| 5/11/2011 12:00:00 AM

Fraude invernal

Mientras el Gobierno desarrolla un plan estratégico para atender a las víctimas del invierno, algunos alcaldes convierten a los damnificados en clientes del mercado electoral.

Las cifras hablan de la eficacia de la estrategia de Estado impulsada por el Gobierno para paliar los devastadores efectos del invierno. 84% del total de la población damnificada ya ha recibido ayuda. Las inversiones realizadas para reconstruir la infraestructura averiada superan los $600.000 millones. El programa Colombia Humanitaria tiene presencia activa en 1.013 municipios afectados y gobernadores y alcaldes han inscrito sin dificultad proyectos que buscan redimir socialmente a los afectados.

Por primera vez existen unos indicadores claros para medir la gestión realizada para atender la emergencia y un manejo gerencial para la administración de los recursos, en los cuales el Estado replicó lo rescatable del modelo aplicado a finales de los 90 para la reconstrucción del Eje Cafetero.

Sin embargo, el plan de atención a los damnificados por las víctimas del invierno, que como pocas veces en la historia tiene el doble carácter de integral y estratégico, muestra ahora algunos lunares en entidades territoriales en las que jefes políticos y alcaldes pretenden sacarle partido a la emergencia y utilizar las ayudas oficiales con propósitos electorales.

Una de las primeras advertencias fue lanzada por el senador Alexander López, quien denunció que en los municipios vallecaucanos de Cartago y Vijes, lo mismo que en poblaciones que se encuentran en las goteras de Cali, los directorios políticos afectos a los alcaldes pretenden condicionar la distribución de las ayudas a compromisos proselitistas.

Carlos Mesa, procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales, investiga quejas que vinculan al alcalde de Cartago, Germán González Osorio, con el ocultamiento de 330 cajas de alimentos etiquetados con el logo de Colombia Humanitaria. Las ayudas habrían aparecido en los depósitos y garajes de una sede política que los ofrecía al precio de cautivar electores para los comicios territoriales de octubre próximo. El testimonio de Alfonso Castañeda Franco, encargado de transportar y almacenar la ayuda humanitaria, y conversaciones grabadas entre funcionarios de la alcaldía y caciques regionales son las evidencias con las que los implicados podrían ser llevados pronto a audiencia pública.

De acuerdo con el alcalde, el almacenamiento de las ayudas que, según él, no eran mercados sino harina y mantequilla, fue ordenado por Carlos Arturo Gómez Mejía, director del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres (Clopad).

Pero si por aquella región del Valle llueve, en el departamento de Sucre no escampa. Allí la distribución de ayudas se concentra en personas que no figuran en los censos realizados por los comités regionales de emergencia. Con un agravante adicional: los mercados y kits de aseo con destino a los damnificados han sido comprados con sobrecostos y sin la convocatoria de proveedores del mercado local, como lo ordenan los protocolos establecidos para la atención de la emergencia.

Por si fuera poco, el censo de damnificados fue inflado de 1.720 a 3.700 familias y, según cálculos todavía preliminares de la Contraloría, el detrimento patrimonial se acercaba recientemente a los $2.300 millones.

Estímulos perversos
Otro caso de almacenamiento de alimentos que se suponían destinados a los damnificados se presentó en Cartagena y compromete a la secretaria del Interior y Convivencia de la Alcaldía de Cartagena, Sindys Meza Pineda. Los mercados que, según denunciantes, serían guardados hasta el debate electoral de octubre, se dañaron por las malas condiciones en que permanecían guardados y eso sirvió para delatar la maniobra. El despacho de la Secretaria dijo que ella explicó con suficiencia la situación en el alegato previo al fallo disciplinario que deberá conocerse en breve.

En la población bolivarense de Soplaviento, los subsidios de arriendo destinados a las personas que perdieron sus casas, por desbordamientos de ríos y por avalanchas de tierra y lodo, se habían concentrado en manos de políticos que los distribuían a conveniencia, emulando las maniobras que se hicieron famosas con los censos del Sisbén. Un problema similar se plantea en Río Viejo, en el mismo departamento, donde el alcalde Fermín Acuña se encuentra investigado disciplinariamente.

Miguel Franco Menco, alcalde de Nechí (Antioquia), está investigado por el manejo irregular de $900 millones que estaban reservados para obras de infraestructura que buscaban prevenir estragos invernales y dotar de acueducto a una de las poblaciones más sufridas por los desastres invernales. Según pruebas recogidas por el Ministerio Público en Yarumal, el mandatario no declaró la urgencia manifiesta, pero tampoco observó las reglas contractuales al pagar obras que aún no concluyen.

Algunas de las obras previstas en Nechí habían sido proyectadas desde la época de la ola invernal de 2010, mediante un convenio interadministrativo celebrado por el municipio con el Instituto Nacional de Vías y la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias. Las obras planeadas buscaban proteger a las comunidades que se encuentran en las riberas del río Cauca.

"Nuestra alcaldesa, Ludis Payares Navarro, actúa como si fuera gerente y jefe de debate de la campaña de quien ella aspira sea su sucesor, y le confió a él el manejo de los recursos que nos envió el gobierno nacional para atender a las víctimas del invierno", se lee en una carta enviada a la Procuraduría por habitantes de El Carmen, en Norte de Santander.

Historias como estas, dignas de una antología de la vergüenza, se repiten en otras latitudes y atentan contra los esfuerzos del Estado por convertir la emergencia planteada por los desastres naturales en una oportunidad para reconstruir las zonas marginadas del país.

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