| 11/23/2011 6:00:00 PM

Freno a un zarpazo

Más de 40 fallos del Consejo de la Judicatura evitaron que la Nación tuviera que pagarle medio billón de pesos a un cartel de jueces, abogados y asesores del Gobierno.

La faena cumplida el jueves 20 de octubre por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tiene pocos antecedentes en los anaqueles de la justicia colombiana. Ese día, seis magistrados del tribunal produjeron 42 fallos que librarán a la Nación de pagarle a un cartel compuesto por jueces, abogados litigantes y asesores jurídicos del Gobierno cerca de medio billón de pesos que hacen parte de sus recursos para la construcción de vías.

En los expedientes desplegados sobre la mesa de deliberaciones aparecían los nombres de campesinos, parceleros y terratenientes medianos, como Manuel Gregorio López Alpín, dueño del predio ‘Algún Día’, o Everledis María Naranjo, del terreno ‘Los Cámbulos’, en la sabana sucreña. Ellos le pedían a la Nación que les restituyeran los terrenos por los que hoy pasan carreteras o vías intermedias o, en su defecto, les pagara millonarias indemnizaciones.

Las demandantes –iletrados varios de ellos– estaban apoderados por abogados que, con inusual celeridad, consiguieron que jueces promiscuos de la Costa Atlántica admitieran las demandas ordinarias de reivindicación agraria, decretaran embargos y dejaran abonado el camino para condenar a la Nación a pagar a manos llenas por los “perjuicios” causados.

Los demandantes contaban con aliados clave como Emiro Rafael Salgado Atencia, juez de San Marcos, Sucre, que de manera prolija produjo en menos de seis meses embargos por $20.000 millones.

Todo esto ocurría mientras los abogados de la Nación, representada en este caso por el Invías, permanecían de brazos cruzados y permitían que los procesos quedaran a cargo de jueces de menor categoría que estaban invadiendo la órbita de la justicia contenciosa administrativa. El asunto llegó a manos del Consejo de la Judicatura porque funcionarios investidos de quijotes de las procuradurías regionales presionaron el establecimiento de un conflicto de competencia entre los jueces que participaban del festival de los embargos y los tribunales administrativos.

El magistrado Henry Villarraga Oliveros, presidente de la Sala Disciplinaria, le dijo a Dinero que los fallos contuvieron un zarpazo contra las arcas de la Nación, pero lamentó que otros muchos procesos fueron fallados antes de la intervención del tribunal y podrían representarle a la Nación golpes del tamaño de los que le han asestado con casos como el de la Caja Nacional de Previsión.

Lo que más inquieta ahora es que varios medios se han quedado con la versión del Invías que se reclama como el cancerbero del presupuesto, cuando fueron algunos asesores jurídicos, que pertenecían a su nómina en 2009, los que permitieron que los procesos avanzaran hasta alcanzar una dimensión en la que la Nación estuvo a punto de desempeñar el papel que históricamente ha cumplido: el de víctima.

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