Revista Dinero

Frecuentes aumentos del valor de los principales contratos de infraestructura vial, con cargo a recursos del Estado, están desvirtuando la figura de las concesiones, advierte la Procuraduría.

| 9/8/2010 11:15:00 AM

Favoritismo en manejo de concesiones viales

En un lapso de 22 días, el Confis y el Conpes aprobaron adiciones por más de $1 billón para los concesionarios de la Ruta Caribe y la Vía Córdoba-Sucre. Los contratistas tenían acceso directo a la Casa de Nariño, según documentos en poder de la Procuraduría.

Durante el último año del gobierno de Álvaro Uribe, los concesionarios de la Ruta Caribe y de la Vía Córdoba-Sucre, dos de los proyectos de infraestructura que demandan más inversión para el país, tuvieron acceso directo a la Casa de Nariño y consiguieron allí que el valor de sus contratos fueran adicionados en montos superiores a $1,5 billones en tiempo récord y a expensas de vigencias futuras.

Estas dos concesiones hacen parte de un paquete de seis proyectos de dobles calzadas lanzados en 2007 por el gobierno del presidente Álvaro Uribe para mejorar la competitividad del país y, particularmente, mejorar el acceso vial en corredores clave de la Costa Atlántica. Inicialmente, el costo de las obras estaba tasado en $426.000 millones para la Ruta Caribe y en $241.000 millones para la Vía Córdoba-Sucre.

Sin embargo, consiguieron que el Consejo de Política Fiscal (Confis) y el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) dieran trámite vertiginoso y favorable a sus solicitudes de adición. Así, por ejemplo, dos de ellas, presentadas el 4 de marzo de 2010, tenían el día 12 el visto bueno del Conpes (el 3653) y el 15 contaban con el aval del Confis. El día 26, ya estaban aprobadas también las vigencias futuras (ver tablas). Ya en julio de 2008, estas mismas concesiones habían obtenido la aprobación de un documento Conpes en el mismo sentido (el 3535).

Lograr la aprobación de un Conpes en estos plazos resulta llamativo, ya que normalmente estos documentos llegan a tomar entre tres meses y un año -o más, dependiendo de su complejidad- e incluso muchos de ellos nunca llegan a ver la luz por lo exhaustivo que resulta el proceso de trámite ante los Ministerios y el Departamento Nacional de Planeación.En aquella ocasión, el Confis aprobó un plan de aportes estatales que comenzarán a ser apropiados en 2012, con un desembolso inicial de más de $280.300 millones, y terminarán en 2016, con aportes anuales que en total sumarán más de $1,06 billones.

Estas cifras contrastan con las inicialmente acordadas en las concesiones, lo que ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si se presentaron ofertas muy bajas para ganar las adjudicaciones y, por el camino, estas cifras se han ido ajustando, al aumentar el alcance de las obras.

La facilidad de acceso de los concesionarios a la Casa de Nariño, inusual en negocios estatales regidos por el principio de la transparencia, fue comprobada por investigadores comisionados por la Procuraduría que obtuvieron acceso a los correos electrónicos y a la correspondencia de Germán Rivadeneira Téllez, presidente de Autopistas El Sol, concesionario del proyecto Ruta Caribe que constará de siete tramos en la región de la Costa Norte.

En la mayoría de sus mensajes y oficios al Inco, Rivadeneira, que hasta la hora del cierre de esta edición no había respondido las llamadas de Dinero, invoca reuniones previas en el Ministerio del Transporte y en la Presidencia para buscar trámite preferente a sus diligencias. El informe de los comisionados, obtenido por Dinero, transcribe a manera de ejemplo un oficio enviado por Rivadeneira el pasado 3 de mayo de 2010 (ver facsímil).

Al cabo de la revisión de la correspondencia, los comisionados de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública se preguntan si el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), entidad gubernamental responsable de los procesos de licitaciones y adjudicaciones, debía limitarse solo a cumplir los dictados del alto gobierno. "Surge entonces la inquietud -anotan en su informe ejecutivo del 24 de junio- de si las decisiones tomadas por el Inco con relación (sic) a los proyectos viales en comento, gozaron de la autonomía debida".

CÍRCULO PRIVILEGIADO

Los documentos que muestran el manejo dado a las dos adjudicaciones y que acaban de ser enviados por el Ministerio Público a la Fiscalía y a la Contraloría revelan además que los valores adicionados llegan a duplicar el monto inicial de los contratos. "Alarmantes resultan los altos montos de aportes estatales autorizados por el Conpes y el Confis para estos dos proyectos, desvirtuándose el objeto mismo de los contratos de concesión, que precisamente buscan evitar que el Estado afecte su presupuesto".

