| 1/23/2014 6:00:00 AM

Contra tirios y troyanos

Colombia acaba de conseguir los primeros embargos de dineros de Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, en el exterior. Lo hizo en medio de intentos de sabotaje a la investigación.

En vísperas de la pasada Navidad, los hackers arremetieron contra los sistemas de la Contraloría y lanzaron un ejército de ‘troyanos’ –uno de los virus más conocidos en el mundo de los computadores– con una misión específica: destruir el mayor número de archivos relacionados con el expediente del caso Saludcoop.

El ataque se produjo en momentos en que el órgano de control consolidaba elementos probatorios con base en los cuales deberá ser resuelto en breve, en instancia definitiva, el juicio de responsabilidad fiscal seguido contra Carlos Alberto Palacino, expresidente de un conglomerado desde el cual fue lanzado el mayor zarpazo conocido hasta hoy contra los recursos públicos de la salud.

Los especialistas que custodian la información establecieron que algunos de los intentos por destruir los archivos se originaron en “IPs maliciosas” desde China, aunque advirtieron que quienes los urdieron bien pudieron haber actuado desde Bogotá o desde Estados Unidos según las primeras evidencias. “Los responsables de la agresión pudieron haberse ‘logueado’ en el país o en Miami y contratar una de las tantas redes que operan el mundo de la virtualidad”, dijo un ingeniero que ha estado al tanto de los procedimientos.

Las maniobras informáticas representan apenas uno de los intentos de sabotaje lanzados por quienes buscan detener la actuación del organismo de control, conseguir que sea levantada la intervención ordenada por el Gobierno contra Saludcoop y librar a Palacino y a varios de sus ejecutivos de confianza de pagar perjuicios fiscales por $1,4 billones. Recientemente, la contralora Sandra Morelli denunció ante el Procurador General de la Nación una presunta manipulación y ocultamiento de información por parte de los dos últimos agentes interventores.

Sin embargo, esas maniobras no impidieron que la investigación trascendiera las fronteras e hiciera valer, por primera vez en la historia reciente del país, los mecanismos de cooperación internacional para iniciar el proceso de recuperación de los activos que los dueños de Saludcoop movieron hacia el exterior.

Apoyada en la Convención Americana contra la Corrupción, aprobada en 1996, la Contraloría consiguió que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador activara los mecanismos para embargar todos los recursos invertidos por Palacino en ese país, la mayoría de los cuales están en cabeza de la sociedad Cruz Blanca.

La Corte ecuatoriana que, al igual que la Contraloría de Colombia, está reconocida en el escenario interamericano como autoridad central para perseguir los bienes de los corruptos, dio traslado a la Fiscalía de Quito y esta, a instancias de un juez de control de garantías, hizo ya efectivos los embargos. Su monto exacto no ha sido establecido todavía, pero los cálculos de las autoridades de ambos países los sitúan provisionalmente en US$1,15 millones; es decir, cerca de $2.300 millones.

Los esfuerzos transnacionales amparados en la Convención de la OEA y en la Convención de Naciones Unidas contra La Corrupción se dirigirán ahora hacia otras latitudes. El rastreo del dinero podría extenderse a Estados Unidos, México, Chile, República Dominicana e, incluso, Afganistán, a donde fueron a parar recursos movidos a través de la sociedad Heon On Line, encargada de producir un aplicativo en el área de informática para el sector salud conocido como Seven.

En el caso de Afganistán, la intención de los investigadores es establecer si el aplicativo fue comercializado allí o si se trató de operaciones de “puenteo de dinero” a través de bancos de Kabul. “Estas maniobras de hacer transacciones electrónicas de dinero a destinos insospechados como Afganistán, donde la plata solo se queda temporalmente para ganar intereses, es usual entre quienes buscan ocultar su rastro, a como dé lugar”, dijo uno de los expertos que hace parte del equipo de investigación.

El esfuerzo hecho en este caso por el Estado colombiano es el más avanzado en el terreno de la persecución internacional de recursos esquilmados al erario. De lejos todavía le siguen los desplegados por la Fiscalía para establecer el destino de los dineros públicos cuya suerte fue jugada en el carrusel de la contratación de Bogotá. En este caso existe información concreta sobre sociedades en las que tenían intereses Emilio Tapia, zar de la contratación y actual testigo estrella del caso, y sus aliados en Miami. Ninguno de ellos ha sido tocado pese a que las denuncias –periodísticas en su mayoría– datan de 2010.

La investigación sobre Saludcoop se ha abierto paso pese a los ‘tirios’ que buscan detener las pesquisas y a los ‘troyanos’ que pretenden destruir las pruebas.

Liderazgo en Gafisud

El país podría estar en un momento inmejorable si se decidiera a perseguir a fondo el lavado de activos asociado, no ya exclusivamente al narcotráfico, sino también a la corrupción. De hecho, acaba de ser exaltado a la presidencia del Gafisud, una organización intergubernamental regional que agrupa once países que en 2000 decidieron hacer causa común para combatir el fenómeno.

La presidencia pro tempore ya fue asumida por Luis Edmundo Suárez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) del Ministerio de Hacienda. Su primera tarea es hacer cumplir las 40 recomendaciones que constituyen la hoja de ruta de una cruzada contra estos delitos.

Entre sus aliados han comenzado a aparecer Estados que hasta hace poco se mostraban renuentes a cooperar con esa cruzada. A Nicaragua, por ejemplo, ya le fue aceptada la solicitud de membresía y está en estudio la presentada por Cuba.

A las grandes ligas

Ante los logros obtenidos, funcionarios de la Oficina de la Cooperación Internacional de la Contraloría fueron invitados a hacer parte de la comisión internacional que en febrero próximo deberá preparar el Manual que hará operativa la Propuesta de Basilea sobre lavado de activos.

La reunión se realizará en la ciudad suiza de Lausana y a ella asistirán, además de los anfitriones y de los emisarios colombianos, representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Perú.

Los redactores del Manual definirán los criterios para identificar la trazabilidad para seguir la huella y rescatar los recursos que se fueron a las alforjas de funcionarios venales y de particulares cómplices.
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