| 6/26/2014 5:00:00 AM

Ni piratas ni corsarios

Quince empresas embarcadas en la aventura de captar recursos del público para financiar sus proyectos se estrellaron contra un muro de control estatal cada vez más sólido.

En las aguas del mercado financiero navegan piratas y corsarios. Los primeros idean cada cierto tiempo modelos de captación paralela de recursos para financiar, por fuera de las reglas del sistema, concesionarios y contratistas de obra pública o para apalancar sus propios proyectos. Los corsarios son empresas que hacen uso abusivo de las autorizaciones legales para promover incluso firmas internacionales que capturan recursos del público sin pasar por el cedazo de los órganos de regulación y vigilancia.

Sin embargo, durante los últimos cuatro años las naves de quince de ellos ‘encallaron’ luego de ser detectadas por los faros de la Superintendencia Financiera. Entre esas quince operadoras ilegales del mercado financiero hay también entidades que pretendieron crear una franja paralela en el mercado asegurador.

La lista de los sancionados durante este lapso la encabeza la sociedad Valores Urbanos S.A.S., que en un periodo de cien días recaudó recursos del público por más de $19.500 millones. Para ello formó un tándem con la compañía Valores & Banca de Inversión S.A.S., encargada de la gestión comercial a través de contratos denominados de cesión de derechos económicos y pactos de retroventa. Los investigadores comprobaron que las actividades financieras eran ajenas por completo al objeto social de Valores Urbanos.

La captación ilegal se configura cuando el pasivo de la empresa que incurre en ella está compuesto por obligaciones con más de veinte personas o cuando el número total de esas obligaciones supera las cincuenta. Según las normas vigentes, tales obligaciones pueden haber sido contraídas legalmente o por interpuesta persona, como ocurrió en la relación entre Valores Urbanos y Valores & Banca.

En la nómina de castigados figura también Luz Ángela Santos Espejo, propietaria de Trilladoras de Maíz San Fernando, que pareció haber roto sus relaciones con los bancos para financiarse a expensas de la captación. En su caso, la Superfinanciera ordenó a los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de fondos de pensiones voluntarias y sociedades administradoras de inversión, la congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios, pensiones voluntarias y participaciones en carteras colectivas de los cuales fue titular la señora Santos.

Con la misma férula fue castigada la firma foránea Ironfx Global Limited (IronFx), domiciliada en la ciudad de Limasol, Chipre. Si bien tenía autorización para operar en Colombia mediante contratos de corresponsalía, la entidad la excedió al dedicarse a hacer promoción y publicidad de sus productos en el país a través de personal contratado localmente.

A esta relación se suman varias “mesas de dinero” que han ido quedando en evidencia a medida que se hacen más potentes las luces de los faros de vigilancia.

Los frenados en seco

El artículo 35 de la Constitución establece que las actividades financieras, bursátiles y de seguros deben ser vigiladas por el Estado. En cumplimiento de ese mandato, la Superfinanciera ha suspendido desde enero de 2011 hasta la fecha a quince empresas que pretendieron establecer actividades paralelas en esos ámbitos.

Además de las tres mencionadas, sus medidas cobijaron a Factor Group de Colombia S.A., Sinapsis Trading Colombia S.A.S, Generadores de Valor S.A. Value Markers, Gestión Patrimonial S.A., Rentafolio Burstátil y Financiero, Link Global, Torres Cortés S.A., Global Management Resources y Planeación Financiera Integral y Ereisa S.A.S.
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