| 5/29/2014 6:00:00 AM

Los contratos de Petro

Un empresario cercano al alcalde de Bogotá está a punto de convertirse en el principal testigo sobre el pago de coimas en contratos supuestamente manejados por la familia política de Gustavo Petro. Esta es la historia.

Carlos Gutiérrez Robayo sonríe cuando alguien le comenta que a su concuñado, Gustavo Petro, le ha resultado todo “un parto de mulas” sostenerse en la alcaldía de Bogotá. Le cae en gracia la analogía porque él fue el primer médico veterinario colombiano que a comienzos de los 2000 desafío la infertilidad genética de las mulas al implantar con éxito un óvulo preparado en su laboratorio en la matriz de una ejemplar que luego tuvo sin problemas a su potrillo. “Sí, pero le digo algo: Gustavo va a ser algún día Presidente de la República”, dice Gutiérrez, sin dejar de sonreír, mientras recorre las estancias de su hacienda La Primorosa, en Zipaquirá, donde están los laboratorios y el centro de producción de CGR Biotecnología Reproductiva S.A.S., una de las diecisiete compañías de este hombre, hijo de Luis Eduardo Gutiérrez, el rey de los cultivos de papa en la región andina.

Cuando llega a los establos exhibe con orgullo a Gabancho, un toro semental de raza Gyr de 820 kilos de peso y habla de los grandes proyectos que se gestan aquí y en sus demás empresas. Se ve exportando carbón coque a granel, abriendo el mercado exportador de carne a Rusia y sacando adelante una multimillonaria APP ideada con socios suyos para la construcción del tren de carga Belencito-Bogotá.

¿Acaso no fue aquí, en La Primorosa, donde también ideó el proyecto de financiar la campaña proselitista de Petro y de llevar a su gabinete a otros hombres hábiles en los negocios como Diego Bravo, Fernando Rey y Fernando Sanclemente, a la postre cabezas del Acueducto y del sistema de Transmilenio y los dos primeros salidos de sus cargos en medio de escándalos.

Por primera vez desde que oye la pregunta, Gutiérrez no niega su estrecha relación con los tres. Cuenta que Bravo se hizo amigo suyo y de su padre desde la época aquella en que, como director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) les abrió más de noventa investigaciones administrativas por contaminación de aguas y el incumplimiento de normas de reforestación en las regiones en las que se extendían sus cultivos de papa. Con el tiempo, Bravo, el hombre que los golpeaba con su férula sancionatoria, se convirtió en alguien muy cercano a ellos e incluso el día en que Gustavo Petro y Verónica Alcocer de casaron prestó de buena gana su casa para celebrar allí la ceremonia civil y la fiesta.

A Fernando Rey lo conoció cuando ambos les apostaban a proyectos ferroviarios en 2009. Gutiérrez quería medírsele a habilitar la ruta de carga La Dorada-Santa Marta y Rey tenían ideas similares con líneas del interior del país. Sin embargo, su primer proyecto conjunto comenzó a cuajar cuando este dejó la gerencia de Transmilenio para ponerse al frente de Sofca, la empresa pivote de una alianza público-privada que consiguió que la Agencia Nacional de Infraestructura aprobara la construcción del primer tren de carga entre Cundinamarca y Bogotá. Hoy, ellos dos y 25 amigos más son socios de proyectos.

De Fernando Sanclemente ha sido más que un asesor. Gutiérrez dirigió personalmente el montaje para su amigo a quien considera dueño del principal criadero de ganado de la raza Angus en el país. Se encuentra en Guasca, Cundinamarca.

¿Con esa relación tan estrecha no fue entonces él quien le recomendó a Petro, como ya lo ha denunciado Dinero, el nombramiento de esas tres fichas claves en cargos sensibles para la contratación del Distrito? “Si quiere saber cómo llegaron ellos a esos cargos en el gobierno distrital y si tuvieron o no problemas allí, eso habría que preguntárselo a Gustavo que fue quien los nombró”, responde Gutiérrez.

Parte de la respuesta llega segundos más tarde. Ya en la oficina de la gerencia, Gutiérrez abre el correo de su teléfono móvil y confirma la llegada de un documento que le anunció el Alcalde cuando supo que periodistas de Dinero indagaban sobre el tema. Petro comunicó por esa vía que ya no seguiría impasible ante los cuestionamientos de críticos y detractores que lo acusaban de haber montado un carrusel de contratos similar en mucho al que le costó la caída a su antecesor Samuel Moreno al cabo de un proceso de destape en el que el hoy Alcalde tuvo amplia injerencia.

