| 6/14/2014 7:00:00 PM

¿Refugio en Tel Aviv?

Como ocurrió en los 90 con el empresario Jaime Glottman, David Wigoda, expresidente de Factor Group, estaría buscando el amparo de Israel para ponerse fuera del alcance de la justicia colombiana.

Se cumplía un año de la apertura del proceso de liquidación de su firma Factor Group, la sociedad de corretaje de crédito y compraventa de cartera más grande del país, y David Wigoda Rinzler buscó al rabino de su comunidad para pedirle un favor que le permitiría alejarse, al menos por un tiempo, de los reclamos y presiones de varios de los 1.500 clientes que vieron comprometidos más de $200.000 millones en siniestros de las operaciones de su firma.

Le pidió en concreto que le certificara su condición de judío para poder viajar tranquilo a Tel Aviv donde pensaba ir a tomar un respiro. A sus amigos más cercanos les confió ese 18 de marzo que consideraba seriamente la posibilidad de acogerse a la Ley del Retorno, aprobada en 1950, que les permite a los nacidos de vientre judío –así reza su texto– obtener su nacionalidad en Israel.

Una de sus antiguas clientes comprobó a finales de mayo que Wigoda, a quien había dejado de creerle desde la época en que le confió un dinero que luego se esfumó, que esta vez podría estar hablando en serio. Se lo encontró en el vuelo de Iberia con destino a Madrid y comprobó que allí tomaría una conexión a Tel Aviv usando probablemente un pasaporte polaco.

A los abogados de quienes fueron sus clientes, Wigoda les dijo una cosa distinta. A ellos los llamó por teléfono para anunciarles que les daría una cita para acordar nuevas fórmulas para hacer más expedita la recuperación definitiva de buena parte de los recursos comprometidos en negocios que figuran en el plan de desmonte. Sin embargo, no se presentó en el encuentro pactado para el 27 de mayo en el Club de Banqueros de Bogotá. Días después se excusó a través de un breve contacto, vía Skype, y desde entonces sus teléfonos celulares están en buzón.

Si se comprueba que Wigoda se estableció en Israel, sus clientes y la propia justicia colombiana habrán sido defraudados. Como no existe tratado de extradición con Israel, las autoridades colombianas no lo podrían juzgar, al menos presencialmente, por los delitos que hoy se presumen en su contra: captación ilegal de recursos del público, estafa y falsedad.

Si en verdad se acoge a la Ley del Retorno estaría emulando a Jaime Glottman, el empresario dueño de la firma Icasa que se marchó definitivamente a Israel y fue juzgado y condenado por haber convertido su compañía de venta de electrodomésticos en una captadora ilegal.

***

El ejemplo de Glottman

Jaime Glottman Finvard fue llamado a juicio en Bogotá en mayo de 1994, pero el propósito de la justicia de tenerlo en el banquillo de los acusados se desvirtuó bien pronto. El gobierno de Israel le contestó formalmente a la Cancillería colombiana que en ausencia de un tratado de extradición no podría entregarle a un nacional suyo.

A despecho de sus 3.444 acreedores, a quienes Glottman les pediría perdón a distancia, su condena se produjo en ausencia y los activos de la liquidación no fueron suficientes para mitigar el daño causado.
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