| 7/24/2014 7:00:00 AM

La prueba ácida

Rastreos en paraísos fiscales hacen parte de una nueva fase del juicio por el caso InterBolsa, en el que la Fiscalía se juega buena parte de su credibilidad.

Fiscales y agentes de la policía financiera colombiana emprenderán en breve una de las misiones más sensibles: irán a Curazao, Bahamas, Panamá e Islas Vírgenes en busca de información de primera mano sobre las inversiones off shore hechas por InterBolsa con recursos de sus clientes.

A Willemstad, donde las autoridades antillanas dudaron durante seis meses sobre si la cooperación judicial tiene o no más peso que la reserva que protege las operaciones financieras, llegarán con la promesa de disponer de documentos que permitan aclarar el papel cumplido por el estadounidense Eric Andersen como director del Fondo Premium y sobre el sojuzgamiento y manipulación a los que, según él, fue sometido por Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, creadores de ese vehículo de inversión.

Los emisarios judiciales a Islas Vírgenes van con la tarea de reconfirmar evidencias según las cuales brokers y comisionistas constituyeron allí un fondo gemelo al que fueron a parar recursos “puenteados” a través de Panamá y manejados por los mismos advisors de Premium radicados en Bahamas.

“Vamos en busca de pruebas adicionales a las que ya tenemos porque nuestra consigna es no hacer imputación de cargos cuando no estemos seguros de que obtendremos condenas”, dice Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal general de la Nación. Él y Alexandra Ladino, fiscal cabeza del equipo de investigadores de InterBolsa, lucen preocupados y molestos por las nuevas críticas de quienes creen que el proceso contra los responsables del desplome de la compañía está sufriendo dilaciones injustificadas.

Ambos quieren demostrar que no hay letargo procesal ni protección velada a los implicados y este 31 de julio, cuando se instala de nuevo el banquillo de acusados, esperan iniciar una etapa de imputaciones penales que ya están documentadas. Mientras un juez decide sobre la audiencia para formular cargos a Andersen, Claudia Aristizábal y Natalia Zúñiga, la Fiscalía llevará a los estrados a cuatro integrantes de la fuerza comercial de la comisionista de bolsa que estructuraron los préstamos y las operaciones repos para que el italiano Alessandro Corridori y aliados de negocios suyos se hicieran al control de Fabricato mediante operaciones bursátiles.

COYUNTURA DESFAVORABLE

Quienes oirán ese día la notificación de cargos penales son Janeth Katherine Hernández, Miguel Derjach, Clemencia Soto y Gloria Cárdenas, a quienes la fiscal del caso les reprochará conductas asociadas a la concentración de créditos por más de $86.083 millones en cabeza de Corridori, con garantías débiles representadas en pagarés y acciones de la misma Fabricato.

En el campo de la opinión, la coyuntura en este preludio del juicio no parece la más favorable. Desde su columna en Semana, la periodista María Jimena Duzán se preguntó por estos días “¿quién protege a los de InterBolsa?” y denunció que Rodrigo Jaramillo, expresidente de la compañía, la única cabeza cobijada por medida de aseguramiento, sale de su lujoso apartamento en Medellín como si estuviera libre de apremios. A su juicio, Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado “representan un peligro para la sociedad y pueden seguir obstruyendo la justicia”.

Simultáneamente, en una entrevista para El Espectador desde Curazao, Eric Andersen acusó a la Fiscalía de estar dañando su reputación y a Ortiz y a Jaramillo hijo de haberse aprovechado de él para hacer un “mercadeo engañoso” de Premium. “Fueron ellos –dijo– quienes escogieron la jurisdicción de Curazao y a mí como director. Sin embargo, según supe, después del 2 de noviembre de 2012 un gran número de las inversiones de Premium se fue para negocios de algunos directivos de InterBolsa. Fabricato tenía una gran posición, cerca de 25% de la cartera del Fondo estaba representado en sus acciones y, claro, después del 2 de noviembre el valor cayó significativamente”.

El Vicefiscal no niega que la interpelación de Andersen ha llevado a los investigadores a ir hasta los últimos confines de los paraísos fiscales para asegurarse de que las pruebas tengan la solidez necesaria. No se puede ignorar que los derechos de las víctimas cobrarán mayor peso específico en el escenario judicial, sobre todo después de que la Asamblea de clientes de Premium no tuvo el quórum necesario para estudiar las ofertas de resarcimiento hechas por Ortiz, Jaramillo y Maldonado, señal inequívoca de que no quieren escuchar noticia distinta a la de la liquidación del fondo.

Sin duda, lo que haga el aparato judicial en esta segunda parte del proceso de InterBolsa será una prueba ácida para su credibilidad.

***

LO QUE VIENE


Dinero conoció un documento de 190 páginas que recoge los cargos que serán formulados a los implicados en la toma de Fabricato a expensas de manejos que llevaron al colapso a la sociedad comisionista de InterBolsa. Esta es su esencia:

(…) “Los directivos de la firma InterBolsa S.A. decidieron otorgar créditos al señor Corridori y las empresas a él relacionadas durante el año 2012 en una suma que llegó a los $ 86.083.636.719, donde las garantías presentadas fueron pagarés y acciones de Fabricato, adquiriendo estas obligaciones a favor de la holding que a la postre fueron incumplidas.

“En compras, los cinco (5) inversionistas, clientes de InterBolsa S.A., que obtuvieron mayor participación respecto del total de cantidades negociadas en el año fueron: Alessandro Corridorí con un 12,63% como persona natural y 4,77% como único dueño de la sociedad Invertácticas S.A.S.; la sociedad P & P Investment S.A.S. con 5,13%; la inversionista Claudia Marcela Villa Córdoba con 2,09% y USB AG London Branch ACIPB C con 2,06%.

“La manipulación de especies tiene que ver con la acción del emisor Fabricato. Tal como lo informó el Superintendente Financiero para el año de 2011, el precio de la acción de Fabricato se incrementó en un 214,12 %, pasando de $26,20 en enero de 2011 a $84.29 en diciembre 29 de 2011, sin que exista sustento alguno en aspectos económicos y productivos de la compañía.

“¿Qué facilitó el manejo torticero del mercado como ocurrió a noviembre 2 de 2012 (día de la intervención de la firma? Sin duda, el trato preferencial que los ahora imputados le dieron a Corridori y su grupo. Así, la suma en repos sobre la especie Fabricato que poseía InterBolsa SCB como enajenante o punta pasiva era de $292.296.712.730 millones” ..
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