En el transcurso de un año se realizaron hasta tres adiciones a una misma concesión, lo que sugeriría problemas en la estructuración del proyecto. Adicionalmente, cuando fue requerido por los organismos de control, el Inco, según estos, no disponía de fundamentos técnicos ni financieros que justificaran los alcances progresivos del valor del proyecto. Este mismo "régimen de prioridades", como lo denominó uno de los investigadores que habló con Dinero, se habría aplicado a otros ocho proyectos viales que, coincidencialmente, han sido los más cuestionados por la Contraloría General de la República por causa de sus retrasos (ver recuadro).

Registros de Cámara de Comercio y documentos que reposan en la Superintendencia de Sociedades y en los organismos de control prueban que Germán Rivadeneira es el presidente de las concesionarias de los dos contratos -Autopistas de la Sabana y Autopistas del Sol- y que la representación legal de ambos está en cabeza de Menzel Amín Avendaño.

Sobre esto último, María Juliana Alba Durán y Héctor Julio Silva López, asesores del Ministerio Público, observan en un informe rendido recientemente ante la procuradora delegada para la vigilancia preventiva, María Eugenia Carreño: "(...) preocupa entonces que con las ampliaciones efectuadas posiblemente se ha evitado la realización de procesos de selección objetivos, quedando en cabeza de prácticamente la misma persona obras de gran magnitud, lo que pone en riesgo su cabal desarrollo y cumplimiento, así como del patrimonio público; de hecho, ya se han efectuado ajustes a los cronogramas iniciales".

SIN SOPORTES

La idea de que las decisiones se gestaron en la Casa de Nariño para la adición del valor de los contratos se refuerza con otro hecho que llama la atención. Se trata de la existencia de un vínculo de consanguinidad entre el representante legal de los consorcios y los interventores. Del consorcio interventor de la concesión Córdoba-Sucre hace parte la firma Bitácora Soluciones Ltda., empresa del grupo Nule, cuyos socios mayoritarios son familiares de Amín. MNV S.A., también del Grupo Nule, que integra, a su vez ,el consorcio que tiene a cargo la interventoría de la Ruta del Caribe, pertenece al mismo grupo.

Según un ex asesor del Inco, que dijo haber advertido sobre la situación que se planteaba y sobre la pérdida de autonomía del organismo "por causa de los intereses que gravitaban en altos círculos del Gobierno", el asunto de la multimillonaria adición a las concesiones no sería más que un hecho rutinario, de no ser por el retraso evidente de los proyectos. Cuando el contrato para Ruta Caribe se encontraba en su primer año de ejecución, el proyecto se hallaba solo en fase de preconstrucción y, aún así, se le incorporó un otrosí que dispuso una inversión adicional estimada en cerca de $150.000 millones y, en el primer año de construcción, en 2008, se produjo un adicional al mismo por más de $426.000 millones, pese a que no tenía vocación de crecimiento en cuanto a su cobertura.

El pasado 12 de mayo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, refrendó ante el Inco una solicitud que viene haciendo desde junio de 2009: incluir en las obras adicionales a los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela. Recientemente, el funcionario comprobó que el proyecto solo contempla dos carriles por calzada. "Eso significa -dijo Verano- que los estudios y diseños no tuvieron en cuenta nuestras múltiples solicitudes y no contemplaron el carril para el uso de Transmetro y los tres para el tráfico de los vehículos particulares en cada calzada".

Las adiciones gestionadas directamente en la Casa de Nariño venían siendo preparadas por el consorcio constructor desde el 24 de febrero de 2010, época en la que los interventores ya les habían dicho que no disponían de todos los estudios de diseños y no podrían, en consecuencia, conocer el nivel de detalle de las soluciones propuestas, sus cantidades de obra y las necesidades presupuestales. La situación se puso en evidencia en un cruce de correos electrónicos entre Jorge H. Domínguez Castro y Miguel Darío Espitia Garcés, funcionarios del consorcio.

Existen otros documentos que demuestran que, ese mismo 24 de febrero de 2010, el Inco le pidió al Ministerio de Transporte su concepto sobre adecuación de análisis de riesgos, pero adjuntó un modelo financiero que no contaba con los valores acordados entre las partes.Por ahora, todo indica que estos casos, que reflejan unos problemas ya crónicos en los modelos de contratación en Colombia, llegarán a los estrados judiciales mucho antes de que las obras previstas en ellos lleguen a buen puerto.

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×