Contacto en Panamá

El anexo central del mensaje era un extenso memorial presentado por el Alcalde el viernes 16 de mayo en el despacho del Fiscal General de la Nación. Radicado bajo el número 20146110746102. El documento de Petro contenía una artillería de acusaciones contra un aliado suyo del pasado a quien él incorporó en el equipo de empalme y al que alguna vez le prometió que lo convertiría en algo así como en el veedor ético y el “filtro moral” de los contratos de Bogotá.

Los clarines de Petro, que anunciaban así una nueva batalla legal después de la que libró para conseguir que quedara en el limbo la destitución decretada en su contra por la Procuraduría, sonaban esta vez contra Alejandro Botero. Botero es el mismo hombre que por diferencias en negocios con contratistas de la pasada administración, como Julio Gómez –actualmente en la cárcel– les entregó a la justicia penal y al propio Petro evidencias sobre cómo se movían las fichas del carrusel.

El mismo día en que Petro decidió arremeter en su contra, Botero se encontraba en Panamá y desde allí disparaba ininterrumpidamente saetas contra el mandatario a través de su twitter. En sus trinos le pedía al alcalde que le contestara públicamente si era cierto o no que su gobierno también cobraba jugosas comisiones a los contratistas por lo negocios adjudicados y si era verdad o no que negocios de ese corte hechos con el Acueducto y en otras áreas de la administración eran fuente de lucro personal para él, sus funcionarios y sus parientes.

Dinero comprobó que antes de partir hacia el Istmo, Botero hizo contactos con funcionarios de los entes de control y con dirigentes políticos a los que les entregó información tipo dossier sobre la manera como, según él, operaban los negocios espurios de contratación en la rehabilitación de plantas del acueductos y alcantarillado, la construcción de paraderos para el Sistema Integrado de Transporte Público y el desarrollo de proyectos de tecnología informática para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Todos los proyectos, de acuerdo con el dossier, pasaban previamente por el cedazo del concuñado del Alcalde y de Juan Carlos Alcocer, hermano de la esposa de Petro, y de otros de sus cuñados.

La Revista encontró en Panamá a Botero, quien dijo que aparte de los negocios que maneja en Panamá, entre ellos un contrato con Edupan para la construcción de paraderos similares a los que ya operan en Bogotá, tuvo que refugiarse transitoriamente allí para ponerse fuera del alcance de quienes le amenazan de muerte. “La Fiscalía –dijo Botero– no hizo nada por impedir que me quitaran el esquema de seguridad al que tenía derecho por haber sido testigo eficaz. Además, estoy amenazado por Carlos Gamboa, un controvertido prestamista al que acudí por recomendación de Carlos Gutiérrez, concuñado del Alcalde”. Gutiérrez niega haberle hecho tal contacto.

De acuerdo con la versión de Botero, Gamboa le compró la mitad de su empresa Servicori, especializada en obras civiles, para que desarrollaran juntos contratos con la administración distrital. El primero debía ser uno que obtuvieron, a través de la firma Eucol, para la construcción de 500 paraderos y realizar alrededor de ellos 5.500 señalizaciones en las rutas del SITP en Bogotá. “Perdimos el contrato por falta de liquidez pero quedé embarcado en una deuda por más de $250 millones con Gamboa. Supe tarde que Gamboa es un cambista que estuvo comprometido en la operación Chimborazo, realizada por las autoridades contra lavadores de activos en San Andrés”. La familia Gamboa rechaza esa versión y dice que tiene cómo demostrar que Botero, además de comisionista de contratos, es un estafador.

Botero se precia de conocer como pocos los secretos mejor guardados de la administración en Bogotá, pues dice que desde el comienzo el Alcalde, que luego le pidió entenderse con sus cuñados, le solicitó que le ayudara a sacar a los viejos contratistas de Samuel Moreno para identificar unos nuevos “no contaminados”. Asegura incluso que por sus servicios le ofrecían unas “primas de éxito” sobre la ejecución de los contratos, aunque a juzgar por el curso que tomarían los negocios esa expresión resultó siendo no más que un eufemismo para referirse a las comisiones. “El Alcalde afirma que mis denuncias son un chantaje”, dice Botero. “Lo mismo decía de mí Julio Gómez y mírelo, está en la cárcel”.

