| 6/26/2014 5:00:00 AM

El fin del letargo

La intervención de Fidupetrol, las sanciones a los socios de Torres Cortés y de InterBolsa, y la vecindad de fallos penales parecen marcar una nueva era en la lucha del Estado contra quienes ponen en peligro la confianza en el mercado de valores. ¿Y las víctimas?

Víctor Maldonado, el empresario de mayor tradición entre los involucrados en el desplome del fondo Premium de Curazao, aceptó reparar a las víctimas del siniestro financiero con el monto de su participación en la compañía Archie’s Trattoria, valorada por expertos de la banca de inversión El Nogal en un rango entre $38.300 millones y $56.600 millones. Sin embargo, antes de estampar su firma en el memorando de entendimiento, intentó en vano imponer una última condición: los inversionistas defraudados recibirían su dinero, pero se comprometerían a no constituirse en parte dentro del proceso penal que está en curso.

La exigencia resultaba inaceptable en momentos en que el país advierte un nuevo despertar de los órganos de vigilancia del Estado, que en tiempos recientes estuvieron amenazados por el descrédito cuando se dio el florecimiento y colapso de DMG y una estela de pirámides de similar laya o se vieron comprometidos en debates jurídicos y éticos por su presunta reacción tardía ante los juegos especulativos que dieron al traste con InterBolsa y otros operadores del mercado de valores y con los intereses de cientos de inversionistas.

La misma semana en que Maldonado firmó el memorando de entendimiento, varias decisiones de fondo corroboraron que existe una nueva dinámica en el control y el castigo para quienes traicionan la confianza del público en el mercado de valores. La Superintendencia de Sociedades impuso la máxima sanción de inhabilidad comercial a las cabezas de InterBolsa. La Superintendencia Financiera decretó también los más altos castigos administrativos a los socios y al representante legal de la firma Torres Cortés S.A., decana de las comisionistas de la Bolsa Mercantil, mientras la Fiscalía anunciaba una imputación de cargos contra ellos por administración desleal de dineros de sus clientes, lavado de activos y otras conductas criminales.

Por esos mismos días la Superfinanciera intervino a la Fiduciaria Petrolera S.A. (Fidupetrol), tras obligarla a realizar provisiones por $16.000 millones (40% por encima de su patrimonio) para cumplir los fallos de responsabilidad fiscal impartidos por la Contraloría General de la República, en relación con un descalabro en el manejo de las regalías de Meta y Casanare, en el que también resultaron implicadas Cosacol y Carbones Likuen.

Para poner fin a las treguas forzadas por las dilaciones en los procesos judiciales, la Procuraduría, simultáneamente, le pidió a un juez penal de Pereira condenar a prisión a los socios de Su Inversión, varios de los cuales se fueron a disfrutar de un exilio dorado tras esquilmar millonarios recursos confiados por sus clientes, entre ellos socios y empleados de los dos más exclusivos clubes sociales de aquella ciudad.

Fuerza disuasiva


La firma de Víctor Maldonado en el memorando de entendimiento en el caso del Fondo Premium sirve al mismo tiempo de ejemplo para demostrar que esa nueva dinámica es visible en los procesos relacionados con planes de desmonte o liquidación, fuentes principales para el resarcimiento de los inversionistas defraudados. Aunque al cierre de esta edición la Asamblea de inversionistas de Premium decidía si acogía o no las ofertas de Maldonado y de sus viejos socios, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, sus miembros encontraban en el memorando –producido al cabo de más de un año de complejas negociaciones– una base firme para recibir el dinero ofrecido o esperar la liquidación de las empresas intervenidas por la Supersociedades a los gestores del Fondo.

De acuerdo con cifras consolidadas de la Superintendencia de Sociedades, estos procesos de desmonte y liquidación, en los que el Estado ha invertido un poco más de $43.970 millones entre 2009 y 2012, tienden ahora a ser más expeditos y menos costosos. A ello contribuye la depurada calidad de los liquidadores y la articulación de esfuerzos interinstitucionales. Por ejemplo, la expectativa de negociar beneficios judiciales con la Fiscalía hace que los implicados en escándalos de este tipo piensen seriamente en resarcir de la mejor manera posible a sus víctimas.

La Superintendencia Financiera ha logrado imprimirle a la tarea de supervisión un doble efecto represivo y disuasivo que ha hecho que la mayoría de las doce entidades que han salido del mercado bursátil por anomalías hayan decidido voluntariamente la cancelación de sus licencias o su inactivación. Las sociedades comisionistas de la Bolsa de Valores de Colombia que han tomado ese camino son Asvalores, Servibolsa, Acciones de Colombia y Celfin Capital S.A. Lo propio han hecho durante la gestión del actual superintendente Financiero, Gerardo Hernández, ocho comisionistas de la Bolsa Mercantil de Colombia.

Ya son quince las entidades comisionistas o captadoras ilegales que han entrado a planes de desmonte en la Superintendencia de Sociedades. La lista comienza con Treasures CI. S.A.S. y termina parcialmente con Link Global (ver recuadro).

La hora de las víctimas

Pero aunque su marasmo del pasado parece haberse disipado, las víctimas de esquemas Ponzi y otros métodos de captación ilegal aún esperan justicia. Si bien ya se han producido fallos –forzados en gran medida por la opinión– en casos aberrantes como el de DMG, en los demás procesos administrativos marchan mucho más ágilmente que los judiciales, únicos capaces de enviar a la cárcel a los perpetradores.

Y esa verdad aplica tanto para las investigaciones relacionadas con la proliferación de pirámides, sin distingo de estratos, como para aquellas que versan sobre otros esquemas de negocios desquiciados en los que también estuvieron comprometidos ingentes recursos del público. Algunos de los más representativos son los que tienen que ver con operaciones de libranzas y factoring. Para no ir más lejos, Dinero denunció recientemente que David Wigoda, expresidente de Factor Group, se habría marchado del país sin responder a cerca de 200 inversionistas que perdieron más de $150.000 millones cuando sus operaciones terminaron siniestradas (ver artículo ¿Refugio en Tel Aviv?, edición 447).

Por eso, hoy crece la expectativa respecto a la que podría ser la primera sentencia en firme contra comisionistas y captadores ilegales de “cuello blanco”. La protagonista de la historia es Su Inversión (ver artículo página 34), una compañía creada en 2004 por una de las más prestantes familias de la sociedad pereirana. La sentencia podría ayudar a convencer a la sociedad de que los efectos del letargo que parecía vivir el Estado se están disipando, pero que es necesario que las víctimas también tengan respuesta rápida y efectiva.

***

Desmonte

La Superintendencia de Sociedades ha impulsado planes de desmonte contra quince empresas y una persona natural. Esta es la relación de todas ellas:

Teasures C.I. S.A.S.; Buenaventura Medio Ambiente S.A.; Corfiamérica; Servicio y Medio Ambiente S.A.; Industrias Metálicas Floreña; Visa Ingeniería S.A.; Ensacar S.A.; Valores y Banca; Valores Urbanos S.A.; Factor Group Colombia; Servidocencia; Más Valor S.A., Findecaribe Ltda.; Link Global y Wilson Giovanny Obando Orozco.
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