| 5/16/2013 12:00:00 AM

“En Colombia no se prevarica por cumplir la orden de un juez”

Emilia Fadul es algo así como la memoria viva de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena. Al fin y al cabo, 17 años de su vida transcurrieron allí. Sus estudiantes de la Universidad de Cartagena dicen que pocas personas como ella saben de esa actividad.

Desde allí fue una de las gestoras de las reformas que modernizaron el sistema. Vivió trances muy difíciles como el asesinato de una de sus asesoras jurídicas, con quien había hecho causa común para evitar que la oficina fuera afectada por los corruptos. Aún conserva las denuncias que presentó ante la Fiscalía cada vez que tuvo evidencia cierta de que alguien quería traficar ilegalmente con el servicio.

Su recelo hizo que se viera como una paradoja su captura producida hace catorce meses en Valledupar cuando, en uno de sus pocos días libres, viajó a Valledupar a disfrutar del Festival Vallenato. Hoy se duele de las circunstancias en que fue privada de la libertad, pues dice que de haber sabido que la Justicia la requería para aclarar cualquiera de sus actuaciones, ella misma habría comparecido de inmediato.

Dinero.com habló con ella en la base de la Infantería de Marina en Cartagena, donde espera los resultados de una apelación que su abogado, el penalista Jaime Lombana, presentó contra el escrito de acusación que le formuló la Fiscalía por el caso del terreno donde se proyectar construir el muelle petrolero cerca a la Refinería de Ecopetrol.

Dinero: ¿Qué delitos le atribuyen y por qué?
Emilia Fadul: Me acusan de concierto Para delinquir, de prevaricato y falsedad. Y lo hacen en relación con uno de los tantos casos que hicieron parte de mi rutina en la oficina y sobre el cuál jamás tuve un interés personal. Nunca conocí el lote de terreno, solo vi su nombre en un documento y tampoco sabía de la controversia que había alrededor de él ni sobre su destinación, ya que estos asuntos no hacían parte de mis funciones. Es más, siete meses después de estar detenida algunas personas informadas me visitaron para decirme que, mucho antes de que se abriera el proceso en mi contra, Ya Cardique (autoridad ambiental de Bolívar) había dado licencia para la construcción del muelle.

¿Usted conocía a los demás implicados y se reunió con ellos para discutir algún pormenor del asunto?

Jamás. De ellos solo vi alguna vez al juez Monpox porque coincidimos en una época como profesores de la Universidad de Cartagena. Pero éramos como 70 docentes y jamás hubo relación de amistad entre nosotros. Cuando lo vi, ya detenidos en Bogotá, su rostro me pareció conocido y creí que venía como apoderado de alguno de los procesados. No sabía de la existencia de los demás.

¿Pero entonces por qué la Fiscalía y el juez de garantías consideran que usted se concertó con él para permitir que el terreno de la discordia fuera arrebatado a Corelca y quedara en manos de particulares?
Porque no conocen lo que realmente ocurrió o no han querido valorar las circunstancias que estoy en capacidad de probar. A diferencia de los que algunos creen el juez Mompox nunca me explicó que en ese terreno había cincuenta o más campesinos que se verían afectados por un posible robo. El simplemente me ofició para ordenarme que retirara del folio de matrícula anotaciones sobre dos embargos que pesaban contra ese bien, uno de ellos de la Dian. Mi oficina le hizo ver en ocho ocasiones que su decisión tenía varias inconsistencias jurídicas. Tengo todas las respuestas que le dirigimos. Finalmente, él me dio un plazo perentorio para que acatara su decisión, so pena de posibles acciones judiciales en mi contra. Cumplí su orden y eso no implica haber cometido ningún delito. En Colombia no se prevarica por cumplir la orden de un juez.

¿Pero en el cumplimiento de esa orden intervino solo usted?

No. En mi caso la Justicia ignora las normas que regulan la actuación de un registrador de instrumentos públicos y privados. De hecho, la fiscal que me acusó ha admitido públicamente que las ignoraba. El registro comienza de abajo hacia arriba. La persona que recibe en la ventanilla pasa a un funcionario que hace un proceso que se llama complementación. L es el que mira que todos los datos estén correctos y luego se inicia un reparto en el que basta con hacer un click para el asunto llegue equitativamente, según los volúmenes de trabajo, a algún funcionario con función de calificación.

Surtido el trámite de la el que mira que todo los datos estén correctos, el número del folio. Luego hace un reparto: es un programa que tiene la Superintendencia donde solo es necesario hacer un click para repartirlo equitativamente entre los funcionarios que tienen la competencia o la función de la calificación. El siguiente filtro es un comité calificado y, finalmente, el registrador da la constancia final. El procedimiento está perfectamente reglado por la ley para, entre otras cosas, ponerlo a salvo de eventuales manipulaciones.

¿Por qué el Superintendente de Notariado y Registro habla de la existencia en Cartagena y otras regiones de un cartel de las tierras?
Habría que preguntárselo a él y pedirle que lo denuncie. Yo tengo en mi poder decenas de documentos que demuestran que yo sí he denunciado. Ese funcionario no fue nunca imparcial conmigo. Quiso someterme a presiones desde el comienzo y mantuvo intervenida mi oficina. A varios conocidos en común les dijo, sin dar razones, que lo que era él me jodía porque me jodía. Y cuando fui detenida injustamente lo celebró. ¿Qué busca? Solo él lo sabe. En cuanto a mi concierne, someto al escrutinio público mis bienes. No tengo reparo en que se conozca mi declaración de renta, que se revise la cuenta donde recibía las consignaciones por mis servicios como docente en la Universidad de Cartagena. Tengo un apartamento que compré hace 27 años con un préstamo del banco ganadero y nadie puede decir que me he enriquecido ilícitamente.

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