Revista Dinero

La estrategia integral de defensa jurídica de la Nación ha sido liderada por el hoy ministro del Interior, Fernando Carrillo, y por la directora de la agencia especializada, Adriana Guillén.

| 12/14/2012 9:00:00 AM

¿Esa platica se perdió?

Los particulares le deben a la Nación $37,1 billones, más de dos veces el presupuesto de Bogotá. El Estado prepara una estrategia para recuperar los recursos.

Ninguno de los 53 congresistas condenados dentro del proceso de la ‘parapolítica’ ha pagado las multas impuestas por la Corte Suprema de Justicia. Casi todos ellos se han declarado insolventes y han dicho que solo pueden resarcir con cárcel el daño que le causaron a la sociedad con sus delitos.

En una tónica similar andan administradores sancionados por el mal uso que les dieron a bienes incautados a narcotraficantes y que les fueron confiados por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Estos dos grupos de personas, sumadas a los deudores morosos de la administración de impuestos, son los que mayor impacto generan en el monto de acreencias que 537.300 personas naturales y jurídicas tienen actualmente con el Estado. Sus deudas con el fisco llegan hoy a los $37,1 billones.

“Esa deuda de $37,1 billones resulta particularmente gravosa”, le dice a Dinero el contador general de la Nación, Pedro Luis Bohórquez Ramírez. Él se ha encargado de hacerlos visibles a través del boletín de deudores morosos que, por mandato legal, debe mantener actualizado.

El reto de recuperar ese dinero luce hoy descomunal. Sin embargo, el Contador celebra que la directora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, Adriana Guillén, y el ministro del Interior, Fernando Carrillo, hayan hecho causa común para iniciar los cobros a través de las entidades afectadas.

Al alistar su artillería para ir en busca de la plata, el Estado ha encontrado que los particulares (447.000 en total) son los deudores más renuentes a pagar. Las cuentas pendientes para ellos suman $28,4 billones. Los demás deudores son personas jurídicas (90.200) que están en mora de desembolsar $8,7 billones.

Un lunar en las finanzas

Miradas individualmente, cada una de esas deudas supera los seis meses de antigüedad y en montos son mayores a los $2’883.500, con lo cual cumplen los requisitos para que sus titulares reciban la conminación pública de la Contaduría para que paguen. Hoy por hoy representan uno de los principales lunares de las finanzas públicas que, de 2010 para acá, muestran signos de recuperación y vitalidad.

De acuerdo con el Contador, los balances más recientes muestran que, en 2011, estudiadas 326 entidades de derecho público, los activos de la Nación se incrementaron en $48 billones, al pasar de $325,9 billones a $374 billones, los pasivos se incrementaron en un orden de $16 billones, al pasar de $462 billones a $478 billones. “Esa diferencia –explica– se atribuye a dos factores fundamentales: uno, a la política de administración tributaria que tuvo el Gobierno durante el año 2011 y dos, a la mayor generación de recursos producto de la actividad extractiva”.

Al crecido volumen de acreencias se suman los riesgos derivados del alto número de demandas contra la Nación, que ha obligado a la Agencia de Defensa Jurídica a desplegar una estrategia para evitar que el fisco siga siendo el gran derrotado en los escenarios litigiosos.

Sergio Pinillos Cabrales, jefe de la oficina jurídica de la Agencia, le informó a Dinero que la lista de las diez entidades públicas más demandadas está encabezada por el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), que enfrenta casi 100.000 procesos por más de $2,2 billones (ver tabla).

El éxito de la estrategia pasará por la vigilancia de los abogados que defienden los intereses de la Nación. “Estamos adelantando –explica Pinillos– los estudios necesarios que nos permitan determinar el modelamiento y alcance adecuado que debe tener un sistema que contendrá el inventario total de abogados que defienden los intereses del Estado. Es importante anotar que el mismo será implementado en el mediano plazo con un crédito de Banca Multilateral, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo”.

Así las cosas, el cobro de sus acreencias y la defensa de sus intereses en los tribunales harán parte efectiva de la política presupuestal colombiana, lo cual no deja de ser una novedad.
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