| 5/2/2014 7:00:00 AM

Operación oro blanco

Esta es la historia de una de las exportadoras de oro más grande del país, cuyos directivos podrían ir a juicio por posible lavado, falsedad y fraude fiscal.

La pregunta, “¿Necesita dinero?”, impresa en letras de molde rojas junto a la razón social de la empresa colombiana Goldex, resultaba sugestiva para los habitantes de la ciudad chilena de Concepción, poco acostumbrados a que las casas de empeño les prestaran sumas importantes con la “consignación” de joyas y alhajas de oro. Mucho más, cuando no estaban obligados a dar ninguna información sobre el origen de la mercancía y lo único que tenían que hacer era firmar un contrato de retroventa con amplios plazos.

El negocio se inició en 2005 y seis años después se hacía extensivo a la mayoría de las sucursales en Santiago, Arica y Punta Arenas. Luego terminó por llamar la atención de la Dirección de Crédito Prendario y de la Fiscalía del país austral. La primera no encontraba que la compañía, creada originalmente para vender oro, estuviera habilitada también para ejercer actividades económicas de otro carácter que, adicionalmente, bordeaban los límites de la usura. A la segunda se le antojaba extraño que cerca de 90% de los clientes no regresara a recuperar sus depósitos.

En mayo de 2011, cuando el volumen de las operaciones reportadas crecía, aunque la concurrencia de los clientes no parecía muy visible, un fiscal de la Unidad de Lavado de Dinero ordenó el allanamiento de tres sucursales y se incautó de las prendas. Pero se enfrentaba a un problema: probar que un posible blanqueo de capitales estuviera asociado a operaciones de narcotráfico. A diferencia de lo que ocurre en Colombia, donde las modalidades de lavado identificadas en la legislación tienen una amplia gama de delitos subyacentes, la legislación chilena solo la asocia al tráfico de estupefacientes.

Las dudas parecían disiparse rápidamente. Goldex presentó sus estados contables, aportó documentos sobre la ausencia de antecedentes o requerimientos judiciales para sus socios y paz y salvos en asuntos tributarios. Pero las indagaciones, que parecían ir a reposar a un archivo, retomaron interés a comienzos de 2012, en el mismo momento en que la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia le entregaron a la Fiscalía evidencia sobre posibles blanqueo, falsedad y evasión fiscal por parte de C.I. Goldex S.A.S., matriz de la compañía en Medellín.

La evidencia señalaba que la comercializadora, que hacía exportaciones anuales por US$250 millones, en promedio, posiblemente tendría por lo menos tres versiones distintas de sus estados contables, no dispondría de información confiable sobre sus proveedores y presentaría en sus balances inconsistencias de bulto entre sus utilidades operacionales, gastos y pérdidas.

A partir de entonces los dos países decidieron hacer causa común e iniciaron un fluido intercambio de información para identificar los boquetes por los que se habrían colado actividades ilícitas, tales como el reporte de proveedores inexistentes en beneficio del posible blanqueo de activos.

Monitoreo voluntario

En cuanto la Fiscalía colombiana inició sus indagaciones, Gabriel Jaime Vásquez Guerrero, fundador de Goldex, buscó la asesoría jurídica del abogado penalista y catedrático experto en criminalística Gerardo Barbosa y le formuló una petición: que le ofreciera en nombre suyo a la Fiscalía el establecimiento de una vigilancia especial sobre todas las operaciones de la firma.

Ese “monitoreo voluntario” incluiría la instalación de cámaras de video en los puntos de compra del oro, la preparación de fichas digitales de los proveedores e incluso la entrega de reportes periódicos de los brokers utilizados en Estados Unidos, principal destino exportador. Vásquez proponía también que la Fiscalía recibiera de primera mano los resultados de los controles a los que este tipo de operaciones son sometidos por parte de las agencias norteamericanas.

Con el propósito de aclarar suficientemente las dudas, en septiembre de 2012, luego de que sus investigadores examinaran los documentos disponibles, la Unidad contra el Lavado de Activos y contra la Extinción de Dominio decidió citar a interrogatorio a Vásquez y a su socio y representante legal de la empresa, John Uber Hernández Santa, lo mismo que otros ejecutivos responsables de las áreas de contabilidad y la auditoría.

Para ese momento, la comercializadora internacional ya tenía en operación el primer banco de oro del país, ofrecido a los productores, sus clientes, con un atractivo especial: paliar los efectos del impuesto de 1% a las ventas al exterior y encontrar nuevos nichos de mercado. También había potenciado su planta fundidora y creado una reforma a la imagen corporativa con un lema que para los investigadores debe ir más allá de las palabras: “Hay cosas que pesan más que el oro: transparencia, servicio, seguridad…”.

La prueba ácida

Los interrogatorios tomaron cuatro días y se convirtieron en una prueba ácida. Con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, de la Uiaf y de la Dian, la Fiscalía ya tiene prácticamente concluida la indagación preliminar y abona el camino para decidir entre una posible audiencia de imputación de cargos o el archivo definitivo de las diligencias.

