| 4/17/2013 6:00:00 PM

En busca del dinero perdido

De la mano de la Contraloría, el Estado colombiano persigue en el exterior dinero birlado al fisco en seis sonados casos de corrupción.

La reserva legal que protege los gastos de defensa nacional no había permitido conocer hasta hoy los detalles de una batalla silenciosa que libra el Estado colombiano para recuperar más de US$1,7 millones que andan refundidos a raíz del incumplimiento de un contrato para la provisión de armas y explosivos con una empresa de la industria militar argentina.

El contrato no fue firmado ni en Bogotá ni en Buenos Aires, sino –como dijeron las fuentes consultadas– “literalmente celebrado” en Miami bajo la cubierta de un yate y al calor de un vino del mejor bouquet. Los representantes de las Fuerzas Militares de Colombia y de la compañía Taller de Armas Livianas de Argentina S.A. firmaron el negocio en 2005, cuando la política de seguridad democrática llegaba a uno de sus picos más altos.

El neto es que hasta ahora no han llegado las armas ni los explosivos prometidos y el dinero de los contribuyentes colombianos pagado como anticipo no aparece por ningún lado. Mientras las justicias penal y disciplinaria avanzan tímidamente en sus indagaciones preliminares, la Contraloría General de la República rastrea cuentas, empresas e inversiones en el exterior para recuperar los recursos. Al responder un derecho de petición presentado por Dinero, Javier Alonso Lastra Fuscaldo, contralor delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, explicó que las diligencias en el exterior se han hecho a expensas de los procesos de responsabilidad fiscal y en algunos casos con el apoyo de la Interpol y que no se ha contado con ningún otro tipo de cooperación judicial y tampoco con el respaldo de gestiones diplomáticas o consulares.

Como la contralora Sandra Morelli y la canciller María Ángela Holguín han tenido diferencias de criterio sobre el alcance de los mecanismos de cooperación internacional en casos de corrupción administrativa, la Contraloría ha preferido buscar sus propios nichos de operación para que el brazo del Estado colombiano consiga ir más allá de los límites de las reservas bancarias y de las barreras protectoras levantadas por los paraísos fiscales. Carlos Rodríguez, director de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, dijo que la Contraloría se acogió a las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción de la OEA (1996) y de Naciones Unidas (2003) y se constituyó en “Estado Central”, una figura que le permite validar y conseguir apoyo oficial para sus investigaciones en el exterior.

NULE, AIS Y OTRAS YERBAS

La historia del incumplimiento en la producción de las armas argentinas parcialmente pagadas por Colombia, en la que los investigadores creen estar muy cerca de la localización y embargo de bienes en el exterior, es tan solo un caso citado a manera de ejemplo sobre el primer esfuerzo real hecho por el Estado para meter las manos en las alforjas de quienes han saqueado sus arcas.

En la relación oficial figuran otros cinco casos representativos en los que la principal autoridad fiscal colombiana está yendo más allá de las fronteras en busca del patrimonio de los corruptos. En algunos de ellos hay contrastes y paradojas entre la gestión internacional y la acción de la justicia doméstica.

Mientras en Colombia, Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, busca una indemnización por los supuestos perjuicios causados por la intervención de su grupo ordenada por el presidente Juan Manuel Santos, la Contraloría les sigue el rastro a sus inversiones en México y a dineros suyos que se han movido a través de fondos de otros vehículos de inversión de entidades financieras off shore.

Información todavía preliminar indica que los recursos movidos allí superan los $150.000 millones y se concentran en el sector turístico y en otras actividades que no guardan relación alguna con el objeto de Saludcoop y de ellas habrían sacado provecho algunos servidores públicos. El mismo registro de persecución a patrimonios mal habidos en el exterior se relaciona con los procesos por la concesión ilegal de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), lo mismo que con el pago ilegal de anticipos al Grupo Nule para contratos del orden distrital y nacional que fueron incumplidos.

El rastreo incluye también el esfuerzo por rescatar al menos parte de los recursos perdidos en casos de interés regional. Por denuncias del actual vicepresidente de la República, Angelino Garzón, fue comprobado un daño patrimonial por $107.231 millones a la Industria de Licores del Valle y están enjuiciados fiscalmente sus exgerentes Doney Ospina Medina y Ruth Sofía Triviño Lopera. Aquí bien puede haber exservidores públicos que se declaran insolventes mientras manejan cuentas cifradas en el exterior.

Lo propio puede estar ocurriendo con funcionarios, contratistas y testaferros que esquilmaron recursos del Fondo Nacional de Calamidades y de su cuenta especial denominada Colombia Humanitaria en Barranquilla. Mientras aquí faltaban recursos para atender la emergencia causada por una de las peores olas invernales que recuerde el país, los saqueadores buscan refugio para su plata en paraísos del Caribe.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?