en un plan de desmonte. Allí esperan que las obligaciones sean reconocidas y saldadas en justicia.

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