Los proveedores del oro de la compañía que, contados parcialmente llegaban a 1.146, se encuentran en su mayoría en áreas donde la crítica situación de orden público hace difícil para autoridades judiciales y administrativas ir a buscarlos. Una búsqueda al azar dio como resultado el que al menos 75 de ellos no existen como personas naturales y jurídicas. La zona de abastecimiento del metal es, principalmente, el nordeste antioqueño, pero en la lista figuran también municipios cuyos alcaldes, según un informe de la Contraloría, no han tenido empacho en reportar yacimientos y producciones inexistentes.

El monto del presunto blanqueo de activos no ha sido oficialmente cuantificado, pero investigadores de la Unidad de Lavado consideran que podría superar los $1,7 billones, mientras que la evasión de la renta minera equivaldría a las exportaciones de todo un año. Paz y salvos en mano, Hernández dice que la hipótesis de lavado jamás podrá ser confirmada porque no existe y que la compañía está al día en el pago de las regalías y en todos los conceptos tributarios.

Las autoridades chilenas están a la espera de las conclusiones de la investigación y de la confirmación de enlaces que revelarían que una parte de las operaciones que están bajo el escrutinio de la justicia pudo haberse cumplido en territorio suyo.

Cifras bajo lupa

Un informe rendido por peritos oficiales de Medellín hace ya seis meses estima que la evasión de impuestos que sería imputable a la comercializadora internacional llegaba en esa época a los $92.000 millones, en tanto el lavado se aproximaría a los $50.000 millones. En 2012, Goldex registraba activos anuales por $61.000 millones, un patrimonio de $12.000 millones y utilidades anuales por $2.300 millones. Los investigadores en Bogotá revaluaron las cifras pues las consideran parte de un posible plan de ocultamiento de las presuntas faltas cometidas.

La compañía replica que entre 2010 y 2013 pagó en general al Estado colombiano $82.865.444.008, de los cuales $66.324.463.939 corresponden a regalías. Lo demás fue destinado al pago de todos los impuestos.

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“Nos sometimos voluntariamente a la investigación de la Fiscalía”

¿Cuál es la razón para que la Fiscalía indague por un presunto lavado de activos a la compañía más importante del sector exportador de oro?

La Fiscalía está averiguando por diferentes temas en todo el sector minero y comercializador; no solo se ha averiguado por Goldex, que además vale la pena aclarar no es la primera comercializadora del país. Las averiguaciones de la Fiscalía inician porque a ellos les llegó una denuncia anónima y es su obligación, como órgano de investigación, darle curso a la misma. Nosotros nos enteramos de la situación y decidimos ir voluntariamente y presentarnos ante ellos, abrir nuestras oficinas y darles toda la información que consideraron necesaria. Hace ocho meses la Fiscalía estuvo en nuestras oficinas. Durante 16 días varios investigadores recopilaron toda la información de la empresa y nos escucharon.

 ¿Qué responde a la presunción de blanqueo?

 Lo primero es aclarar que ni  Goldex ni sus ejecutivos hemos tenido ningún tipo de contacto con ningún grupo ilegal. Pero lo más importante es indicar que no es cierto que las indagaciones de la Fiscalía estén buscando esas supuestas relaciones. Lo que se está investigando es un presunto lavado a través de supuestas exportaciones ficticias, nunca una relación con grupos ilegales.

 A la Fiscalía le entregamos la documentación completa de todas y cada una de las más de mil exportaciones que hemos realizado desde el inicio de nuestra fundición, para que el ente investigador pueda verificar que nunca ha habido exportaciones ficticias ni mucho menos lavado de activos.

 Somos la única empresa del sector con todos sus procesos certificados bajo la norma ISO 9001. Desde 2004 Goldex implementó el Sipla (Sistema de Prevención de Lavado de Activos) y en 2012 fue ampliado con el Sarlaft (Sistema de Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo) para evitar la penetración de dineros provenientes de actividades delictivas.

¿Qué cuentas pendientes tienen en Chile?

Ninguna. Hace seis años fui a Chile a pedir autorización para abrir una compraventa. Necesitaba abrir una cuenta y el Banco de Santander me pidió antecedentes de pago de impuestos. Como era nuevo en el país, ofrecí los balances de C.I. Goldex S.A.S. como sorporte y la entidad los aceptó. En vista de eso, otros inversionistas colombianos y chilenos crearon once sociedades que en la actualidad cobijan a 90 compraventas y me pidieron que les permitiera registrar el nombre de fantasía Goldex, no la razón social. Como eso les permitía abrir negocios privados de compraventa con pacto de retroventa, se comprometieron a venderme a cambio el excedente del oro que les quedara. Dos de esos negocios fueron allanados, pero no tienen nada que ver con C.I. Goldex S.A.S., ni conmigo como persona natural.
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