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Luis Guillermo Vélez es ‘objetivo’ de los Jaramillo, pero ninguna de sus decisiones indica que los haya favorecido.

| 8/9/2013 10:00:00 AM

En busca de una cabeza

Dinero revela las razones que llevaron a exdirectivos de InterBolsa y a su abogado a poner en la mira al superintendente de Sociedades.

El viernes 2 de agosto, Tomás Jaramillo suspendió las vacaciones que tomaba con su esposa y sus hijos en Santa Marta para participar en un consejo de familia convocado por su padre Rodrigo Jaramillo, expresidente de InterBolsa, para analizar el impacto que podría tener sobre su situación jurídica un conato de escándalo provocado por su abogado Jaime Lombana contra el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez.

El litigante difundió a través de algunos medios masivos la versión según la cual Vélez habría violado límites legales y éticos al reunirse con los Jaramillo para analizar la crisis que condujo a la debacle de InterBolsa y para estudiar alternativas sobre un plan de desmonte empresarial lo menos gravoso posible para ellos.

Aunque el asunto puso al Superintendente a dar explicaciones públicas y propició en la práctica la aceleración de decisiones tales como la toma de posesión de los activos de varias empresas y personas naturales vinculadas a las familias protagonistas de la mayor debacle del mercado de valores, no produjo el efecto calculado por el denunciante: la renuncia del funcionario.

Mal que bien, Vélez mostró un registro de 22 decisiones tomadas por el organismo a su cargo entre el 16 de noviembre de 2012 y el 2 de agosto de 2013, de ninguna de las cuales podría deducirse que estuviera favoreciendo a los Jaramillo.

A la familia del presidente de InterBolsa le quedó la sensación de que el asunto podría convertirse en un bumerán, sobre todo en momentos en que negocian con la Fiscalía beneficios judiciales a cambio de una confesión y una colaboración eficaces. Lo cierto es que si esa colaboración incluye una eventual delación contra el Superintendente, las débiles evidencias conocidas habrían perdido mucha más fuerza por la manera como fueron expuestas.

A Tomás Jaramillo, principalmente, le molestó que Vélez se hubiera referido a la amistad que los unió desde 2008 como a una “relación social ocasional”. Tanto él como su padre sostienen que el hoy Superintendente era un visitante asiduo de su finca en Tenjo y que participó en Bogotá y en la finca Las Palmas de Jericó, Antioquia, en varios almuerzos y fiestas en compañía de su esposa. Ya en diciembre de 2012, Dinero había llamado la atención sobre las consecuencias que podrían tener para el Superintendente sus relaciones personales con algunos de los protagonistas del escándalo.

En la reunión de familia fue considerada la posibilidad de difundir fotos de esas reuniones, pero tanto Rodrigo Jaramillo como su esposa María Cecilia Botero Restrepo consideraron que el asunto no solo podría resultar contraproducente y de mal gusto, sino que contrariaba su lema de no hacer públicas las diferencias con quienes alguna vez fueron sus amigos.

El Superintendente dice que si bien fue amigo de Tomás Jaramillo, solo sostuvo con él una reunión en octubre de 2012 cuando fue invitado a en Bogotá a tomar un whisky, al calor del cual los Jaramillo le participaron que enfrentaban una grave situación de iliquidez y que temían por la suerte de la comisionista. “Después de la reunión, lo primero que hice fue informar del asunto a mis superiores en el Gobierno. Hablé con la consejera presidencial Catalina Crane, que en ese momento representaba el conducto regular inmediato para acceder al Presidente”.

El pugilato con Granados

Al margen de las partes comprometidas en la controversia, Dinero encontró entre los documentos oficiales del caso InterBolsa una carta en la que, desde comienzos de año, el abogado Jaime Lombana dejaba ver su malestar por la manera como la Superintendencia estaba manejando el caso del Fondo Premium de Curazao y, muy especialmente, por el amplio juego que su colega Jaime Granados –con quien sostiene permanentes controversias– ha tenido en el caso.

En uno de los apartes de la carta se lee: “Es de conocimiento público que a PCAF (Fondo Premium Capítal Appreciation Fund) le solicitan retiros masivos como consecuencia de la intervención de InterBolsa Sociedad Comisionista de Bolsa. El Sr. Erik Anderson contrata al abogado Jaime Granados para que represente a los adherentes del fondo, cuando sin duda el mismo Erick Anderson debe ser investigado e imputado por la Fiscalía General para que establezca si conocía y aportó sobre las irregularidades que se venían presentando (…)”.

Al pedirle al Superintendente su intervención para cambiar el esquema de administración del fondo en beneficio de los inversionistas defraudados, Lombana pedía ponerles freno a los manejos de Granados que, según él, fue quien llevó como como representante legal de Valores Incorporados y Rentafolio Burstátil –dueñas del fondo–, a Nelson Amaya, pariente del Superintendente Financiero, para provocar el impedimento de este.

“(Ahora) –agrega el documento– el Sr. Erik Anderson también contrata a Edex Recovery Solutions, como ‘Investment Advisor’ (…) y extrañamente el señor Nelson Amaya renuncia sin que tengamos conocimiento del alcance de su gestión por el tiempo que estuvo al frente del fondo”.

El tema viene a colación porque las reuniones del superintendente Vélez con personas vinculadas a la administración del Fondo también ha sido cuestionada por quienes consideran que podrían poner en entredicho la imparcialidad a la que está obligado.

El esquema de administración del fondo se mantiene y el superintendente Vélez tampoco ha negado que se haya reunido con Granados y con otras personas enteradas del caso Premium, pero ha dicho que es su obligación hacerlo como parte de la búsqueda de soporte para las decisiones que debe seguir tomando. En su ‘bitácora’ de reuniones aparece un encuentro con Granados el 21 de noviembre de 2012. Ese día, según los registros oficiales, el organismo de vigilancia tuvo conocimiento de que Valores Incorporados y Rentafolio Burstátil, compañías de Tomás Jaramillo y de Juan Carlos Ortiz, eran gestoras y dueñas del Fondo.

Si no cambian las previsiones, en la segunda quincena de agosto se reanudarán las audiencias judiciales sobre el caso InterBolsa y será en ese escenario en el que se conocerá si el ‘Super’ será uno de los “objetivos” de los Jaramillo.

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