| 8/19/2011 11:40:00 AM

El ventilador de Inocencio

Inocencio Meléndez, ex director técnico del IDU, anuncia desde la cárcel que están por abrirse nuevos capítulos en el escándalo de la contratación en Bogotá. Doce concejales en lista de espera.

En el frío comedor que se encuentra al final del pasillo en el que se distribuyen las celdas de detenidos en el DAS, Inocencio Meléndez Julio trabaja en la redacción de un libro sobre las vulnerabilidades del sistema de contratación pública en Colombia. Por estos días redacta un capítulo que ha titulado La cláusula Nule, en el que describe –casi en tono de apología– los mecanismos empleados por el grupo económico que hacía multimillonarios contratos en varias zonas del país y propone una fórmula que, según él, impedirá que en el futuro prosperen otros asaltos similares al fisco.

El ex director técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) combina esa actividad con la lectura de documentos de la administración distrital que alguna vez tuvieron el mote de “confidencial” y con la revisión de expedientes penales, disciplinarios y fiscales del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, del que dice se ha contado apenas una mínima parte de la historia.

La Corte Suprema de Justicia acaba de rechazar una solicitud de los Nule que buscaban ser oídos por su Sala Plena, y puso en duda su calidad de testigos creíbles. Entonces Meléndez, que ya aceptó cargos por cuatro delitos, aspira sacar mayores réditos a su colaboración con la justicia. Ya ha conversado cerca de 60 horas con los investigadores de la Corte dentro del proceso seguido al senador Iván Moreno y ha entregado información copiosa que está siendo verificada por los organismos de control.

Pero antes de hacer algún anticipo, se levanta de su silla y comienza a hablar en un tono alto, como si estuviera haciendo la simulación de una audiencia. “Estoy preso porque el señor Álvaro Dávila –uno de los mayores gestores y comisionistas de la contratación– les supo vender a los medios una historia mentirosa”. Luego, sin dejar de caminar en círculos, reclama en el mismo tono el derecho a que se rectifiquen versiones episódicas que algunos medios han publicado de él: “Jamás me he puesto una corbata Ferragamo… No tengo ninguna mansión en La Vega, sino una finca de una fanegada… en ella, casi siempre, está mi papá, que sufre problemas pulmonares y debe estar conectado las 24 horas a un tanque de oxígeno… y tuve que admitir delitos porque no tengo la plata necesaria para pagar un abogado que me lleve victorioso a un juicio…”

¿Qué le ofrece a la justicia para conseguir los beneficios judiciales a los que está aspirando? Espera revelar en los estrados judiciales cómo en abril de 2009, antes de que estallara el escándalo, Liliana Pardo, entonces directora del IDU, se reunió con el alcalde Samuel Moreno para comentarle que Dávila, Emilio Tapia y Julio Gómez –que ya se autoproclamaban zares de la contratación– la presionaban para imponer las condiciones de la adjudicación de los contratos y se presentaban como amigos y emisarios directos del mandatario. “El Alcalde la oyó –recuerda– pero no musitó palabra alguna”.

Por lo visto, prepara también un dossier sobre la relación que Néstor Eugenio Ramírez, ex director del IDU y de la Empresa de Renovación Urbana, tenía con los contratistas y cómo accedía a sus peticiones y tenía que pedirles permiso hasta para nombrar a sus más cercanos colaboradores. “El señor Tapia fue el que autorizó a Ramírez para llevar a la secretaría general del IDU a Héctor Jaime Pinilla”, el mismo funcionario que, recientemente, antes de renunciar a su cargo, depositó una rosa junto a una obra inconclusa en señal de réquiem por un contrato que había sido tumbado por un juez de tutela.

Asegura, al regresar a la mesa, que el país tiene derecho a ver cómo fue que el Fiscal de la época y un ex magistrado de la Corte arreglaron en una oficina del Centro Ejecutivo Castilla, en el norte de Bogotá, las condiciones para la entrega de los Nule, cuando estos se encontraban en Miami y en Panamá, y dudaban sobre si comparecer ante la justicia o refugiarse en Italia”. Cuenta que él estuvo en el edificio donde se realizaban las reuniones y que le consta que allí fue donde se decidió que el entonces fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, viajaría al exterior para hablar con los Nule y acordar los linderos de su testimonio.