Contrarréplicas

En el memorial reenviado por intermedio de Carlos Gutiérrez, Petro le pide al Fiscal que investigue a Botero por todos los delitos que haya podido cometer, no solo al lanzar acusaciones de ese tipo, sino por buscar auparse económicamente en algunos contratos abusando de la confianza que alguna vez le tuvo.

En su dossier en construcción, Botero asegura que uno de los contratos estructurados en el apartamento de Carlos Gutiérrez en Bogotá, con la presencia del propio Petro, fue precisamente el de los paraderos. Se atribuye el ‘mérito’ de haber evitado que el negocio fuera sacado a licitación pública por el Instituto de Desarrollo Urbano y dice haber conseguido que se prorrogara por un término de cinco años y siete meses el contrato que ya estaba a cargo de Eucol, que supuestamente ofreció comisiones por $3.000 millones. La parte que le correspondía a él sería el contrato para la construcción de 500 de ellos. El negocio valdría cerca de $330.000 millones.

Dinero visitó la oficina de Darío Ferrer, gerente de Eucol, para quien Botero y quienes se han sumado a su versión mienten, ya que la prórroga no fue ni mucho menos gestionada por aquel, sino que resultó de un juicioso estudio jurídico realizado por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep). Tanto él como la directora del Dadep coincidieron en que el IDU no tiene injerencia alguna en el proyecto.

Ferrer acepta sí que él le dio a Servicori –la firma de Botero– el contrato para la construcción de los parqueaderos y para realizar las señalizaciones. ¿Lo hizo por recomendación de Carlos Gutiérrez, como lo sostiene el contratista? “No, dice el gerente de Eucol. Lo hice porque un amigo mío del colegio, de apellido Lozano, si mal no recuerdo, me pidió que le ayudara a Botero”.

Contó también que tuvo que quitarle la obra al subcontratista al probar que no estaba cumpliendo con los requisitos sobre calidad técnica de la obra, no recogía los escombros y porque no les pagaba salarios y prestaciones a sus empleados y no cumplía tampoco con los parafiscales.

Blanca Durán, directora del Dadep, ofreció a los periodistas acceso al expediente del contrato de los paraderos que se está cumpliendo dentro de los cronogramas y parámetros legales. Se mostró extrañada eso sí de que Ferrer hubiese subcontratado a Botero. Cuando Botero salió del negocio, el lugar que dice haber ocupado fue asumido, según él, por el ingeniero Juan Carlos Alcocer, cuñado de Petro y gerente de la firma Praga Construcciones y de los posibles encargados de la selección de contratistas. Alcocer no respondió las llamadas de Dinero para conocer su versión.

Es un hecho que el Fiscal General ya acusó recibo. Pero lo es también que, más allá de la contradenuncia de Petro, deberá revisar los contratos cuestionados por Botero y otros denunciantes que aún no se animan a aparecer en la escena pública. Y lo hará para buscar el rastro de las posibles comisiones y beneficiarios.

***

Los acreedores

Con la ayuda de su familia Política, el alcalde Petro también tiene lista una batería de testigos que dicen haber sido engañados por Alejandro Botero, a quienes algunos de ellos denominan un “estafador contumaz”. 

Marlon Gamboa, sobrino del financista Carlos Gamboa, dice que Botero los engañó con la expectativa de negocios hechos con el respaldo de contratos del Distrito. Como no ofrecía garantías reales distintas, los Gamboa accedieron a convertirse en socios capitalistas de su empresa Servicori. Marlon, quien se declara preocupado por los efectos de posibles acciones judiciales, figura en ella como representante legal suplente.

Cristina Fuentes, socia de GF Motors, una concesionaria de vehículos en Bogotá, dice que le entregó al subcontratista cuatro vehículos de los cuales no le ha pagado un solo peso. “Me mostró los contratos que le estaban dando en el Distrito y yo confié en su capacidad de pago. Después vine a saber de él cuando uno de sus escoltas vino a buscarme para que pusiera a su nombre uno de los carros que Botero le había entregado para saldar la deuda que tenía con él por no pagarle salarios ni prestaciones”.

 Como estos dos, hay diecinueve testimonios más que podrían ser de interés si las autoridades deciden establecer hasta dónde llegaban los tentáculos de intermediarios en la contratación distrital.
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