“Los Nule –cuenta– tenían razones para estar confiados y, si su interlocutor era el propio Fiscal, no sospechaban que serían sometidos al escrutinio que hoy enfrentan ante la justicia. Sin embargo, conservan todavía algunas cartas. Por ejemplo, dice que uno de los funcionarios que llegó para ponerse al frente del proceso después de que la Fiscal actual removió de su cargo a Germán Pabón, estuvo con ellos de rumba en Miami antes de su viaje a Colombia y celebró el acuerdo logrado”, dice.

Interés cuánto valés

Hay un capítulo que, de confirmarse, sería mucho más sustancioso. El hombre que ostenta la doble condición de sindicado y testigo espera contar quiénes son los 12 concejales de Bogotá que habrían preparado el terreno para que los contratos de reparación de la malla vial de la ciudad se convirtieran en una suerte de feudo de intereses de funcionarios y contratistas que se distribuían dinero a manos llenas.

Su anuncio coincidió con una visita secreta de investigadores de la Contraloría Distrital al Concejo, practicada entre finales de julio y comienzos de agosto. Los agentes del organismo de control pidieron la entrega de las actas de las sesiones correspondientes a la aprobación del Plan de Desarrollo de 2008 y de uno de sus componentes clave: la autorización a la administración distrital para el uso de vigencias futuras con las que fueron adicionados los valores de los contratos que serían piedras del escándalo.

Según fuentes del Concejo, los representantes de la Contraloría tomaron copias de las grabaciones de las sesiones en las que fue debatido el proyecto para conocer los términos de las intervenciones de los concejales, con el propósito de cotejarlos con otras evidencias entregadas por los testigos. Y, aunque Dinero conoce el nombre de los cabildantes señalados, prefiere mantenerlos en reserva hasta que las autoridades decidan vincularlos formalmente a algún proceso.

Pero, como el asunto comenzó a trascender en círculos del Concejo, algunos de ellos accedieron a hablar en privado con reporteros de la Revista. Aunque se declararon dispuestos a responder ante cualquier autoridad, negaron al unísono haber aprobado vigencias futuras para favorecer a algunos contratistas. Entre los posibles comprometidos en esta nueva fase del escándalo hay representantes de todas las bancadas políticas del cabildo distrital.

El de los concejales, sin embargo, no es el único capítulo que está por destaparse. Según Meléndez, hay funcionarios del IDU que siguen campantes en sus cargos pese a que tuvieron incluso mayores responsabilidades que él en los procesos de contratación. “No nos digamos mentiras –dice mientras crispa sus puños– la justicia solo investiga a aquellas personas cuyos nombres son mencionados en los medios de comunicación. Este es un proceso político, altamente mediático. No están todos los que son ni son todos los que están”.

Entre las personas a las que ninguna autoridad les ha pedido testimonio están, por ejemplo, Ana María Ospina, subdirectora general corporativa del IDU; Giovanny Arenas Beltrán, subdirector técnico de licitaciones y concursos, y Jesús Manuel Rodríguez, gerente de todos los proyectos relacionados con Transmilenio dentro del IDU.

En febrero de 2009, el concejal Felipe Ríos envió un derecho de petición al IDU en el que preguntó por los nombres de los integrantes del comité técnico que evaluó las licitaciones. La mayoría eran contratistas externos (Libia Hincapié López, Mónica Inés Delgado Ortiz, Sandra Milena Gómez Tovar, Javier Horacio Pachón Aldana y Camilo Ernesto Pieschacón Moreno). Ellos tampoco han sido llamados a rendir cuentas.

En la coyuntura actual, afectada por el debate preelectoral, la información que promete Meléndez y la que llegue a manos de jueces y fiscales puede convertirse en material explosivo. De la seriedad con la que se aborde el caso depende que el asunto se convierta en un ejercicio certero de fiscalización o en una cacería de brujas que pudiera generar sesgos al mapa electoral de Bogotá.

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